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Trump aumenta la presión sobre Brasil y apunta a las elecciones: aranceles, amenazas y respaldo al bolsonarismo

La administración de Donald Trump profundiza su ofensiva contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mientras avanza la campaña presidencial brasileña. Para el analista Hedelberto López Blanch, Estados Unidos busca utilizar la presión económica y comercial para favorecer al bolsonarismo y recuperar influencia política sobre el gigante sudamericano.

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales brasileñas previstas para el 4 de octubre, Washington comenzó a intensificar sus movimientos contra el gobierno de Lula da Silva, en una estrategia que, según un análisis publicado por Hedelberto López Blanch en el portal internacional Al Mayadeen, tendría como uno de sus principales objetivos favorecer al sector ultraderechista encabezado por Flávio Bolsonaro.

La ofensiva combina respaldo político al bolsonarismo, presión diplomática y medidas comerciales contra Brasil. Trump se ha pronunciado reiteradamente a favor de la liberación del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por corrupción, y ha manifestado su apoyo a su hijo Flávio con vistas a los próximos comicios.

El objetivo, de acuerdo con el análisis, sería contar en Brasil con un gobierno alineado con los intereses estratégicos de Washington, en momentos en que Lula intenta mantener una política exterior con mayor autonomía frente a Estados Unidos.

Aranceles como herramienta de presión

Uno de los instrumentos utilizados por la Casa Blanca fue la imposición, el 22 de julio, de aranceles del 25 por ciento sobre una extensa lista de productos brasileños, bajo el argumento de que existirían “prácticas comerciales desleales” por parte del gobierno de Brasil.

Entre los productos alcanzados aparecen acero, automotores, madera, azúcar, fertilizantes, productos farmacéuticos y minerales. Las medidas, según el análisis citado, afectan aproximadamente al 18 por ciento de las exportaciones brasileñas destinadas al mercado estadounidense.

Washington justificó su decisión apelando a supuestas discrepancias con políticas del gobierno de Lula en áreas como comercio digital, servicios de pagos electrónicos, aplicación de leyes anticorrupción, propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol y protección frente a la deforestación ilegal.

Sin embargo, el gobierno brasileño rechazó las acusaciones y sostuvo que “no existe justificación para medidas unilaterales contra nuestro país”.

La respuesta de Brasil también fue económica. El gobierno puso en marcha un paquete de asistencia por 18.500 millones de reales, unos 3.700 millones de dólares, destinado a respaldar a los exportadores afectados mediante créditos, seguros y garantías.

El denominado Plan Brasil Soberano contempla 5.000 millones de reales provenientes del Banco Nacional de Desarrollo y otros 13.500 millones aportados por el Tesoro brasileño.

Rubio endurece el discurso

La presión de Washington también adquirió un fuerte contenido político. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Trump había ordenado avanzar con los aranceles porque Lula y su gobierno no habrían negociado con Estados Unidos “de buena fe”.

Para los críticos de la política exterior de Trump, el mensaje resulta difícil de separar de la campaña electoral brasileña: presión económica para un gobierno que se encuentra en plena disputa electoral y respaldo explícito al principal espacio opositor de derecha.

El sociólogo brasileño Emir Sader, citado por PIA-GLOBAL, consideró que los argumentos utilizados por Washington para justificar los nuevos aranceles son falsos y sostuvo que detrás de las medidas existe un objetivo político: intentar revertir lo que considera una eventual derrota electoral del bolsonarismo.

Una nueva versión de la Doctrina Monroe

López Blanch sostiene que la intervención estadounidense en Brasil forma parte de una política más amplia de Trump hacia América Latina.

El analista señala que, desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump habría intervenido discursiva y políticamente en procesos electorales de distintos países latinoamericanos, mencionando entre ellos Argentina, Honduras y Colombia, y presentando posteriormente esos resultados como éxitos de su política exterior.

En esa lectura, la presión sobre Brasil constituiría una nueva expresión de la histórica Doctrina Monroe, mediante la cual Washington buscó durante décadas consolidar su influencia política y económica sobre América Latina.

Ahora, la disputa adquiere una dimensión especialmente sensible: Brasil no solo es la principal economía de Sudamérica, sino también uno de los actores centrales de los BRICS y un país cuyo gobierno ha procurado ampliar sus relaciones comerciales y diplomáticas más allá de la órbita estadounidense.

Brasil responde y la campaña entra en zona de conflicto

La escalada comercial se produce mientras Lula da Silva busca avanzar hacia una nueva victoria electoral y el bolsonarismo intenta recuperar el poder.

En este escenario, las sanciones comerciales pueden convertirse también en una herramienta de presión política interna. Un deterioro de las exportaciones brasileñas, la afectación de sectores productivos y el impacto sobre el empleo podrían ser utilizados durante la campaña para cuestionar la gestión del gobierno.

El enfrentamiento, por lo tanto, excede largamente una disputa arancelaria.

Lo que está en juego es también qué modelo de inserción internacional tendrá Brasil y hasta dónde llegará la autonomía de su política exterior.

Mientras Trump apuesta abiertamente por aliados ideológicos en América Latina y profundiza la presión sobre los gobiernos que no responden plenamente a los intereses de Washington, Lula enfrenta una nueva batalla electoral en la que la economía, el comercio exterior y la política internacional comienzan a mezclarse con la disputa por el poder.

Para López Blanch, la ofensiva de Trump y Rubio contra Brasil tiene un propósito definido: presionar al gobierno de Lula y favorecer las posibilidades electorales del bolsonarismo.

La respuesta, en última instancia, quedará en manos del electorado brasileño el próximo 4 de octubre.

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