El gobierno municipal puso a disposición expedientes y facturas vinculadas a contrataciones cuestionadas, mientras el Tribunal de Cuentas pidió a la Justicia investigar posibles delitos contra la administración pública
El Poder Ejecutivo Municipal de Catriel salió este miércoles a responder públicamente a la denuncia presentada por el Tribunal de Cuentas ante el Ministerio Público Fiscal por presuntas compras irregulares de insumos a una empresa vinculada a una funcionaria municipal.
La controversia se había iniciado luego de que el órgano de contralor informara que acudió a la Justicia para denunciar posibles irregularidades en contrataciones realizadas entre la Municipalidad y la firma Atlas, señalando además que previamente había advertido la situación al presidente del Concejo Deliberante “sin obtener respuesta alguna”.
En ese contexto, desde el Ejecutivo municipal difundieron un comunicado en el que informaron que quedó a disposición de la ciudadanía la digitalización de toda la documentación administrativa y contable vinculada a las actuaciones cuestionadas.
“La Municipalidad de Catriel informa a la comunidad que se encuentra a disposición documentación administrativa y contable relacionada con las actuaciones recientes del Tribunal de Cuentas, en el marco de una situación que desde el Ejecutivo Municipal consideran de gravedad institucional”, señalaron.
Según detalló el gobierno local, entre la documentación difundida se encuentran facturas “que cuentan con la conformidad expresada por integrantes del propio Tribunal de Cuentas”, además de informes trimestrales elaborados por el organismo “donde se aprueba el ejercicio de control y rendición de gastos correspondientes”.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que existirían “contradicciones entre la documentación oficial emitida y las denuncias públicas realizadas posteriormente”, situación que —anticiparon— derivará en “objeciones y acciones administrativas correspondientes por presuntas irregularidades y entorpecimiento de la labor pública”.
La intendenta Daniela Salzotto reafirmó “el compromiso de la gestión con la transparencia administrativa, el acceso a la información pública y el correcto funcionamiento institucional”, remarcando la importancia de que la comunidad pueda consultar la documentación respaldatoria. (ver Documentación)
En paralelo, la polémica sumó un nuevo capítulo en redes sociales. Desde la cuenta de Facebook de Gisela Álvarez se reprodujo íntegramente el comunicado municipal acompañado de un duro comentario hacia los integrantes del Tribunal de Cuentas: “Mi oficina está en frente de los integrantes del tribunal de cuentas. Solo puedo decir que rara vez van a trabajar, se ve que ocupan su tiempo presentando denuncias sin sentido. Gasto, pérdida de tiempo y más gasto”, publicó.
Mientras tanto, la presentación realizada por el Tribunal de Cuentas ante el Ministerio Público Fiscal solicita que “se investigue la posible comisión de delitos contra la Administración Pública vinculados con la contratación realizada entre la Municipalidad de Catriel y la firma Atlas”.
Además, pide que se determine “la eventual responsabilidad penal de la funcionaria mencionada, de los titulares formales o reales de la firma contratista y de todos aquellos funcionarios o agentes municipales que hubieran intervenido en la autorización, conformación, tramitación o pago de las contrataciones observadas”.
Pero el último punto es el que, desde el órgano de control se puntualiza la sospecha, y por ello piden también que se dispongan medidas probatorias para esclarecer la posible existencia de “titularidad encubierta, conflicto de intereses, incompatibilidad funcional, beneficio económico indebido y/o perjuicio al patrimonio municipal”. Sobre este punto, si bien se exhibe todo el historial de las transacciones comerciales con Atlas, no hay declaración que lo desestime, ya que en la documentación figura el titular del comercio, pero no se menciona si existe algún familiar directo que sea funcionario/a al que apuntan los contralores.
