La Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte flexibiliza el sistema de Revisión Técnica Obligatoria, elimina la intervención estatal en la fijación de precios y amplía el acceso de talleres privados al servicio. La medida se inscribe en la política de desregulación impulsada por Javier Milei y reabre el debate sobre los controles de seguridad vial.
La Secretaría de Transporte de la Nación oficializó una nueva etapa en la desregulación del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) mediante la Resolución 32/2026, una medida que amplía la participación de actores privados, reduce la intervención estatal en aspectos económicos y profundiza los lineamientos establecidos por el DNU 70/2023 y el Decreto 196/2025.
La normativa modifica el esquema de funcionamiento de los talleres encargados de realizar las inspecciones técnicas vehiculares, un mecanismo considerado clave para verificar el estado de seguridad de automóviles, camiones, colectivos y otros vehículos que circulan por las rutas y calles del país.
Según el Gobierno nacional, la resolución busca eliminar trabas burocráticas, fomentar la competencia y facilitar el ingreso de nuevos prestadores al sistema. A partir de la nueva reglamentación, talleres, concesionarias e importadores que acrediten capacidad técnica podrán incorporarse al Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos y ofrecer el servicio de revisión.
Uno de los cambios centrales es la decisión de retirar al Estado Nacional de cualquier intervención vinculada con la fijación de precios. De esta manera, los valores de las inspecciones quedarán determinados por las condiciones del mercado y la competencia entre los distintos prestadores habilitados.
Desde la administración de Javier Milei sostienen que la apertura del sector permitirá ampliar la oferta disponible, mejorar la accesibilidad al servicio y corregir distorsiones generadas por regulaciones previas. La resolución también incorpora herramientas digitales para la administración del registro de talleres y la gestión de la información vinculada a las inspecciones realizadas.
No obstante, la medida genera interrogantes respecto del equilibrio entre la apertura económica y los controles vinculados a la seguridad vial. La RTO constituye una de las principales herramientas preventivas para detectar fallas mecánicas en sistemas de frenos, dirección, suspensión y neumáticos, elementos cuya deficiencia puede incrementar el riesgo de accidentes.
Si bien el texto oficial asegura que se mantendrán estándares técnicos suficientes para garantizar la calidad de las inspecciones, especialistas y sectores críticos advierten que una mayor competencia comercial podría generar presiones para reducir costos y flexibilizar controles con el objetivo de captar clientes.
La resolución pone de manifiesto la visión regulatoria que impulsa el Gobierno nacional, basada en una menor participación estatal y una mayor confianza en la capacidad del mercado para organizar servicios considerados estratégicos. En ese marco, la Revisión Técnica Obligatoria deja de ser concebida exclusivamente como una política de seguridad vial y pasa a integrarse a un esquema donde la competencia económica ocupa un papel central.
Con esta decisión, la administración libertaria suma un nuevo capítulo a su programa de desregulación económica, trasladando al ámbito de la seguridad vehicular una lógica que busca reducir la presencia del Estado y ampliar el protagonismo de la iniciativa privada.
