La iniciativa del Ejecutivo provincial propone disolver el EPRE y absorber las facultades del DPA bajo un nuevo organismo multisectorial. Aunque el Gobierno promete una estructura “eficiente y robusta”, el texto del proyecto abre serios interrogantes sobre la independencia política, la pérdida de especialización, el impacto en las tarifas y el silencio, por ahora, de los actores sociales.
Bajo la promesa de dotar a la Provincia de Río Negro de una “arquitectura institucional moderna, eficiente y robusta”, el Poder Ejecutivo ha enviado al parlamento provincial un proyecto de ley para crear el Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSeC). Sin embargo, más allá del discurso oficial, la letra chica de la iniciativa enciende luces de alerta sobre una posible concentración de facultades regulatorias en un organismo de conducción directamente dependiente del Gobernador, generando un clima de incertidumbre sobre el futuro del control de los servicios públicos.
El eje de la propuesta es la unificación del control: el nuevo ente disolvería al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), transfiriendo sus competencias, bienes y personal, y absorbería simultáneamente las facultades de regulación de agua potable y desagües cloacales que hoy ejerce el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
Autonomía declarada vs. dependencia real
El principal punto de fricción radica en la gobernanza del nuevo organismo. El proyecto establece que el ERSeC estará dirigido por un Directorio de apenas tres miembros, designados por el Poder Ejecutivo, con mandatos de cuatro años renovables de forma indefinida.
Si bien el texto garantiza al ERSeC “autarquía e independencia funcional y presupuestaria”, la realidad política plantea una contradicción difícil de ignorar: un organismo encargado de controlar a grandes empresas prestadoras, intervenir sobre tarifas y sancionar incumplimientos requiere mecanismos efectivos de independencia. Que sus máximas autoridades sean elegidas y renovadas a discreción del mismo Poder Ejecutivo que concede los servicios pone en duda la capacidad de fiscalización imparcial del ente.
El fin de la especialización y la puerta a un “mega-regulador”
La desaparición del EPRE no es un simple cambio de siglas. La propia documentación legislativa reconoce que este ente fue creado para proteger específicamente a los usuarios del servicio eléctrico y controlar a los concesionarios, requiriendo para ello recursos y especialización técnica.
Esto lleva a una pregunta inevitable: ¿por qué reemplazar un organismo especializado que ya está en funcionamiento por uno multisectorial? Durante 2026, el EPRE ha mantenido un rol activo y visible, interviniendo en la revisión tarifaria de EdERSA, habilitando audiencias públicas para la participación de usuarios y organizaciones, y gestionando la regularización de conexiones eléctricas en cientos de familias de barrios populares. Desmantelar esta estructura en pleno funcionamiento genera la sospecha de que la búsqueda de “eficiencia” podría ser, en realidad, una excusa para diluir controles diferenciados.
Además, el proyecto no se limita a la electricidad y el agua. El texto contempla la posibilidad de que, mediante futuras leyes, se incorporen al ERSeC la regulación de gas por redes, transporte, residuos y servicios digitales provinciales. No se trata solo de fusionar dos áreas, sino de sentar las bases de un organismo con atribuciones potencialmente enormes y centralizadas.
¿Quién paga la nueva estructura?
El financiamiento del ERSeC también alimenta el escepticismo. El organismo se sostendría mediante una tasa anual de inspección y control abonada por los prestadores, calculada sobre sus ingresos brutos del año anterior. En el complejo mundo de los servicios públicos regulados, existe un precedente histórico que sugiere que cualquier incremento en los costos operativos de las empresas termina trasladándose, directa o indirectamente, a las tarifas que abonan los usuarios finales. La promesa de eficiencia podría, paradójicamente, traducirse en una nueva carga para el bolsillo de los rionegrinos.
El silencio que antecede a la tormenta
Un aspecto llamativo del actual escenario es el silencio institucional. Hasta el momento, no se ha registrado una ola de declaraciones de dirigentes opositores con críticas desarrolladas específicamente contra el ERSeC, ni tampoco se han conocido comunicados públicos de organizaciones sindicales clave como ATE, UPCN, UnTER o ASSPUR.
No obstante, esta ausencia de ruido público no debe leerse como conformidad. La reforma contempla el traslado forzoso de personal y estructuras, lo que deja latente un potencial conflicto laboral y administrativo que aún no ha estallado, pero que podría complicar la transición. La falta de debate público profundo sobre un cambio de esta magnitud solo profundiza la incertidumbre.
El dilema de fondo
El proyecto del ERSeC plantea una disyuntiva que el legislativo provincial no puede eludir: ¿Se busca genuinamente hacer más eficiente el control de los servicios públicos o se avanza hacia la concentración de capacidad regulatoria en un organismo cuya conducción depende directamente del Poder Ejecutivo?
Por ahora, las respuestas no están en los discursos de modernización, sino en las propias contradicciones del texto legal. Mientras el debate recién comienza, la ciudadanía queda a la espera de saber si esta “arquitectura robusta” servirá para proteger a los usuarios o para blindar las decisiones del poder de turno.
