La intendenta Daniela Salzotto llevó al Congreso el reclamo de Catriel por el estado crítico de la Ruta Nacional 151 y advirtió que la situación ya dejó de ser un problema de infraestructura para convertirse en una emergencia de seguridad vial. Mientras municipios de distintas provincias denuncian el deterioro de las rutas nacionales, crecen las preguntas sobre el destino de los fondos que los usuarios pagan específicamente para sostener la red vial.
La Ruta Nacional 151 volvió a quedar en el centro de la escena nacional por su alarmante estado de deterioro. Esta vez, el reclamo llegó directamente a la Cámara de Diputados de la Nación, donde la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, expuso ante la Comisión de Obras Públicas y reclamó al Gobierno de Javier Milei una respuesta urgente.
“La Ruta 151 está destruida y no puede seguir esperando”, planteó la jefa comunal, al llevar al Congreso una demanda que Catriel viene sosteniendo desde hace meses y que, lejos de encontrar una solución, se profundiza con cada jornada de abandono.
Salzotto fue contundente al describir la situación y recordó que el Concejo Deliberante de Catriel declaró la emergencia en seguridad vial. “Ya no sabemos qué emergencia declarar”, expresó, en una frase que resume el hartazgo de una comunidad que diariamente debe convivir con una ruta deteriorada, accidentes, vehículos varados y un riesgo permanente para quienes la transitan.
La intendenta aseguró que el municipio debe asistir de manera cotidiana a automovilistas que quedan varados. Como ejemplo, relató que en una sola jornada debió asistir a 17 vehículos, una situación que evidencia hasta qué punto el Estado nacional parece haber trasladado a los municipios las consecuencias de su propia inacción.
“Todas las víctimas futuras, después de esta emergencia, yo voy a venir a responsabilizar a quien tenga que responsabilizar, porque están totalmente informados de lo que está pasando. Es un abandono de persona”, advirtió Salzotto ante los legisladores.
El planteo adquiere especial gravedad porque la Ruta 151 no es un camino secundario. Es un corredor estratégico que conecta Río Negro con La Pampa y forma parte de una red fundamental para la actividad productiva, industrial y energética de la región, particularmente por su vinculación con el desarrollo de Vaca Muerta.
Sin embargo, para quienes viven y trabajan en Catriel, el discurso del crecimiento productivo convive con una contradicción difícil de ocultar: mientras se multiplican las inversiones y el movimiento de camiones vinculado a la actividad hidrocarburífera, la infraestructura vial que sostiene ese desarrollo continúa deteriorándose.
“Represento a una comunidad que está quedando aislada”, afirmó Salzotto durante su exposición. Y recordó que Catriel, pese a su aporte histórico a la economía energética argentina, enfrenta serias dificultades para garantizar condiciones básicas de conectividad y seguridad.
La frase de la intendenta fue todavía más dura al describir las consecuencias del deterioro estatal: “No tenemos ruta y no tenemos complejidad de hospitales porque si no te morís en la ruta, te morís en el hospital”.
Y dejó una pregunta que, más allá de las disputas partidarias, interpela directamente al Gobierno nacional: “¿Quién se está llevando los millones?”
El dinero está, el problema es dónde termina
El reclamo de Catriel se inscribe en una discusión mucho más amplia sobre los recursos destinados al mantenimiento de las rutas nacionales.
Durante la reunión de la Comisión de Obras Públicas, el ministro bonaerense Gabriel Katopodis cuestionó el destino de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles y sostuvo que, mientras los argentinos pagan cada vez más por cada litro de combustible, esos recursos no se traducen en obras viales suficientes.
Según explicó, el 28,58% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles tiene una asignación específica al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, y dentro de ese esquema una parte corresponde al Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
La discusión, por lo tanto, no gira solamente alrededor de la falta de recursos. También apunta a determinar qué sucede con fondos que tienen una finalidad específica mientras las rutas nacionales se deterioran a un ritmo cada vez más preocupante.
Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), Patricia Mazzitelli denunció además que Vialidad Nacional atraviesa “el peor desmantelamiento en muchos años” y cuestionó el nivel de inversión efectivamente destinado a la infraestructura vial.
La postal resulta particularmente incómoda para un Gobierno que sostiene como bandera la eficiencia y el equilibrio fiscal: los usuarios pagan impuestos destinados a la infraestructura, pero las rutas se deterioran, los organismos públicos encargados de mantenerlas pierden capacidad operativa y los municipios terminan afrontando parte de las consecuencias.
“Nos están aislando”
Salzotto no fue la única intendenta en denunciar esta situación ante el Congreso. Jefes comunales de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Río Negro y otras provincias expusieron problemas similares.
El diagnóstico compartido fue contundente: rutas destruidas, falta de mantenimiento, incremento de accidentes, dificultades para transportar producción y riesgo de aislamiento de comunidades enteras.
Entre los municipios representados estuvo Puelén, en La Pampa, además de Carlos Casares, Tres Arroyos, Colón, Chabás, General Ocampo, Gualjaina y Trevelin.
La coincidencia entre los intendentes fue contundente: “Nos están aislando”.
Mientras tanto, la ausencia de representantes del oficialismo libertario, del PRO y del radicalismo en la reunión dejó una imagen política significativa. Los reclamos por el deterioro de la infraestructura nacional fueron escuchados fundamentalmente por legisladores y funcionarios opositores, mientras desde el Gobierno se rechazaron las acusaciones sobre un supuesto desvío de fondos del sistema vial.
El vocero presidencial Adrián Ravier negó la existencia de una malversación de recursos del SISVIAL.
Pero el problema permanece en las rutas.
Y allí, en el asfalto destruido, en los vehículos varados y en el riesgo cotidiano de quienes recorren la Ruta 151, las explicaciones administrativas tienen un límite.
Catriel ya no pide: exige
La exposición de Salzotto representa un nuevo capítulo de un reclamo que la intendenta viene llevando adelante de manera reiterada. La comunidad de Catriel reclama desde hace tiempo obras concretas sobre una ruta cuya degradación dejó de ser una cuestión de comodidad para transformarse en un problema de seguridad pública.
“Vamos a viajar donde tengamos que viajar, vamos a hablar con quien tengamos que hablar”, aseguró la intendenta, reivindicando la continuidad del reclamo colectivo.
La advertencia es clara: Catriel no está dispuesta a aceptar que el abandono de una ruta estratégica se convierta en una tragedia anunciada.
Porque cuando un gobierno conoce el problema, recibe los reclamos, dispone de mecanismos de financiamiento y, aun así, las obras no llegan, la discusión deja de ser solamente técnica.
Se transforma en una cuestión política.
Y mientras el Gobierno nacional reivindica la reducción del gasto como sinónimo de eficiencia, en la Ruta 151 la austeridad tiene otra cara: kilómetros deteriorados, comunidades en riesgo y municipios obligados a poner recursos y esfuerzo para cubrir el vacío dejado por el Estado nacional.
La Justicia también puso la lupa
En paralelo al reclamo político, la Justicia Federal avanzó con un amparo colectivo relacionado con la situación de la red vial nacional.
El juez Ernesto Kreplak dispuso la inscripción de la causa como proceso colectivo y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad, al Ministerio de Economía y al Banco de la Nación Argentina presentar informes vinculados con el reclamo.
La diputada Victoria Tolosa Paz destacó el avance judicial y cuestionó la existencia de recursos que, según planteó, podrían utilizarse para recuperar miles de kilómetros de rutas.
El proceso judicial abre así otra instancia para determinar qué recursos fueron recaudados, cuál fue su destino y qué nivel de cumplimiento tuvieron las obligaciones legales vinculadas con el mantenimiento de la red vial.
Mientras esas respuestas se tramitan en expedientes y oficinas, la Ruta 151 sigue allí, deteriorándose frente a los ojos de todos.
Catriel ya llevó su reclamo al Concejo Deliberante, a los organismos nacionales y ahora al Congreso.
La pregunta que queda flotando, cada vez con más fuerza, es hasta cuándo el Gobierno nacional seguirá escuchando advertencias sobre una tragedia que todavía puede evitarse.
