La medida contra las máximas autoridades del sindicato de la salud se suma a una escalada de decisiones oficiales cuestionadas: paritarias bajo sospecha, tensiones con la policía y salarios deteriorados. Desde ASSPUR advierten sobre un “ataque directo a la libertad sindical”.
Si algo le faltaba al gobierno de Río Negro para enrarecer aún más su vínculo con las y los trabajadores estatales, ocurrió este viernes: decidió quitar la licencia gremial a las máximas autoridades de ASSPUR, en una medida que desató fuertes críticas y denuncias de persecución sindical.
Lejos de buscar descomprimir el conflicto, la administración provincial parece avanzar en sentido contrario, acumulando decisiones que incrementan la tensión. En los últimos días, el propio gobernador impulsó la idea de transmitir en vivo las paritarias, instalando en la opinión pública la sospecha de que son los sindicatos quienes obstaculizan los acuerdos. Una estrategia comunicacional que, para muchos sectores, busca trasladar responsabilidades en medio de negociaciones estancadas.
Pero el malestar no se limita al ámbito sanitario. También persiste el ruido con sectores policiales, especialmente tras el encarcelamiento de un referente que había reclamado públicamente instancias de diálogo. Si bien desde el gobierno se amparan en la aplicación de la ley, el momento elegido para la detención genera suspicacias y alimenta la percepción de un endurecimiento frente a la protesta.
A esto se suma un reclamo transversal: salarios estatales que, según denuncian los gremios, resultan insuficientes para cubrir el costo de vida, profundizando el malestar en toda la administración pública.
En este contexto, la decisión de avanzar contra ASSPUR marca un nuevo punto de conflicto. El Ejecutivo resolvió quitar la licencia gremial a la secretaria general, Cesira Mullally, y a la secretaria gremial, Marisa Albano. Además, abrió un sumario administrativo contra Albano que, según denunció el sindicato, carece de fundamentos.
Desde la organización no dudaron en calificar la medida como “un ataque directo a quienes alzamos la voz, pero también un ataque a los derechos laborales y sindicales de todos los trabajadores y trabajadoras”.
En un comunicado, ASSPUR exigió “el cierre urgente e inmediato del sumario” y la restitución de las licencias gremiales, al considerar que la decisión vulnera el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, así como la Ley 23.551 y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. También citaron fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina que, aseguran, garantizan la libertad sindical sin distinción.
Lejos de un cierre, el conflicto parece abrir una nueva etapa. El sindicato convocó a organizaciones gremiales, espacios políticos y trabajadores de la salud a mantenerse en estado de alerta y asamblea permanente. “Solidaridad activa con Cesira Mullally, Marisa Albano y toda la conducción de ASSPUR. Si tocan a una, nos tocan a todas y todos”, afirmaron.
La decisión oficial, en un escenario ya cargado, no sólo profundiza el enfrentamiento con el sector salud, sino que refuerza la imagen de un gobierno cada vez más confrontativo con sus trabajadores, en un momento donde el diálogo parece quedar relegado frente a la escalada del conflicto.
