Un informe revelador expone cómo el Gobierno gastó más de 1,2 millones de dólares en tecnologías de espionaje masivo, reconocimiento facial y monitoreo de redes sociales, vulnerando derechos fundamentales y asfixiando la protesta social.
Lejos de las promesas de libertad individual, el gobierno de Javier Milei ha consolidado durante sus primeros dos años de gestión una maquinaria de control social sin precedentes. Así lo denuncia Amnistía Internacional (AI) en un demoledor informe titulado “Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina”, donde alerta que el Ejecutivo ha ampliado de manera sistemática y opaca su capacidad para espiar, perfilar y someter a la población mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA).
La organización de derechos humanos puso en evidencia que, entre 2024 y 2025, la administración nacional desembolsó al menos 1,2 millones de dólares en la adquisición de un arsenal tecnológico propio de regímenes autoritarios. El paquete incluye sistemas de monitoreo de redes sociales, licencias de software de reconocimiento facial, drones, estaciones de control terrestre con rastreo automatizado, cámaras térmicas y transmisión de imágenes en tiempo real.
Para AI, estas compras no son meras actualizaciones de equipamiento, sino los cimientos de un sistema de vigilancia masiva diseñado para vulnerar derechos fundamentales. El organismo advierte que estas prácticas instauran un severo “efecto disuasorio” que amedrenta a la ciudadanía, cercenando la privacidad, la libertad de expresión, el derecho a la reunión pacífica y la asociación.
Atajo institucional y opacidad
La denuncia no solo se centra en el hardware, sino en la metodología autoritaria para implementarlo. El informe detalla que Milei impulsó cambios institucionales a través de decretos y resoluciones, esquivando el debate legislativo para aumentar la capacidad del Estado de recolectar y procesar datos.
En la mira de Amnistía están las herramientas de IA capaces de rastrear, verificar y visualizar volúmenes masivos de información extraída de redes sociales, sitios web, la dark web y bases de datos públicas. Todo esto, sin ningún tipo de control judicial ni transparencia pública. “Cuando quienes cuestionan al Gobierno o reclaman respuestas pueden quedar expuestos a mecanismos de vigilancia, aumenta el riesgo de prácticas que afectan la participación democrática”, sentencia el documento.
El costo humano: periodistas, activistas y migrantes en la mira
Lejos de ser una teoría conspirativa, el informe de Amnistía Internacional se sustenta en una investigación exhaustiva que incluyó el análisis de contratos, documentos oficiales y pedidos de acceso a la información pública, además de 21 entrevistas a periodistas, activistas, jubilados, jóvenes y defensores de derechos humanos que ya padecen en carne propia este hostigamiento estatal.
“Estas tecnologías se están consolidando como componentes centrales de un entramado de control estatal que busca desalentar la protesta, limitar las voces disidentes y someter a una mayor vigilancia a grupos históricamente marginados”, denunció con dureza Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. El impacto ya es una realidad tangible: la criminalización de la protesta y el seguimiento a migrantes, periodistas y activistas se han vuelto el pan de cada día en la Argentina de 2026.
Preocupa, además, el origen de estas herramientas. AI alertó que algunas de estas tecnologías fueron desarrolladas por empresas con oscuros antecedentes a nivel global por el uso indiscriminado y cuestionado de datos biométricos.
Exigencia de freno al espionaje estatal
Ante la gravedad de las revelaciones, Amnistía Internacional exigió al gobierno de Milei un freno inmediato a esta deriva vigilante. La organización reclamó la prohibición tajante del desarrollo, producción, venta y utilización de tecnologías de reconocimiento biométrico remoto destinadas a la vigilancia masiva o discriminatoria.
Asimismo, demandó la creación de un marco regulatorio estricto que dicte las reglas de juego para la compra, importación, exportación y uso de cualquier herramienta de vigilancia, definiendo bajo qué condiciones excepcionales podrían utilizarse, siempre bajo el escrutinio de la justicia y el Congreso.
“Argentina debe demostrar su compromiso con los derechos humanos garantizando que la vigilancia basada en la inteligencia artificial no se utiliza sin control”, sentenció Matt Mahmoudi, investigador y asesor sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos de la organización.
Mientras el Gobierno guarda silencio sobre estas adquisiciones, la ciudadanía se enfrenta a la cruda realidad de un Estado que, en lugar de proteger a su pueblo, ha decidido convertirlo en su principal objetivo de espionaje.
