La iniciativa fija requisitos para las entidades financieras, crea un registro provincial y establece un tope al costo financiero para evitar el sobreendeudamiento de los agentes estatales.
Un grupo de legisladores del bloque PJ-Nuevo Encuentro presentó un proyecto de ley para establecer un marco jurídico que regule a las entidades que otorgan créditos a los agentes públicos provinciales mediante descuentos directos sobre sus haberes. La iniciativa busca transparentar las condiciones de los contratos, fijar un límite al Costo Financiero Total (CFT) y reforzar el control estatal para prevenir situaciones de sobreendeudamiento.
El proyecto, impulsado por Leandro García, Alejandra Mas, Daniel Belloso, Luis Ivancich y Pedro Dantas, parte de la premisa de que el Estado, al actuar como agente de retención de los descuentos salariales, debe garantizar mecanismos de control que protejan los ingresos de los trabajadores.
La propuesta establece que las entidades crediticias deberán cumplir una serie de requisitos para acceder o permanecer en el sistema de deducciones sobre los salarios de la Administración Pública Provincial. Entre ellos, deberán informar de manera clara y completa el contenido de los contratos, incluyendo el sistema de amortización, el monto total financiado, la cantidad de cuotas, las tasas de interés y el costo financiero de cada operación.
Además, el texto dispone que la autoridad de aplicación solo autorizará descuentos correspondientes a préstamos cuyo Costo Financiero Total se encuentre dentro de un parámetro de referencia determinado a partir de indicadores objetivos del mercado. Con esta medida, se pretende impedir que el Estado facilite el cobro automático de créditos con costos considerados excesivos.
La iniciativa también exige que cada descuento cuente con la autorización expresa, escrita e individual del agente público y crea un Registro Provincial de entidades autorizadas, que será público, gratuito y de acceso digital.
Asimismo, la autoridad de aplicación deberá mantener actualizada la nómina de prestadoras habilitadas, publicar las tasas vigentes y el Costo Financiero Total de las operaciones, además de informar las sanciones, suspensiones o revocaciones que recaigan sobre las entidades.
En los fundamentos, los autores sostienen que “el sistema no puede concebirse como un mero trámite administrativo carente de controles” y remarcan que la posibilidad de operar mediante descuentos salariales constituye una autorización otorgada por el Estado y no un derecho adquirido por las empresas prestadoras.
Según los legisladores, el objetivo del proyecto es construir “un sistema más equilibrado, transparente y responsable”, preservando la libertad de contratación de los trabajadores sin desatender la obligación del Estado de resguardar el salario cuando interviene en el mecanismo de cobro de los créditos.
Con información de QUORUM
