El proyecto enviado al Congreso plantea auditorías, mayores controles y nuevas condiciones de acceso. Incluye la posibilidad de suspender beneficios por inconsistencias y fija restricciones para quienes tengan empleo formal.
El gobierno de Javier Milei envió este lunes al Congreso un proyecto de ley que introduce modificaciones en el sistema de pensiones por discapacidad, con el objetivo de reforzar los controles y revisar los criterios de otorgamiento y permanencia de estos beneficios.
La iniciativa, presentada como una “ley contra el fraude de pensiones por invalidez”, pone el foco en el crecimiento de estas prestaciones en las últimas décadas. Según datos oficiales citados en el texto, el número de pensiones pasó de 76.000 en 2003 a cerca de 1.200.000 en 2023, lo que motivó al Ejecutivo a impulsar un esquema más estricto de fiscalización.
Entre los puntos centrales del proyecto se destaca el reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez. La medida establece que los titulares deberán actualizar sus datos personales, médicos y socioeconómicos en un plazo mínimo de 90 días, con posibilidad de una prórroga de 30 días. En caso de incumplimiento, el Estado podrá suspender automáticamente el beneficio y, si la situación no se regulariza en los 60 días posteriores, avanzar con la baja definitiva.
Además, el texto habilita auditorías periódicas mediante cruces de información con organismos como ANSES y agencias tributarias, con el objetivo de detectar inconsistencias. Incluso, contempla la suspensión preventiva de las pensiones mientras se revisa cada caso.
El proyecto también introduce cambios en los requisitos de acceso y permanencia. Entre ellos, establece la incompatibilidad de la pensión con el empleo formal, lo que limita la posibilidad de complementar ingresos. Asimismo, redefine el monto del beneficio, fijándolo en el 70% del haber mínimo jubilatorio.
Si bien la iniciativa propone modificar el marco normativo vigente, el Ejecutivo aún no implementó la ley de emergencia en discapacidad aprobada por el Congreso el año pasado, un punto que también forma parte del debate político en torno a estas reformas.
