El gobierno de Milei y la inacción de Mario Lugones provocan un colapso sanitario en la Patagonia que dejará a 300 mil jubilados a la intemperie. “Ni en 2001 pasó esto”, denuncian los prestadores, mientras los módulos ni siquiera cubren el material descartable.
A cinco días de que se concrete un apagón sanitario sin precedentes, la negligencia del Gobierno nacional alcanza un nivel inédito. Por primera vez en la historia, clínicas y sanatorios de cuatro provincias de la Patagonia anunciaron que cortarán de manera total la atención a los afiliados de PAMI. La medida, que regirá desde el próximo 24 de agosto, es el corolario de una política de ajuste ciego que sacrifica la salud de 300 mil jubilados en el altar del superávit fiscal.
“No pasó nunca, ni en 2001”, afirmó a LPO el dueño de un sanatorio de la región, resumiendo la gravedad de un fracaso estatal que ha logrado quebrar un sistema que sobrevivió a las peores crisis del país. Las instituciones afectadas, para las cuales PAMI representa entre el 25% y el 55% de sus prestaciones, ya habían comenzado a aplicar restricciones en junio: limitaciones en guardias, freno a la recepción de derivaciones y suspensión de cirugías programadas. Ahora, el Gobierno los empuja al cese total de actividades.
La burla a los prestadores y a los adultos mayores se mide en números fríos. Con una inflación acumulada del 19,3% en lo que va de 2026, la administración de Milei “acordó” un miserable incremento del 6% para los prestadores de PAMI, que recién se hará efectivo en octubre. Es decir, en pleno invierno demográfico. Supuestamente, el ministro de Salud, Mario Lugones, había logrado destrabar un 1,9% extra para morigerar el golpe, pero hasta la fecha esa promesa se la llevó el viento: no hubo noticias, ni fondos, ni respuestas.
El resultado de este dogmatismo económico es una realidad clínica absurda y cruel: los módulos que paga PAMI hoy no alcanzan ni siquiera para cubrir el material descartable que se utiliza en una prestación. El Estado obliga, de facto, a las clínicas a poner dinero de su bolsillo para atender a los abuelos y abuelas del país.
“Hay procedimientos donde se pierde dinero, como los de urología. Solo el material descartable cuesta más caro que lo que paga PAMI. A eso habría que sumarle los honorarios del médico, enfermera, quirófano, material descartable, comida, cama”, explicó con indignación el dueño del sanatorio, evidenciando cómo el modelo de “motosierra” destruye la red de salud.
Lejos de buscar una salida, el Gobierno opta por la asfixia técnica. La estrategia es clara: ahogar al sistema para forzar el pago de bolsillo, aunque la ley lo prohíba. “Al gobierno no le importa. Quieren que las prestaciones las pague la gente, pero por ley no pueden hacerlo, entonces no hace nada. Nunca viví un mecanismo tan ridículo y tan dogmático de funcionamiento”, disparó el prestador.
La consecuencia directa de esta desidia ministerial ya está a la vista. “Algunos profesionales dejaron de atender, entonces los afiliados de PAMI solo pueden ir a las urgencias. Es una situación muy perversa”, se quejó el titular del sanatorio, describiendo un sistema de salud convertido en una trampa para sus propios usuarios.
Mientras Mario Lugones brilla por su ausencia y el Ejecutivo se escuda en su obsesión macroeconómica, la Patagonia se prepara para el desguace. 300 mil jubilados serán los platos rotos de una gestión que, una vez más, demuestra que para este Gobierno la salud pública no es un derecho, sino una variable de descarte.
Con Información de “La Política Online”
