Un video del referente detenido Rubén Muñoz, donde denuncia apremios ilegales, sacude el escenario justo cuando el Gobierno provincial busca abrir negociaciones con los efectivos que llevan 49 días de protesta.
El intento del Gobierno provincial de encauzar un diálogo con los policías que mantienen un acampe en Viedma desde hace 49 días quedó envuelto en una fuerte controversia tras la difusión de un video que compromete el clima de negociación.
Aunque en las últimas horas trascendió que hubo un primer acercamiento oficial con tres integrantes del grupo de manifestantes, el presunto gesto conciliador quedó bajo sospecha luego de que el Consejo de Bienestar Policial difundiera imágenes de su referente, Rubén Muñoz, actualmente detenido, esposado y siendo trasladado a una consulta de salud mental. Antes de ingresar, el propio Muñoz denunció a viva voz: “Tortura, vejaciones, intimidaciones con armas. Este gobierno no me quiere preso, me quiere muerto”.
El episodio impactó de lleno en el ánimo de los efectivos que sostienen la protesta, quienes ahora refuerzan la figura de Muñoz como “preso político”, lo que endurece las posiciones y pone en duda la viabilidad de una mesa de diálogo en el corto plazo.
En paralelo, y en medio de un fuerte hermetismo oficial, también surgieron versiones que indican que el Ejecutivo no habría exigido levantar el acampe, pero sí habría sugerido retirar carteles e imágenes vinculadas a Muñoz. De confirmarse, esta condición sería interpretada por los manifestantes como un intento de desarticular el peso simbólico y político del dirigente detenido, cuya visibilidad se ha convertido en un eje del reclamo.
Mientras tanto, en el plano salarial, fuentes no oficiales señalan que el Gobierno evalúa mejorar el adicional por antigüedad, pasando del 1% al 5%, en línea con lo que perciben los docentes. Sin embargo, hasta el momento no hay propuestas formales ni garantías de avance.
Desde el Consejo de Bienestar Policial insistieron en la gravedad de la situación, denunciando que Muñoz atraviesa un estado crítico dentro del penal, con restricciones e incomunicación, y reclamaron una resolución urgente. Además, reiteraron que el conflicto se origina en reclamos salariales incumplidos, señalando una amplia brecha entre el valor actual del punto policial y el que, según sostienen, debería regir conforme a la normativa vigente.
Con el conflicto escalando en tensión política y denuncias de gravedad institucional, el diálogo entre las partes no solo aparece frágil, sino condicionado por un escenario donde la desconfianza gana terreno.
