La iniciativa de la legisladora Roberta Scavo propone beneficios fiscales para empresas privadas que incorporen trabajadores con Certificado Único de Discapacidad.
Con el objetivo de corregir una “asimetría estructural” en el mercado laboral rionegrino, ingresó a la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que crea un régimen de fomento para la inserción laboral de personas con discapacidad en el sector privado, mediante incentivos fiscales destinados a empleadores que formalicen nuevas contrataciones.
La propuesta fue presentada por la legisladora Roberta Scavo (ARI-Cambiemos) y parte del diagnóstico de que, aunque el Estado provincial cuenta con normativas de inclusión vigentes, el ámbito comercial y productivo privado no dispone de un esquema sistemático que acompañe y reduzca los costos iniciales de la contratación de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Beneficios fiscales para empleadores
El eje central del proyecto es la creación de un crédito fiscal aplicado al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Las empresas, cooperativas, mutuales y organizaciones no gubernamentales radicadas en Río Negro que contraten trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado podrán acceder a un beneficio mensual equivalente al 50% de las contribuciones patronales correspondientes a ese personal.
La iniciativa también contempla una cláusula retroactiva para reconocer a quienes ya vienen desarrollando políticas de inclusión. Los empleadores que actualmente tengan personas con discapacidad incorporadas a su planta formal podrán solicitar el reconocimiento del crédito fiscal con hasta seis meses de retroactividad.
Límites y controles
Para evitar abusos y resguardar las finanzas provinciales, el proyecto establece varios “cerrojos” presupuestarios y operativos.
Topes del beneficio
Control fiscal
- El descuento mensual no podrá superar el 35% del total de Ingresos Brutos determinado por la empresa.
- El crédito fiscal tendrá un techo equivalente al 50% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
- Cada presupuesto anual fijará un monto máximo cerrado para el programa.
- Una vez agotado ese cupo, se suspenderá la entrega de nuevos créditos fiscales.
Además, quedarán excluidas del régimen las empresas que mantengan empleo no registrado, registren deudas fiscales o hayan reducido injustificadamente su plantilla laboral en los seis meses previos a solicitar el beneficio. En esos casos, el incentivo será revocado automáticamente y con efectos retroactivos.
Registro provincial y fiscalización
La autoridad de aplicación sería compartida entre el Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad y el Ministerio de Trabajo de Río Negro.
Ambos organismos tendrán a su cargo la fiscalización de las condiciones de accesibilidad y salubridad de los puestos de trabajo, además de administrar el Registro Provincial de Postulantes con Discapacidad para el Sector Privado, articulando la búsqueda de perfiles con las oficinas de empleo municipales.
“Transformar asistencia en autonomía”
“La inclusión de personas con discapacidad en las empresas no es solo un acto de responsabilidad empresarial, sino una estrategia clave para la innovación, la empatía y el éxito organizacional”.
En los fundamentos del proyecto, Scavo sostiene que la normativa permitiría convertir la “asistencia pasiva” en productividad y autonomía, generando mayores oportunidades de empleo formal para los rionegrinos con discapacidad y promoviendo una participación más activa del sector privado en las políticas de inclusión laboral.
