Un informe y diversos proyectos legislativos advierten que la morosidad dejó de ser un problema individual para convertirse en una problemática social estructural. Organizaciones sociales alertan sobre el impacto en la salud mental, mientras impulsan medidas para aliviar las deudas de millones de familias.
El fenómeno del sobreendeudamiento y la morosidad en Argentina se consolidó como una de las principales preocupaciones sociales y económicas, con un impacto particularmente severo sobre las mujeres que encabezan hogares y tienen responsabilidades de cuidado según publicó el diario “Página 12” con la firma de Mara Pedrazzoli. Organizaciones sociales, especialistas y legisladores coinciden en que la deuda dejó de ser una situación excepcional para transformarse en una condición cotidiana para millones de familias.
Según distintos estudios y relevamientos, la expansión del crédito a través de billeteras virtuales, fintechs y otros proveedores no financieros amplió el acceso al financiamiento para sectores históricamente excluidos del sistema bancario. Sin embargo, también expuso a personas con ingresos inestables a mayores riesgos de endeudamiento.
La situación se agravó durante 2025, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo y la necesidad de recurrir al crédito para sostener consumos básicos. No obstante, especialistas señalan que el problema tiene raíces más profundas. La Encuesta Nacional de Endeudamiento y Cuidados, realizada en 2021 por el Ministerio de Economía y la CEPAL, ya advertía que casi tres de cada cuatro hogares con responsabilidades de cuidado encabezados por mujeres recurrían a la deuda para cubrir gastos esenciales como alimentos, medicamentos o el pago de obligaciones previas.
En los sectores populares, el endeudamiento suele apoyarse además en préstamos de familiares, amistades y redes informales, lo que agrega tensiones a los vínculos comunitarios y familiares. Organizaciones territoriales alertan que esta realidad impacta cada vez más en la salud mental, la autonomía económica y las posibilidades de desarrollo de las mujeres.
Durante el encuentro “Los feminismos contra las deudas”, realizado recientemente para visibilizar la problemática, se debatieron herramientas de acompañamiento y distintas iniciativas legislativas destinadas a enfrentar el crecimiento de la morosidad.
“Existe voluntad de pago, pero las personas ya no tienen forma de pagar las deudas que se acumulan y ya no hay más dónde pedir. Se llegó a un límite”, sostuvo Luci Cavallero, socióloga y militante de Movida Ciudad, quien advirtió sobre el carácter insostenible del actual modelo de endeudamiento.
Proyectos para enfrentar la crisis
En el Congreso Nacional se presentaron diversas iniciativas orientadas a aliviar la situación de los hogares endeudados. Entre ellas se destaca el “Programa de Segunda Oportunidad para Hogares Argentinos”, impulsado por la diputada de Unión por la Patria Lucía Cámpora, que propone mecanismos de reestructuración de pasivos y suspensión de ejecuciones.
“Hoy la mayoría de las personas se endeuda para sobrevivir, no para capitalizarse. Son deudas que se toman para pagar otras deudas”, afirmó la legisladora, quien señaló que la cantidad de personas endeudadas pasó de 500.000 a 6 millones entre 2018 y 2024.
Por su parte, Kelly Olmos, junto a Victoria Tolosa Paz y Agustín Rossi, presentó una propuesta para regular las tasas de refinanciación de tarjetas de crédito, transparentar el costo financiero total y limitar los intereses punitorios.
Otra de las iniciativas es el “Marco Integral contra el Sobreendeudamiento de las Familias”, promovido por Victoria Freire y Mariana González y presentado por la diputada Natalia Zaracho. El proyecto busca brindar asesoramiento jurídico y financiero gratuito, incorporar la figura del sobreendeudamiento del consumidor al Código Civil y restringir las retenciones automáticas sobre cuentas sueldo y prestaciones sociales.
A nivel local también avanzan propuestas como la Ley de Desendeudamiento Popular en la Ciudad de Buenos Aires y un proyecto de la senadora bonaerense Mónica Macha para regular el accionar de los estudios de cobranza extrajudicial y prevenir situaciones de hostigamiento.
Los impulsores de estas medidas coinciden en que la morosidad debe ser abordada como una consecuencia de factores económicos y sociales más amplios, vinculados a la pérdida de ingresos, la precarización laboral y la desigual distribución de las tareas de cuidado, y no como una responsabilidad exclusivamente individual de quienes no pueden afrontar sus compromisos financieros.
