En medio del aumento de los indicadores de pobreza, la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro del consumo, las organizaciones sociales volverán a movilizarse este viernes para exigir al Gobierno nacional la restitución del programa Volver al Trabajo, cuya suspensión dejó sin ingresos a unas 926 mil familias. La protesta, convocada por Territorios en Lucha, tendrá su principal concentración a las 12 en el Obelisco y culminará con una marcha hacia Plaza de Mayo.
La coordinadora nacional del MST Teresa Vive, Mónica Sulle, responsabilizó directamente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la interrupción de los pagos y acusó al Ejecutivo de profundizar un modelo de ajuste que descarga el peso de la crisis sobre los sectores más empobrecidos.
“Este gobierno ultraderechista profundiza el ajuste sobre los más vulnerados por el sistema capitalista para beneficiar al FMI y al 1% más rico. Nos quitan ese mísero ingreso de 78 mil pesos que, siendo insuficiente, permitía comprar cosas básicas, mientras no hay trabajo genuino”, afirmó la dirigente.
Desde el espacio sostienen que la decisión de eliminar ese ingreso no solo agrava la emergencia social de cientos de miles de hogares, sino que también impacta de manera directa sobre las economías locales. Según señalaron, la suspensión del programa retira alrededor de 72.000 millones de pesos mensuales del circuito comercial de los barrios populares, afectando especialmente a pequeños comercios y emprendimientos que dependen del consumo cotidiano.
Sulle vinculó la medida con una política económica que, a su juicio, prioriza el cumplimiento de los compromisos financieros por sobre las necesidades sociales. En ese marco, sostuvo que durante el primer trimestre se sumaron 600 mil nuevos pobres, que la indigencia alcanzó el 6,5%, mientras que desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia se registraron 341.396 despidos y el cierre de 28.262 empresas. También afirmó que el endeudamiento de las familias para cubrir gastos básicos alcanzó niveles récord y que una mayoría de la población manifiesta un creciente rechazo al rumbo económico.
Las organizaciones sociales consideran que el desmantelamiento de programas de asistencia, sumado al freno de la obra pública y al deterioro del mercado laboral, configura un escenario de exclusión cada vez más profundo. En ese contexto, reclaman no solo la restitución inmediata del programa Volver al Trabajo, sino también la implementación de políticas de generación de empleo y el fortalecimiento de la inversión pública como herramientas para enfrentar la crisis.
“La única deuda es la social, no con el FMI ni con los ricos y corruptos. Pettovello debe pagar ya a 926 mil familias. Y los gobernadores deben hacerse cargo de los programas que se caigan, además de impulsar un plan de obras públicas que genere trabajo genuino”, concluyó Sulle.
