La nueva regulación impulsada por Sturzenegger eleva los pesos permitidos para el transporte de cargas. El Gobierno sostiene que la medida busca reducir costos y actualizar una normativa de 30 años, pero la decisión genera cuestionamientos por el estado de la infraestructura vial y la falta de ejecución de fondos destinados a las rutas.
El Gobierno nacional habilitó un aumento en los pesos permitidos para los camiones que circulan por las rutas argentinas, en una decisión que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó como una medida destinada a reducir los costos del transporte. La modificación llega en un momento particularmente sensible: gran parte de la red vial atraviesa una situación de deterioro y existen cuestionamientos por la falta de ejecución de recursos destinados al mantenimiento y las obras viales.
A través del Decreto 689/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli, el Ejecutivo modificó el Anexo R del Decreto 779/95, reglamentario de la Ley de Tránsito. Según explicó Sturzenegger, se trata de una actualización de una normativa que llevaba tres décadas sin modificaciones sustanciales.
«Más medidas para reducir los costos de transporte», celebró el funcionario en sus redes sociales. Según su explicación, la nueva regulación permite equiparar las dimensiones y capacidades de los camiones argentinos con las utilizadas en Brasil, en línea con un proceso de mayor integración del transporte dentro del Mercosur.
Sturzenegger sostuvo que se incrementan los pesos permitidos por camión, aunque aseguró que se mantiene el límite correspondiente al peso por eje, que consideró determinante para preservar las rutas.
«Teníamos el absurdo de tener camiones que pudiendo cargar más no podían hacerlo porque la norma, obsoleta, lo prohibía», afirmó.
Sin embargo, el anuncio abrió un interrogante que el Gobierno no parece haber incorporado a su explicación: ¿qué ocurrirá con una infraestructura vial que presenta serios problemas de mantenimiento y que, en numerosas rutas, permanece sin obras de reparación o reconstrucción?
La preocupación cobra mayor dimensión en un contexto en el que se cuestiona la utilización de los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles, fondos que tienen entre sus destinos el financiamiento de infraestructura vial. La discusión sobre la ejecución de esos recursos se desarrolla mientras numerosas rutas nacionales permanecen deterioradas y con obras paralizadas o demoradas.
En ese escenario, permitir que los vehículos de carga transporten mayor peso puede significar un incremento de las exigencias sobre una red vial que ya presenta importantes niveles de desgaste.
El problema tampoco se limita al transporte de cargas. El desmantelamiento y la reducción de servicios ferroviarios trasladaron una mayor proporción del transporte de personas y mercaderías hacia las rutas, aumentando la circulación de vehículos pesados y livianos. A mayor tránsito y mayores cargas, la calidad de la infraestructura se vuelve todavía más determinante para reducir los riesgos y los costos de mantenimiento.
La decisión oficial forma parte de la política de desregulación que Sturzenegger impulsa desde el inicio de la gestión de Milei. El ministro sostiene que la eliminación de restricciones y la actualización de normas obsoletas permiten mejorar la productividad y reducir costos logísticos.
También argumentó que la normativa debía adaptarse a los cambios tecnológicos registrados durante las últimas tres décadas.
«La tecnología de vehículos con combustibles alternativos, gas y electricidad, cambió radicalmente en estos últimos 30 años. Se adecúa la normativa para acomodar las nuevas configuraciones», señaló.
El debate, sin embargo, no pasa solamente por determinar cuánto puede cargar un camión. La cuestión central es si el Estado está garantizando las condiciones de infraestructura necesarias para soportar ese incremento de peso y circulación.
En un país donde las rutas son una pieza fundamental para conectar regiones, transportar producción y sostener la actividad económica, reducir costos logísticos puede ser una ventaja. Pero si esa reducción se obtiene aumentando las cargas sobre caminos deteriorados sin acompañarla con inversiones suficientes en mantenimiento, reparación y control, el ahorro inmediato podría terminar trasladándose a mayores costos futuros.
La actualización normativa puede ser presentada como una modernización necesaria. El desafío será comprobar si esa modernización llega acompañada por algo que hoy las rutas argentinas reclaman con urgencia: obras, mantenimiento y control efectivo.
