La iniciativa impulsada por el legislador César Domínguez busca incorporar normas de transparencia al Código Electoral provincial, obligando a identificar contenidos generados con IA y prohibiendo el uso de deepfakes para manipular al electorado.
Ante el crecimiento del uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa en la comunicación política, un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone modificar la Ley O N° 2431 (Código Electoral provincial) para establecer reglas que garanticen la transparencia y protejan la integridad de los procesos democráticos.
La iniciativa, impulsada por el legislador César Domínguez (Primero Río Negro), reconoce el potencial de la inteligencia artificial para la innovación y el diseño de campañas, pero advierte sobre los riesgos que implica su utilización para generar contenidos falsos con apariencia de autenticidad.
El proyecto establece que todo material electoral audiovisual, sonoro o gráfico que haya sido creado o modificado sustancialmente mediante inteligencia artificial y que pueda ser percibido como real deberá incluir una advertencia visible o audible que indique: “Este contenido ha sido creado y/o modificado con inteligencia artificial”.
Además, la propuesta prohíbe la denominada “suplantación electoral sintética”, es decir, la creación de deepfakes destinados a atribuir falsamente declaraciones, apoyos, renuncias o conductas a candidatos, partidos políticos o autoridades electorales con el objetivo de influir en la decisión de los votantes.
La iniciativa también busca impedir la utilización de bots no identificados para simular respaldo popular y restringe la segmentación de audiencias mediante el uso de datos sensibles obtenidos sin consentimiento.
En materia de sanciones, el proyecto contempla un esquema gradual que incluye apercibimientos públicos, intimaciones, multas de entre cincuenta y mil jornales mínimos, y la eventual pérdida total o parcial de los aportes públicos destinados a campañas electorales.
Otro de los aspectos destacados es la facultad que se otorgaría a la Justicia Electoral para ordenar a plataformas digitales la remoción de contenidos engañosos considerados maliciosos en un plazo máximo de 48 horas desde su denuncia.
La propuesta también incorpora salvaguardas para la libertad de expresión. En ese sentido, excluye expresamente de las restricciones a los contenidos humorísticos, satíricos, caricaturescos o paródicos, y protege la actividad periodística y la investigación ciudadana, con el objetivo de evitar que la regulación se convierta en una herramienta de censura o control de los discursos políticos.
Según los fundamentos del proyecto, la intención es adaptar la legislación electoral a los desafíos que plantea la revolución tecnológica, garantizando que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con información transparente y sin ser víctimas de engaños deliberados.
Con información de Quorum
