Un informe difundido por Página/12 sostiene que la campaña legislativa 2025 del jefe del bloque de La Libertad Avanza recibió financiamiento de empresarios vinculados a causas por narcotráfico, fraude al Estado y deudas fiscales millonarias. También pone la lupa sobre el crecimiento patrimonial del diputado cordobés.
El financiamiento de la campaña legislativa 2025 de Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza y referente del oficialismo nacional en Córdoba, quedó bajo cuestionamiento tras la difusión de un informe periodístico que analiza los aportes declarados ante la Cámara Nacional Electoral.
Según una investigación publicada por Página/12, con firma de Tomás Méndez y basada en un informe de TLN Denuncia, parte de los fondos privados que recibió la fuerza libertaria en Córdoba provendrían de empresarios que estuvieron vinculados a causas judiciales por narcotráfico, defraudación a la administración pública y evasión impositiva.
De acuerdo con los registros oficiales, la campaña de Bornoroni declaró ingresos privados por 357,3 millones de pesos, una cifra que permitió sostener la estrategia electoral del dirigente que aparece como uno de los posibles candidatos a gobernador de Córdoba para 2027.
Entre los nombres señalados figura Christian Maggio, ex socio mayoritario de la desaparecida aerolínea Southern Winds, cuya empresa quedó asociada al envío de 60 kilos de cocaína a España en 2004. Si bien Maggio no fue condenado en aquella causa, su aparición como aportante fue destacada por el informe como un dato relevante.
También se menciona a Martín Damián Boiero, quien aportó 2 millones de pesos y fue nombrado en el denominado “narcoescándalo” de Río Cuarto, una investigación sobre presuntos sobornos destinados a desviar pesquisas policiales vinculadas al narcotráfico. Boiero resultó absuelto, aunque su participación fue objeto de cuestionamientos durante el proceso judicial.
La publicación además identifica a Antula Construcciones S.A.S. como aportante de la campaña. Uno de sus socios, Enrique Javier Nadal, enfrentó un procesamiento por presuntas maniobras de malversación de fondos públicos y defraudación contra el Banco Nación, causa que concluyó con su absolución tras un acuerdo indemnizatorio.
Otro de los casos mencionados es el de Tanacorsa S.A., empresa que aportó 24 millones de pesos y que, según el informe, mantiene deudas reclamadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por más de 877 millones de pesos, además de enfrentar ejecuciones fiscales y embargos judiciales.
La investigación también pone el foco en Oxígeno y Tecnología S.A. (Oxitec), firma que contribuyó con 9 millones de pesos a la campaña y que posteriormente obtuvo una prórroga de contratos con el PAMI por más de 17.456 millones de pesos para la prestación de servicios de oxigenoterapia domiciliaria en distintos distritos del país.
Crecimiento patrimonial
El informe periodístico también analiza la declaración jurada patrimonial de Bornoroni correspondiente a 2023. Según la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción, el legislador informó un incremento patrimonial que pasó de 79,4 millones de pesos a 290,7 millones de pesos durante ese período.
Entre los bienes declarados figuran diez inmuebles en la provincia de Córdoba, participaciones societarias, dinero en efectivo y una embarcación denominada “Caravana”, valuada en la declaración jurada en un peso, un dato que generó cuestionamientos y observaciones por parte de los autores de la investigación.
Hasta el momento, Bornoroni no había emitido una respuesta pública específica sobre las observaciones planteadas en el informe periodístico. La publicación sostiene que los registros de financiamiento electoral y las declaraciones patrimoniales abren interrogantes sobre el origen de los recursos que respaldan el crecimiento político del principal referente libertario cordobés.
