En una sesión extraordinaria, el cuerpo legislativo local aprobó por mayoría ambas declaraciones ante la crítica falta de agua potable y un desempleo que supera las 300 personas inscriptas en la oficina municipal.
El Concejo Deliberante de 25 de Mayo aprobó este jueves, en sesión extraordinaria, la declaración de emergencia hídrica y laboral, medidas impulsadas por los bloques del Movimiento Popular Veinticinqueño (MPV) y la Unión Cívica Radical (UCR) para hacer frente a una crisis creciente en la provisión de agua potable y al alto nivel de desocupación en la localidad.
La iniciativa obtuvo mayoría simple: contó con el respaldo de concejales de MPV, UCR y el Partido Justicialista (PJ), mientras que Malen Pineda y Marina Álvarez, ambas de Juntos por el Cambio, votaron en contra, y Lázaro Durán (Frente de Izquierda y de los Trabajadores – FIJ) se abstuvo.
La situación hídrica en 25 de Mayo se ha vuelto crítica en los últimos meses, con cortes frecuentes y prolongados en el suministro domiciliario. Paralelamente, la oficina municipal de empleo registra cerca de 300 inscriptos en busca de trabajo, cifra que podría ser mayor si se considera la desconfianza histórica hacia ese organismo. Además, se estima que al menos 100 trabajadores municipales se desempeñan bajo contratos precarios, con ingresos por debajo de la línea de pobreza y sin cobertura social clara.
Pese a la gravedad del contexto, el oficialismo mostró divisiones internas. Mientras el intendente interrumpió sus vacaciones para anunciar —sin especificar detalles— una posible tercerización del servicio de agua, las concejalas del mismo espacio rechazaron la emergencia hídrica. La viceintendenta Marina Álvarez justificó su voto negativo argumentando que el proyecto fue presentado “sin diálogo previo” y que el municipio ya viene gestionando obras como el recambio de cañerías ante Nación y Provincia, además de pruebas piloto con medidores y mejoras técnicas en captaciones.
Álvarez negó intenciones de privatizar el servicio, aunque admitió que se evalúan “alternativas transitorias de concesión o trabajo conjunto”, como ocurre en otras localidades, hasta lograr una planta potabilizadora, actualmente inviable por su alto costo. Calificó la iniciativa opositora como “un acto político que desmerece el trabajo en marcha”.
Más allá de las distintas posturas políticas, vale analizar que la declaración de emergencia no es solo simbólica: Podría permitir agilizar contrataciones, reasignar partidas presupuestarias, gestionar fondos provinciales y nacionales con respaldo legal, priorizar el agua como servicio esencial y obligar a otros niveles del Estado a intervenir. En síntesis podría ser una herramienta concreta para dar respuestas urgentes.
Analistas locales coinciden en que, en una comunidad pequeña como 25 de Mayo, donde el acceso al agua impacta directamente en la salud, la producción y la vida cotidiana, no declarar la emergencia puede interpretarse como una negación del problema. La medida, aunque no resuelve la crisis por sí sola, abre puertas administrativas, acelera decisiones y legitima acciones extraordinarias como racionamientos programados o distribución mediante camiones cisterna.
La aprobación de ambas emergencias coloca ahora al Ejecutivo municipal ante la obligación de presentar planes concretos, cronogramas y soluciones, cambiando el eje del debate de “si existe el problema” a “qué se hará al respecto”.
