La legisladora provincial lanzó una dura denuncia ante la inminente votación en el Senado, advirtiendo que el proyecto busca “blanquear” la extranjerización del territorio, el despojo de las fuentes de agua dulce y la pérdida irreversible de la soberanía nacional.
A pocas horas de que el Senado de la Nación defina el destino del campo y los recursos estratégicos argentinos, la abogada, magíster y legisladora provincial Magdalena Odarda alzó la voz con una advertencia que retumba como un campanazo de alarma: la reforma de la Ley de Tierras no es una simple actualización normativa, sino el mecanismo legal para consumar la entrega del patrimonio nacional a intereses foráneos. Bajo el título “La hora de los infames traidores a la patria”, su denuncia traza un línea directa entre el decreto de Mauricio Macri de 2016, las actuales maniobras del gobierno de Javier Milei y un inminente remate del territorio en la sesión del próximo 16 de julio.
Para Odarda, la vigencia de la Ley 26.737 —sancionada en 2011 como fruto de una democracia participativa que escuchó a asambleas socioambientales, pequeños productores y científicos— ha sido el último dique de contención frente al avance del capital extranjero. Esa norma, de carácter tuitivo, estableció límites claros: un tope del 15% en la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, la penalización del testaferro y la prohibición absoluta de comprar predios con fuentes de agua dulce o ubicados en zonas de frontera, resguardando la seguridad nacional.
Sin embargo, ese espíritu de defensa de la “integridad territorial” comenzó a resquebrajarse en 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri dictó en silencio el Decreto 820/2016, flexibilizando el alcance de la ley. Según detalla la legisladora, ese fue el pistoletazo de salida para un nuevo ciclo de extranjerización, cuyo epicentro en la Provincia de Río Negro se hizo evidente a partir de 2017.
“El nuevo fenómeno muestra que son los propios Estados extranjeros quienes, mediante maniobras y triangulaciones, compraron tierras utilizando como pantallas ‘personas humanas o jurídicas interpuestas'”, afirma Odarda. El resultado a la vista, según sus cálculos, es escalofriante: más de 70.000 hectáreas del territorio rionegrino ya pertenecen a Estados extranjeros, operando bajo leyes propias y desafiando la autoridad constitucional local, que se niega a investigar y recuperar la soberanía perdida.
En este mapa de intereses, las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos y Qatar no han sido discretas. Viajes oficiales, fotos con jeques en el Congreso y visitas a sus “posesiones” en la Argentina han sido la fachada de lo que Odarda define como una “arquitectura de entrega eficiente”. El objetivo final, denuncia, no es el desarrollo, sino eliminar los escollos para acceder al agua dulce, el litio, el oro, el petróleo, el gas y las “tierras raras”, atropellando en el camino a las comunidades indígenas que ocupan ancestralmente esos territorios.
La sombra del 16 de julio
El tono de la legisladora se vuelve incendiario al mirar hacia la sesión del Senado programada para este 16 de julio de 2026. En plena temporada de invierno y con la atención pública distraída, Odarda traza un paralelismo histórico tan polémico como contundente: “La sombra de lo que ocurría en los centros clandestinos mientras transcurría el ‘Mundial 78’ no dejará de oscurecer el recinto del Senado en las próximas horas”.
Bajo el pomposo y engañoso nombre de “inviolabilidad de la propiedad privada”, el gobierno de Javier Milei impulsa un proyecto que, a través de un “tome y daca” que distorsiona la noción de federalismo, busca atacar el corazón de la Ley 26.737.
La advertencia final no deja lugar a la ambigüedad: los senadores y senadoras que voten favorablemente esta reforma no solo estarán ejecutando un acto dirigido a someter a la Nación al dominio extranjero, menoscabando en forma irreversible la independencia y la integridad territorial, sino que estarán incurriendo en un delito tipificado en los artículos 214 y 215 “a” del Código Penal.
“La historia no los absolverá”, sentencia Odarda, dejando grabado el rótulo que, a su juicio, pesará sobre quienes permitan este irreversible remate del patrimonio argentino al “mejor postor”. Mientras el reloj avanza hacia la sesión, la pregunta que queda resonando en la opinión pública es si el Congreso actuará como guardián de la soberanía o como escribano de la entrega.
