La iniciativa busca estandarizar la información estatal, garantizar la interoperabilidad entre organismos y regular el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. Ahora el texto irá a una segunda vuelta con observaciones técnicas para su perfeccionamiento.
La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves, en primera vuelta, el proyecto que establece un modelo de gobernanza de los datos públicos provinciales. La iniciativa, que contó con respaldo mayoritario, tiene como objetivo principal ordenar y estandarizar la información que genera y administra el Estado, facilitando la interoperabilidad entre sus diferentes organismos y estableciendo criterios claros de seguridad, transparencia y protección de datos personales.
El proyecto apunta a construir una arquitectura común que permita a las distintas áreas del gobierno gestionar y utilizar la información bajo criterios compartidos. De esta manera, se busca evitar la fragmentación de los datos y habilitar un intercambio de información ordenado y seguro, incorporando además normativas sobre trazabilidad, metadatos y el uso de sistemas automatizados e inteligencia artificial dentro de la administración pública.
Modernización con “las personas en el centro”
Durante el debate en el recinto, la legisladora Lorena Matzen (UCR), una de las autoras del proyecto, defendió su alcance estratégico y destacó el proceso de construcción colaborativa del texto. Matzen reconoció el aporte técnico del Ministerio de Modernización y, muy especialmente, el de las universidades públicas, mencionando el trabajo del profesor Mauro Cambarieri y sus alumnos de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), junto a especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
“La universidad pública tiene un papel insustituible. Este proyecto dejó de ser nuestro, de nuestro bloque, sino que tiene la participación de muchos actores”, afirmó Matzen, quien subrayó que la norma busca trascender a las diferentes administraciones provinciales como una herramienta de continuidad institucional.
Para el ciudadano, la legisladora explicó que la medida se traducirá en beneficios concretos: evitar la presentación reiterada de documentación que el Estado ya posee, agilizar trámites y obtener respuestas más rápidas. Además, garantizará que las personas puedan saber quién utiliza sus datos, con qué finalidad, y les dará el derecho a cuestionar decisiones automatizadas que los perjudiquen. “Decide utilizar inteligencia artificial, pero con transparencia, control y responsabilidad humana”, resumió.
Preocupaciones por la burocracia y el voto en contra
No todas las posturas fueron favorables. El legislador Santiago Ibarrolaza anticipó el rechazo de su bloque, aclarando que su oposición no es al objetivo de modernizar el Estado, sino al esquema elegido. Ibarrolaza recordó que en 2025 su espacio acompañó la sanción de la Ley 5.793, orientada a una organización más eficiente de los datos.
Tras consultar a especialistas informáticos, su bloque concluyó que el nuevo proyecto podría contradecir aquella legislación y generar “compartimentos estancos”. “Entendemos que el Estado de la provincia lo que necesita son menos estamentos, menos burocracia, menos funcionarios, menos empleados y mayor eficiencia”, sostuvo Ibarrolaza, advirtiendo que el esquema propuesto podría provocar el efecto contrario al buscado.
Respaldo técnico con observaciones para la segunda vuelta
Una tercera posición fue planteada por la legisladora Martina Lacourt, quien valoró los objetivos y aspectos técnicos del proyecto, apoyándose en su experiencia profesional de más de dos décadas en IBM en gestión y análisis de información.
Lacourt destacó que el proyecto incorpora la regulación de los “metadatos” (el dato sobre un dato), un aspecto no abordado específicamente por la Ley 5.793 y que es fundamental para que los sistemas de distintos ministerios puedan “conversar” entre sí con parámetros generales de sentido.
Sin embargo, la legisladora pidió introducir precisiones antes del tratamiento en segunda vuelta. Entre sus observaciones, solicitó delimitar con mayor claridad las atribuciones de la futura “Oficina de Datos” para evitar un solapamiento de competencias con el Ministerio de Modernización. También señaló una inconsistencia en el articulado, donde en el artículo 16 se hace referencia indistintamente a la “Oficina de Datos Provincial” y a la “Oficina de Datos del Estado”, por lo que instó a unificar la denominación y sus funciones.
Próximos pasos
Con la media sanción conseguida este jueves, el proyecto continuará su trámite parlamentario. Las observaciones formuladas durante el debate, tanto las de carácter técnico como las institucionales, podrán ser analizadas e incorporadas antes de que la iniciativa vuelva al recinto de la Legislatura de Río Negro para su tratamiento y votación en segunda vuelta, con el fin de posicionar a la provincia entre las jurisdicciones más avanzadas del país en materia de gestión de datos públicos.
