En una sesión atravesada por la aprobación de 74 pliegos judiciales y fuertes tensiones políticas, La Libertad Avanza decidió aplazar el tratamiento del proyecto impulsado por Federico Sturzenegger sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada ante la falta de consenso y las objeciones de sectores dialoguistas.
La Libertad Avanza sufrió un revés legislativo este jueves en el Senado al verse obligada a postergar el debate del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas promovidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La decisión se tomó luego de que el oficialismo constatara que no contaba con los votos necesarios para avanzar hacia la media sanción.
La sesión estuvo marcada por el tratamiento de 74 pliegos judiciales, todos ellos finalmente aprobados. Entre los casos más resonantes se destacó el de María Verónica Michelli, candidata a magistrada federal en La Plata. El Gobierno había solicitado retirar su pliego debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, pero tras cuestionamientos de la ministra Patricia Bullrich y negociaciones previas a la sesión, la candidatura fue incorporada al debate y obtuvo 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones.
Mientras tanto, el oficialismo buscaba avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque el creciente rechazo de sectores dialoguistas y parte del radicalismo encendió las alarmas. El principal foco de conflicto se centró en las modificaciones propuestas respecto de la venta de tierras rurales a extranjeros.
Durante su exposición en el Senado en abril pasado, Sturzenegger había cuestionado la legislación vigente que limita al 15% la propiedad extranjera de tierras rurales, calificándola como “flagrantemente inconstitucional”. El funcionario propuso eliminar ese límite para los privados y mantener restricciones únicamente cuando intervengan Estados extranjeros.
Según argumentó el ministro, la normativa actual desalienta inversiones, producción y desarrollo, incluso en pequeñas extensiones de tierra. También criticó la Ley 27.453 de Barrios Populares, al sostener que su implementación demostró una baja efectividad para regularizar la situación dominial de los asentamientos.
Sin embargo, durante el trabajo en comisiones, los bloques dialoguistas lograron eliminar el capítulo que modificaba el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y transfería a las provincias la responsabilidad de avanzar con los procesos de regularización. Asimismo, se resolvió que las decisiones vinculadas a la venta de tierras quedarían bajo la órbita de cada jurisdicción provincial, una alternativa que tampoco logró conformar a todos los sectores.
En materia de desalojos, el proyecto mantuvo la diferenciación entre locatarios y ocupantes ilegales, uno de los puntos que había generado debate en el tratamiento parlamentario.
Ante la falta de respaldo suficiente, el oficialismo optó por retirar el proyecto del temario y continuar con el tratamiento de iniciativas vinculadas a los holdouts. La postergación representó un nuevo traspié para el Gobierno en una jornada legislativa compleja, que dejó expuestas las dificultades para construir mayorías en torno a una de las reformas impulsadas por la agenda de desregulación estatal.
