Mientras el Gobierno nacional promueve inversiones millonarias en infraestructura tecnológica bajo el paraguas del RIGI, comunidades mapuches, ambientalistas y especialistas alertan sobre el impacto de los mega datacenters de inteligencia artificial en territorios donde escasean el agua y los servicios básicos. La promesa del progreso digital enfrenta crecientes cuestionamientos por sus costos sociales y ambientales.
La Patagonia vuelve a aparecer en el mapa de los grandes negocios globales. Esta vez no es por el petróleo, el gas o la minería, sino por la carrera mundial de la inteligencia artificial. Sin embargo, detrás del discurso de modernización y desarrollo tecnológico, comienzan a surgir fuertes advertencias sobre el modelo que podría instalarse en el sur argentino: enormes centros de datos que demandan cantidades colosales de energía y agua en una región donde muchas comunidades aún carecen de servicios esenciales.
El debate fue puesto sobre la mesa por una extensa investigación publicada por la periodista Alejandra Dandan en Página/12, donde se analizan las implicancias de los proyectos de mega datacenters impulsados por empresas tecnológicas internacionales y promovidos por el Gobierno nacional como una oportunidad histórica para atraer inversiones.
La discusión cobró fuerza luego de que, en octubre del año pasado, el CEO de OpenAI, Sam Altman, anunciara una posible inversión para desarrollar en Argentina el primer mega datacenter de inteligencia artificial de América Latina. Aunque el proyecto nunca llegó a concretarse, el anuncio fue suficiente para encender alarmas y reconfigurar las expectativas sobre el futuro de la Patagonia.
La infraestructura proyectada tendría una capacidad de hasta 500 megavatios, una escala sin precedentes en el país. Para dimensionar la magnitud, Argentina cuenta actualmente con 45 datacenters cuya capacidad total ronda apenas los 32 megavatios.
Agua para las máquinas, no para las personas
Uno de los aspectos más cuestionados es la contradicción entre las necesidades de estas infraestructuras y la realidad de muchas comunidades patagónicas.
“Casi el 90 por ciento de las comunidades de mi zona se abastecen mediante camiones porque no tienen agua corriente”, señala Lefxaru Nawel, vocero de comunidades mapuches de Neuquén, abogado y docente universitario.
La observación expone una realidad incómoda: mientras se evalúan inversiones multimillonarias que requieren recursos estratégicos para alimentar servidores y sistemas de enfriamiento, numerosas familias continúan sin acceso garantizado al agua potable.
Para Alan Rocha, integrante del Observatorio Petrolero Sur, la Patagonia aparece como un territorio codiciado por cuatro factores clave: tierra disponible, energía barata, abundancia relativa de agua y bajas temperaturas naturales que reducen los costos de refrigeración.
El problema, sostiene, es que el argumento repite una lógica histórica.
“Se vende una Patagonia nueva, tecnológica, pero con los mismos fundamentos extractivistas de siempre”, advierte.
El fantasma de las zonas de sacrificio
Las preocupaciones no son exclusivamente locales. Experiencias recientes en Paraguay y Estados Unidos muestran que las comunidades cercanas a estos emprendimientos denuncian problemas vinculados al ruido permanente, el consumo energético desmedido y la presión sobre los recursos hídricos.
En Paraguay, una comunidad de Villarrica denunció los efectos de una granja de minería de criptomonedas operada por Bitfarms. Los testimonios hablan de un ruido constante, comparable al de las turbinas de un avión funcionando las 24 horas del día.
Según investigaciones periodísticas citadas por Amnistía Internacional, en apenas seis meses la instalación consumió un volumen de energía equivalente al que utilizarían más de 47.000 familias paraguayas durante un año.
Para Hugo Valiente, de Amnistía Paraguay, estos emprendimientos suelen desembarcar en territorios vulnerables, con escasa capacidad de incidencia política.
“La lógica es la de las zonas de sacrificio: lugares que los gobiernos consideran prescindibles en nombre de un supuesto progreso mayor”, sostiene.
El RIGI bajo cuestionamiento
Otro de los puntos centrales del debate gira en torno al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado por el Congreso nacional.
Especialistas advierten que el régimen otorga condiciones excepcionales a las empresas y podría garantizar prioridad en el acceso a recursos estratégicos.
La referente de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, sostiene que el problema no es únicamente la llegada de los datacenters, sino la ausencia de regulaciones adecuadas para determinar cómo operarán y quién asumirá los costos ambientales.
“Si existe una situación de sequía o estrés hídrico, las inversiones amparadas por el RIGI tienen prioridad sobre otros usuarios del recurso”, advirtió.
La afirmación abre interrogantes de enorme sensibilidad para regiones donde el agua ya constituye un recurso escaso y donde las sequías se han vuelto cada vez más frecuentes.
Una discusión que recién empieza
Las comunidades indígenas y organizaciones ambientales no plantean un rechazo automático a la tecnología. Lo que reclaman es información pública, participación ciudadana y consultas previas sobre proyectos capaces de modificar profundamente los territorios.
“Queremos saber qué impacto tendrán estas inversiones y que se respeten los mecanismos de consulta”, resume Nawel.
La inteligencia artificial promete revolucionar la economía mundial. Pero en la Patagonia, donde la historia de los grandes emprendimientos extractivos dejó huellas profundas, la pregunta ya no parece ser cuánto dinero traerán los mega datacenters, sino quién pagará el costo de sostenerlos.
Porque detrás de cada servidor que procesa millones de datos por segundo, existe una realidad material ineludible: energía, agua y territorio. Y en una región donde todavía hay familias esperando una canilla con agua corriente, el debate sobre las prioridades está lejos de ser una cuestión tecnológica.
