El gobierno de Alberto Weretilneck anunció que concluyó las negociaciones contractuales con FONPLATA para obtener financiamiento internacional destinado a recuperar los corredores viales del norte rionegrino. El próximo 24 de noviembre el organismo analizará la operación. Sin embargo, el anuncio deja interrogantes fundamentales: ¿qué obras se harán, cuánto costarán realmente y quién se hará cargo de pagar una deuda millonaria?
El Gobierno de Río Negro dio un nuevo paso para conseguir un crédito internacional de hasta 60 millones de dólares destinado a la recuperación y mejoramiento de rutas nacionales que atraviesan el norte provincial. La administración de Alberto Weretilneck informó que concluyó las negociaciones contractuales con FONPLATA – Banco de Desarrollo y que el próximo 24 de noviembre la operación será analizada por el Directorio Ejecutivo del organismo.
La noticia se presenta desde el Ejecutivo provincial como un avance significativo para la infraestructura vial y la conectividad regional. Sin embargo, detrás del anuncio financiero aparece una cuestión que merece mucha más atención pública: hasta ahora no se conocen con suficiente detalle las obras que se pretenden ejecutar, los tramos que serán intervenidos ni los presupuestos que justifican salir a buscar un crédito de semejante magnitud.
La pregunta no es menor. Antes de comprometer a la provincia con una obligación financiera de hasta 60 millones de dólares, sería razonable que la ciudadanía y, particularmente, los representantes del pueblo en la Legislatura pudieran conocer qué se quiere reparar, cuánto cuesta cada intervención y cuáles son las prioridades establecidas.
Es posible que el Gobierno disponga de estudios técnicos, relevamientos y presupuestos. Pero si esa documentación existe, no ha sido acompañada por una difusión pública suficientemente detallada que permita evaluar la dimensión real del proyecto.
Mucho financiamiento anunciado y pocas precisiones sobre las obras
La información oficial señala que el financiamiento estará destinado al denominado Programa de Recuperación y Gestión de Corredores Viales Nacionales del Norte de Río Negro, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de circulación, fortalecer la conectividad y acompañar el desarrollo económico y productivo.
Pero las generalidades no alcanzan cuando se habla de endeudamiento público.
En la publicación difundida por el Gobierno provincial abundan las fotografías de la rotonda de Choele Choel, una infraestructura que ha generado cuestionamientos por las condiciones en las que se habilitó la circulación, incluso sobre sectores que no estaban completamente terminados y que ahora podrían requerir nuevos trabajos.
Sin embargo, tampoco se brinda una descripción concreta de las intervenciones que serían necesarias para dejar esa obra en condiciones definitivas, ni una estimación de cuánto dinero demandaría su reparación o terminación.
La situación abre otro interrogante: ¿cuánto de los 60 millones de dólares se destinará a esa rotonda y cuánto a los restantes corredores viales? ¿Qué rutas y qué kilómetros serán priorizados? ¿Se trata de reconstrucciones, repavimentaciones, mantenimiento, señalización o intervenciones de mayor profundidad?
Sin esa información resulta difícil determinar si el monto que se pretende obtener será suficiente para resolver los problemas existentes o si, una vez contraída la deuda, los recursos terminarán siendo insuficientes frente a las necesidades reales.
Una deuda que pagarán todos los rionegrinos
Hay otro aspecto que tampoco debería quedar fuera del debate: las condiciones de recupero del financiamiento.
El Gobierno habla de una inversión estratégica, pero no ha explicado públicamente si existe algún mecanismo para recuperar los recursos comprometidos, si habrá aportes nacionales, si se contempla algún esquema de participación de otros organismos o si, finalmente, el peso de la deuda recaerá íntegramente sobre las finanzas provinciales.
Porque los 60 millones de dólares no son una cifra abstracta. Se trata de una obligación financiera que, de concretarse, deberá afrontar el Estado provincial con recursos públicos y, por lo tanto, con el esfuerzo de todos los rionegrinos.
Y cuando se comprometen recursos públicos a futuro, la transparencia no puede ser un detalle administrativo ni una explicación que llegue después de firmados los contratos.
El camino hacia la aprobación
Según informó el Ejecutivo, las negociaciones con FONPLATA se desarrollaron mediante encuentros presenciales y virtuales, con participación de representantes del Gobierno de Río Negro, del Ministerio de Economía de la Nación y del organismo internacional, desde Santa Cruz de la Sierra, Montevideo y Buenos Aires.
Durante las reuniones se analizaron las condiciones especiales del contrato de préstamo, sus anexos y el correspondiente contrato de garantía. También se acordaron modificaciones y ajustes para dejar preparada la documentación que permitirá avanzar hacia la aprobación definitiva.
Por la Provincia participaron Martín Camiña, director ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), junto con Francisco Freston, Gonzalo La Rosa y Lucía Rubaja, integrantes del equipo técnico del Ministerio de Hacienda.
Por FONPLATA intervinieron autoridades y especialistas de las áreas de operaciones, financiamiento y asesoramiento legal, entre ellos María Elena Araneo, responsable del proyecto y jefa de Operaciones País, y Gastón Gómez, jefe de Operaciones con Garantía Soberana.
La instancia decisiva llegará el 24 de noviembre, cuando el Directorio Ejecutivo de FONPLATA analice la operación.
Las rutas necesitan soluciones, pero también explicaciones
Nadie puede discutir la necesidad urgente de recuperar las rutas nacionales del norte rionegrino. Son corredores fundamentales para el transporte de la producción, la circulación de pasajeros, la actividad comercial y la integración de las localidades de la región.
Lo que sí corresponde discutir es la manera en que se pretende financiar esas obras y, fundamentalmente, el grado de información que se ofrece a la sociedad antes de comprometer recursos públicos.
No alcanza con anunciar que se gestionan 60 millones de dólares ni con presentar fotografías de rutas deterioradas para justificar un nuevo endeudamiento. La ciudadanía tiene derecho a conocer los proyectos ejecutivos, los presupuestos, los plazos, los mecanismos de control y las condiciones financieras del préstamo.
Porque si las rutas están destruidas, hay que repararlas. Pero si para hacerlo la Provincia debe endeudarse por millones de dólares, también debe explicar con absoluta claridad en qué se gastará cada peso, qué resultados se esperan y quién pagará la cuenta.
El 24 de noviembre podría marcar un avance para conseguir el financiamiento. Lo que todavía falta es algo igualmente importante: que el Gobierno ponga sobre la mesa la información necesaria para que los rionegrinos puedan saber si esos 60 millones de dólares representan una solución concreta para sus rutas o simplemente el comienzo de una nueva deuda cuyo verdadero alcance aún desconocen.
