La media sanción impulsada por el Gobierno y celebrada por Federico Sturzenegger como una “modernización” del Estado abrió fuertes cuestionamientos desde la oposición, el sector científico y sindicatos. Denuncian que, detrás de la derogación masiva de más de 60 leyes, se habilitan negocios millonarios y se debilitan áreas estratégicas como medios de comunicación, producción pública de medicamentos, energía nuclear y telecomunicaciones.
El Gobierno nacional consiguió en Diputados la media sanción de la denominada Ley Hojarasca, presentada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como una iniciativa destinada a eliminar normas “obsoletas” y reducir burocracia. Sin embargo, distintos sectores políticos, científicos y sindicales advirtieron que el paquete de derogaciones podría abrir la puerta a una profunda pérdida de soberanía en áreas estratégicas.
La iniciativa, aprobada “a paquete cerrado”, elimina más de 60 leyes y ahora deberá ser tratada por el Senado. Entre las normas cuestionadas aparece la derogación de la Ley de Bienes Culturales, sancionada en 2003, que limitaba al 30% la participación de capital extranjero en medios de comunicación y empresas vinculadas a la ciencia, tecnología y defensa.
Desde la oposición denuncian que el verdadero objetivo es facilitar el ingreso de capitales extranjeros y avanzar sobre empresas estatales estratégicas como Arsat, Nucleoeléctrica Argentina, Fadea, Fabricaciones Militares y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
“Está en el plan de este gobierno liquidar empresas estratégicas para la ciencia, la tecnología y la defensa nacional”, advirtió el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
Uno de los focos de mayor preocupación es Arsat. El físico e investigador Diego Hurtado reveló que en las últimas semanas la empresa satelital recibió cinco visitas del Departamento de Estado de Estados Unidos y señaló el interés de la firma Palantir —ligada al magnate Peter Thiel— por el centro de datos de la compañía estatal.
“Palantir está puntualmente interesado en el data center de Arsat, el único del país con certificación internacional para resguardar datos sensibles del Estado nacional”, explicó Hurtado. Según sostuvo, allí se almacenan desde datos financieros hasta información estratégica vinculada a salud y genómica poblacional.
El investigador advirtió además que la derogación de la normativa vigente podría facilitar sociedades con mayoría de capital extranjero sobre activos públicos estratégicos. “Como si fuera un shopping, vienen a ver qué activos tecnológicos se pueden llevar en liquidación”, graficó.
También quedaron bajo cuestionamiento las modificaciones vinculadas a la producción pública de medicamentos. La Ley 26.688, que declaraba de interés nacional la investigación y fabricación estatal de medicamentos, fue eliminada pese a las advertencias de especialistas y laboratorios públicos.
Desde el sector aseguran que la medida afectará el funcionamiento de más de 40 laboratorios públicos nacionales, provinciales y universitarios, además de encarecer medicamentos y debilitar la producción de cannabis medicinal desarrollada por provincias y universidades públicas.
“Lo primero que hicieron fue eliminar la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Ahora vienen por los laboratorios”, denunciaron referentes del área sanitaria.
En paralelo, dirigentes opositores denunciaron que el tratamiento legislativo fue acelerado y sin discusión profunda. El diputado Nicolás Trotta calificó el proceso como una “derogación exprés” y una “cortina de humo”.
“Detrás de leyes aparentemente obsoletas se están derogando normas fundamentales para la producción, la salud y la soberanía del país”, sostuvo.
Otro de los puntos sensibles es la derogación de la ley que declara de interés nacional la explotación del carbón mineral, lo que encendió alarmas en Santa Cruz por el futuro de YCRT y el impacto económico sobre toda la Cuenca Carbonífera.
Mientras tanto, algunas normas sí fueron preservadas tras presiones sectoriales. Entre ellas, la ley que garantiza libre estacionamiento y circulación para legisladores nacionales. La polémica exclusión fue interpretada por críticos del proyecto como una muestra de las prioridades políticas detrás de la iniciativa oficial.
