Con el argumento de la “libertad tarifaria”, el gobierno de Javier Milei eliminó las compensaciones que garantizaban los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer. Aunque el derecho formal sigue vigente, la Casa Rosada se desentiende del financiamiento y traslada el costo a las empresas privadas, en otra señal de retirada estatal frente a sectores especialmente protegidos por ley.
El Gobierno nacional oficializó una nueva retirada del Estado en áreas sensibles de protección social. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei dejó de financiar las compensaciones económicas destinadas a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera del SINTRA y menores con cáncer.
La decisión no elimina formalmente el derecho a viajar sin cargo, garantizado por las leyes 22.431, 26.928 y 27.674. Pero sí desmonta el mecanismo mediante el cual el Estado asumía parte del costo de esa política pública, descargando ahora toda la responsabilidad sobre operadores privados cuyo objetivo central es la rentabilidad.
El argumento oficial se apoya en el nuevo paradigma de desregulación impulsado por el Decreto 883/2024. Según el Ejecutivo, el viejo esquema de subsidios respondía a un contexto de “emergencia” y de “fuerte intervención estatal” que limitaba la libertad de las empresas para fijar tarifas. Bajo la nueva lógica de libre mercado, el Gobierno considera que las compañías ya cuentan con margen suficiente para “internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales”.
Traducido al lenguaje concreto: el Estado se corre y deja que el sistema se autorregule.
La medida vuelve a exhibir el núcleo ideológico del modelo libertario: reducir al mínimo la participación estatal incluso en áreas vinculadas a derechos adquiridos y protección de personas en situación de extrema vulnerabilidad. En lugar de sostener una política pública con financiamiento estatal, la Casa Rosada opta por tercerizar la responsabilidad y confiar en que el mercado absorberá el impacto sin afectar el acceso efectivo al beneficio.
El problema es que la experiencia argentina demuestra que cuando el Estado abandona su rol de garante, los derechos suelen transformarse en trámites cada vez más difíciles de ejercer. Aunque la resolución aclara que la gratuidad “permanece plenamente vigente y exigible frente a los transportistas”, en el sector ya existen antecedentes de demoras, cupos limitados, obstáculos administrativos y conflictos judiciales vinculados a la entrega de pasajes.
La contradicción también resulta evidente: el Gobierno proclama que no elimina derechos, pero al mismo tiempo retira el respaldo económico que ayudaba a sostenerlos. La consecuencia probable es una mayor tensión entre usuarios y empresas, mientras el Estado se limita a observar desde afuera y delega el costo político y financiero en privados.
Para evitar incumplimientos, la resolución instruye a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a mantener los controles y fiscalizaciones. Sin embargo, la decisión abre interrogantes sobre cómo reaccionarán las empresas ante una obligación legal que ya no contará con compensación estatal en un contexto de costos crecientes y liberalización tarifaria.
En definitiva, el mensaje político vuelve a ser claro: el Gobierno considera que asistir, compensar o garantizar derechos mediante financiamiento público constituye una distorsión del mercado. Y en esa lógica, incluso personas con discapacidad, pacientes trasplantados o niños con cáncer quedan subordinados a la ecuación económica de empresas privadas.
