Un peritaje oficial puso en duda la autenticidad del convenio presentado por el exdiputado para explicar una transferencia vinculada al empresario Fred Machado. La fiscalía amplió la imputación por presunto lavado de activos y afirma que el dinero habría sido incorporado al circuito formal mediante inversiones y la compra de vehículos de alta gama.
La investigación judicial que involucra al exdiputado nacional José Luis Espert atraviesa uno de sus momentos más delicados. La principal explicación esgrimida durante años para justificar el ingreso de 200.000 dólares provenientes del exterior quedó severamente comprometida luego de que la Fiscalía Federal de San Isidro concluyera que el contrato utilizado como respaldo carecería de autenticidad y habría sido confeccionado con el objetivo de otorgar apariencia de legalidad a una operación bajo sospecha.
Con base en esa conclusión, el fiscal federal Fernando Domínguez solicitó una nueva declaración indagatoria para Espert dentro de una causa en la que se investigan presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El pedido se apoya en un peritaje oficial y en una reconstrucción documental que cuestiona la veracidad del convenio presentado por el economista como fundamento del origen de los fondos.
Un contrato por un millón de dólares
Según la versión aportada por la defensa, los 200.000 dólares recibidos en enero de 2020 correspondían al pago parcial de un contrato de locación de servicios suscripto el 7 de junio de 2019 con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A., donde Federico “Fred” Machado figuraba como gerente general.
El documento establecía que Espert debía brindar asesoramiento estratégico, análisis de mercado, refinanciación de deudas y planificación para un proyecto de expansión minera. Como contraprestación, recibiría un millón de dólares abonados en cuotas mensuales durante un año.
Sin embargo, esa explicación comenzó a desmoronarse a medida que avanzó la investigación.
Las inconsistencias detectadas por la fiscalía
El dictamen fiscal sostiene que el contrato carecía de un objeto real y de posibilidades concretas de cumplimiento. Entre las principales observaciones figura una aparente imposibilidad material respecto del lugar de celebración.
Aunque el convenio afirmaba haber sido firmado en Guatemala, los registros migratorios indicarían que Fred Machado se encontraba en Buenos Aires durante esa fecha y que Espert nunca viajó al país centroamericano.
A ello se suma otro dato considerado relevante por los investigadores: Minas del Pueblo S.A. no desarrollaba actividad minera efectiva al momento de la supuesta contratación y recién semanas después inició gestiones vinculadas a una licencia de explotación.
La fiscalía también señala que no existen evidencias que acrediten la ejecución de los trabajos comprometidos. No se registraron contrataciones de especialistas en minería, subcontrataciones, informes técnicos específicos ni facturación por exportación de servicios correspondiente al supuesto asesoramiento internacional.
La documentación encontrada en poder de los asesores contables de Espert tampoco habría contribuido a reforzar la hipótesis defensiva. Según el expediente, consistía principalmente en información pública disponible sobre la actividad minera en Guatemala y no en estudios especializados elaborados para una consultoría privada.
Otro elemento destacado por la acusación es que, pese a que el contrato contemplaba pagos por un millón de dólares, nunca existieron reclamos judiciales o extrajudiciales por el saldo presuntamente adeudado.
El origen de los fondos
La transferencia investigada fue acreditada el 22 de enero de 2020 en una cuenta bancaria en Estados Unidos a nombre de Espert.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el dinero fue enviado por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a Federico “Fred” Machado, empresario posteriormente condenado en Estados Unidos en una causa relacionada con fraude y lavado de activos.
Para la fiscalía, esa sociedad integraba una estructura internacional utilizada para canalizar operaciones ilícitas, circunstancia que coloca bajo especial análisis cualquier movimiento financiero proveniente de ella.
El recorrido posterior del dinero
La investigación no se limita al ingreso de los fondos, sino que también intenta reconstruir cómo habrían sido incorporados al circuito económico formal.
Según el dictamen, parte del dinero habría sido utilizada para adquirir un automóvil BMW de alta gama, posteriormente vendido para financiar en parte la compra de un Lexus valuado en casi 130.000 dólares.
Los investigadores sostienen que esta secuencia respondería al esquema clásico atribuido a maniobras de lavado de activos: colocación de fondos, circulación mediante operaciones financieras e integración final a través de bienes registrables.
La pesquisa también incluye una inversión en un fideicomiso inmobiliario ubicado en Costa Esmeralda, suscripto a nombre de la esposa de Espert mediante pagos iniciales y cuotas posteriores, operación que la fiscalía considera parte del mismo entramado patrimonial bajo análisis.
Audios, estrategias fiscales y conversaciones internas
Uno de los elementos que mayor impacto generó dentro del expediente son los audios y mensajes de WhatsApp secuestrados en dispositivos pertenecientes a asesores contables vinculados al exdiputado.
Según la fiscalía, esas conversaciones muestran debates internos acerca de cómo encuadrar tributariamente los fondos recibidos tras la detención de Machado y qué estrategia adoptar frente a las dificultades para justificar su origen.
Entre las alternativas analizadas aparecerían distintas formas de presentar la operación, incluyendo opciones para fundamentarla mediante el contrato con la empresa guatemalteca e incluso escenarios en los que se evaluaba no exteriorizar determinados movimientos.
Testimonios sobre movimientos de efectivo
El expediente incorpora además declaraciones testimoniales que describen supuestos movimientos de dinero en efectivo dentro del entorno del dirigente.
De acuerdo con la acusación, algunos testigos afirmaron haber retirado sobres con dólares para luego efectuar transferencias en pesos hacia cuentas vinculadas a Espert, relatos que actualmente forman parte del conjunto probatorio evaluado por la Justicia y cuya veracidad será objeto de análisis en el proceso.
Un impacto político inevitable
Más allá del desenlace judicial, el avance de la causa tiene consecuencias políticas evidentes. Durante buena parte de su carrera pública, José Luis Espert construyó su perfil sobre discursos centrados en la transparencia, el respeto por las reglas fiscales y la crítica a la corrupción.
En ese contexto, una investigación que pone bajo sospecha el origen de una transferencia internacional, cuestiona la autenticidad del contrato utilizado para justificarla y analiza presuntas maniobras de lavado de activos genera una fuerte tensión con ese posicionamiento público.
No obstante, corresponde remarcar que las imputaciones formuladas por la fiscalía constituyen hipótesis acusatorias que deberán ser contrastadas durante el proceso judicial y no implican, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.
La decisión inmediata queda ahora en manos del juez federal Lino Mirabelli, quien deberá resolver si hace lugar al pedido del fiscal Fernando Domínguez y convoca a Espert a una nueva declaración indagatoria. Mientras tanto, el contrato que durante años fue presentado como la explicación central para justificar el ingreso de los 200.000 dólares enfrenta un cuestionamiento técnico y jurídico que podría modificar sustancialmente el rumbo de una investigación con profundas derivaciones institucionales y políticas.
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