El Centro de Estudios Legales y Sociales advirtió sobre graves irregularidades durante el operativo desplegado frente al Congreso. Denunció disparos de balas de goma a corta y media distancia, lesiones en la cabeza y el rostro, ataques contra trabajadores de prensa y la recolección de casquillos por parte de efectivos para “borrar evidencias”. Catorce personas fueron hospitalizadas y miles recibieron asistencia por heridas, irritación ocular y problemas respiratorios.
La jornada de protesta frente al Congreso dejó, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un preocupante saldo de violencia institucional y prácticas represivas que podrían convertirse en un nuevo antecedente durante el gobierno de Javier Milei.
El organismo cuestionó duramente el operativo desplegado durante varias horas por la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de la Ciudad, y sostuvo que la represión se desarrolló de manera indiscriminada, incluso en lugares donde circulaban vehículos, colectivos, familias y transeúntes.
Para el CELS, la intervención policial no estuvo orientada a responder a agresiones puntuales, sino a disolver la protesta mediante un despliegue sistemático de violencia.
“Registramos disparos a corta y media distancia, en distintos puntos del operativo, y lesiones en zonas sensibles del cuerpo, especialmente en la cabeza y el rostro”, señaló la organización.
Uno de los aspectos más graves denunciados fue que efectivos policiales habrían levantado casquillos de municiones a medida que avanzaban por las calles. Según el CELS, se trató de una maniobra destinada a “borrar evidencias” del accionar represivo.
Hidrantes utilizados como mecanismo de dispersión
Los carros hidrantes tuvieron un papel central durante el operativo. De acuerdo con el relevamiento del CELS, no fueron utilizados únicamente frente a incidentes determinados, sino como una herramienta permanente de desplazamiento y dispersión de los manifestantes.
La situación se agravó por las condiciones climáticas. Durante buena parte de la tarde llovió y la temperatura se ubicó entre los 10 y 14 grados, por lo que miles de personas permanecieron empapadas mientras continuaban los disparos de gases y municiones de goma.
Los hidrantes se desplazaron por Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, Callao, Rivadavia, Lima y Avenida de Mayo. El organismo denunció además que el agua no solo fue utilizada contra los manifestantes, sino también contra colectivos que intentaban circular y automóviles que transitaban por la zona.
Cerca de las 19 se incorporaron los hidrantes de la Policía de la Ciudad, que ingresaron por Santiago del Estero y establecieron un cerco junto a efectivos que disparaban postas de goma.
Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Violencia Institucional del CELS, fue categórica: “Toda la intervención de ayer fue ilegal. Un disparo de bala de goma no puede ir a la cara, un gas no se puede tirar a 10 centímetros de una persona”.
Disparos contra manifestantes y transeúntes
El CELS registró el uso constante de gases lacrimógenos y postas de goma durante la jornada. Según su informe, los gases comenzaron a ser lanzados desde los primeros momentos hacia manifestantes ubicados en la plaza y también hacia sectores donde funcionaban puestos de comida.
A las 18, el operativo tuvo una nueva escalada, con la actuación coordinada de las fuerzas federales. En distintos sectores se produjeron disparos y detenciones.
Cerca de las 18.41, Gendarmería y Prefectura avanzaron sobre Rivadavia utilizando pistolas lanzagases. En ese sector fue detenido un hombre que presentaba una herida provocada por una posta de goma en el pómulo.
Para entonces, ya se habían documentado varias lesiones en el rostro.
Poco después se sumó la Policía de la Ciudad, con escopetas y carros hidrantes utilizados para cerrar el paso y desplazar a quienes permanecían en la zona.
La situación continuó escalando hasta cerca de las 20, cuando la protesta comenzó a desplazarse hacia Plaza de Mayo.
Según el CELS, en la zona de la calle Piedras efectivos de la Policía Federal efectuaron disparos con escopetas pese a que el tránsito permanecía habilitado y había familias y transeúntes circulando por las veredas.
El organismo sostuvo que escenas similares se produjeron en calles cercanas al Congreso, donde efectivos de Gendarmería realizaron disparos que, según su denuncia, no estuvieron dirigidos exclusivamente contra manifestantes.
La prensa, nuevamente en la mira
Los trabajadores de prensa también fueron blanco de la represión.
El CELS señaló que agentes de Prefectura lanzaron gases contra fotógrafos que cubrían una detención y que, alrededor de las 19.07, las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar postas de goma hacia el sector donde se encontraba el móvil del canal C5N.
En medio de las corridas, una fotógrafa quedó tendida en el suelo con un fuerte sangrado y debió ser trasladada al Hospital Argerich con traumatismo de cráneo y sangrado de oído.
El saldo sanitario fue considerable: 14 personas fueron hospitalizadas, mientras que miles recibieron asistencia en las postas sanitarias por impactos de municiones de goma, irritación ocular y dificultades respiratorias.
29 detenidos y una polémica acusación
La represión también terminó con numerosas detenciones.
A las 23.45 se contabilizaban 29 personas detenidas: ocho por la Policía de la Ciudad y 21 por las fuerzas federales. Todas quedaron a disposición de la Justicia porteña.
Funcionarios del Ministerio de Seguridad denunciaron a los detenidos por delitos como atentado contra el “orden constitucional y la vida democrática”, atentado agravado contra la autoridad, resistencia a la autoridad y daño agravado.
El CELS cuestionó particularmente esta caracterización y advirtió que se intenta considerar agravados los delitos bajo el argumento de que los manifestantes habrían buscado obligar a las autoridades a abstenerse de cumplir sus funciones, en este caso, votar un proyecto de ley.
Para el organismo, esta interpretación constituye un peligroso antecedente.
La entidad recordó además lo ocurrido durante las protestas contra la Ley Bases, cuando 33 personas fueron detenidas de manera indiscriminada y algunas fueron trasladadas a cárceles federales, donde —según denunció el CELS— sufrieron vejaciones y fueron interrogadas sobre su participación política e ideológica.
Un nuevo límite en la respuesta estatal
El CELS interpretó lo ocurrido como algo que excede una jornada de disturbios y planteó que la violencia desplegada por las fuerzas de seguridad puede marcar un punto de inflexión en la gestión de Milei.
Mientras dentro del Congreso el oficialismo enfrentaba dificultades para sostener su proyecto y debía negociar hasta último momento ante la falta de respaldo incluso entre sectores aliados, en las calles la respuesta estatal fue una demostración de fuerza.
Para el organismo, el operativo terminó convirtiendo el ejercicio del derecho a la protesta en un escenario de persecución, violencia y temor.
“El despliegue estatal de la jornada fue de intento de silenciamiento a la ciudadanía movilizada”, concluyó el CELS.
El resultado, según la organización, fue una protesta finalmente dispersada no por el debate democrático ni por la búsqueda de consensos, sino mediante un uso intensivo de la violencia policial contra manifestantes, transeúntes y trabajadores de prensa.
Las denuncias plantean así un interrogante que excede lo ocurrido durante esa jornada: si la represión, los disparos a corta distancia, las detenciones indiscriminadas y el hostigamiento a periodistas terminan naturalizándose como mecanismos habituales de respuesta frente a la protesta social, el problema ya no será solamente el operativo de un día, sino el precedente institucional que pueda dejar para las próximas movilizaciones.
