La medida se tomó luego de semanas de discusión impulsadas por la oposición. El caso expuso un error legislativo en la aprobación original y mostró cómo, a través de las herramientas de la democracia, el propio cuerpo deliberativo puede revisar, debatir y corregir decisiones que no se ajustaron a derecho.
El Concejo Deliberante de Catriel derogó la ordenanza N.º 384/24, una norma que desde su origen arrastraba cuestionamientos por no haber alcanzado la mayoría especial exigida por la Carta Orgánica. La decisión llegó tras un proceso de debate político que permitió revisar lo actuado y corregir un error legislativo, en un hecho que distintos sectores destacaron como una señal de funcionamiento institucional.
La concejala Elizabeth Cofré, una de las principales impulsoras del reclamo, celebró la resolución aunque aclaró que su postura original apuntaba a la nulidad de la ordenanza. “Hoy se dio un paso importante en el Concejo Deliberante de Catriel”, expresó tras la sesión, y recordó que el proyecto interbloque que promovía sostenía la existencia de “un vicio grave en su origen”.
Según explicó, la norma había sido aprobada sin cumplir con los 6 votos afirmativos requeridos sobre un total de 8 concejales para la desafectación de tierras públicas, ya que en su momento obtuvo 5 votos positivos y 3 abstenciones. “Lo importante es que se logró lo esencial: reconocer que las cosas no se habían hecho correctamente y corregirlo”, sostuvo.
Como resultado de la derogación, se recuperan 5 de las 9 reservas fiscales involucradas, que vuelven a estar protegidas como patrimonio municipal.
Días atrás, Cofré había presentado un proyecto para declarar la nulidad de la ordenanza, frenar cualquier acto derivado y revisar los casos para resguardar a terceros que hubieran actuado de buena fe. Finalmente, el cuerpo optó por la derogación, una vía distinta pero que en los hechos le dio la razón al planteo de fondo que la concejala venía sosteniendo desde la aprobación de la norma.
Desde el oficialismo, en tanto, buscaron encuadrar la decisión como una resolución propia del bloque. La concejala Carolina Piris afirmó que “quienes resolvimos el conflicto fuimos nosotros; quienes recuperamos las reservas fiscales, también”, y señaló que el dictamen aprobado “subsanó el error administrativo” de la ordenanza derogada.
Piris cuestionó la alternativa de nulidad impulsada por la oposición al considerar que “invadiría facultades del Poder Judicial” y podría haber dejado sin sustento legal operaciones ya realizadas, afectando a adquirentes de buena fe.
La ordenanza 384/24 había habilitado la desafectación de nueve reservas fiscales para incorporarlas al Banco Municipal de Tierras. Su derogación no solo corrige un procedimiento viciado, sino que también deja en evidencia un aspecto central del sistema democrático: la posibilidad de que, a través del debate político e institucional, se revisen decisiones, se reconozcan errores y se restablezca la legalidad.
