Con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes, el legislador provincial Juan Martin (PRO) presentó un proyecto de ley que propone la creación de un sistema provincial de alerta y búsqueda urgente para personas menores de 18 años, con un mecanismo de actuación inmediata, coordinada e interinstitucional.
La iniciativa establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad y Justicia, organismo que tendrá a su cargo la coordinación de las acciones de búsqueda y la difusión masiva de la alerta en todo el territorio provincial.
En los fundamentos del proyecto, Martin sostiene que “la protección integral de niños y adolescentes requiere respuestas rápidas ante situaciones de desaparición o extravío bajo riesgo inminente”. En ese sentido, plantea la creación de un protocolo específico para la búsqueda, localización urgente y resguardo de menores, garantizando una intervención inmediata, coordinada e interjurisdiccional.
El legislador remarca que la experiencia tanto nacional como internacional demuestra que las primeras horas posteriores a una desaparición son determinantes para aumentar las posibilidades de localizar con vida a la persona buscada, por lo que considera imprescindible reducir al mínimo los tiempos de reacción de los organismos estatales.
Además, el proyecto pone el foco en las particularidades geográficas de la provincia, caracterizada por una importante dispersión territorial y extensas zonas rurales. Según Martin, estas condiciones hacen necesario contar con procedimientos específicos que permitan actuar con rapidez, coordinación y eficacia ante este tipo de emergencias.
Uno de los puntos centrales de la propuesta establece la recepción obligatoria e inmediata de las denuncias por desaparición en cualquier dependencia policial o judicial competente. La iniciativa prohíbe expresamente exigir plazos mínimos de espera o solicitar la acreditación previa de circunstancias especiales antes de iniciar la búsqueda. Asimismo, determina que cualquier demora injustificada en la recepción o tramitación de la denuncia constituirá una falta grave para los funcionarios responsables.
El sistema también contempla la activación de una alerta pública mediante difusión geolocalizada a través de teléfonos móviles, redes sociales, cartelería electrónica y medios de comunicación. La autoridad competente deberá resolver la activación del mecanismo dentro de las tres horas posteriores a la recepción de la denuncia, una ventana considerada clave para optimizar las posibilidades de éxito en la localización.
Por otra parte, la iniciativa prevé la creación de una Mesa Provincial de Coordinación integrada por representantes de distintos organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Este ámbito tendrá como misión elaborar protocolos complementarios, monitorear el funcionamiento permanente del sistema, evaluar su eficacia y proponer mejoras técnicas para optimizar la respuesta ante futuras situaciones de desaparición de menores.
De avanzar en la Legislatura, el proyecto buscará dotar a la provincia de una herramienta específica para actuar con mayor rapidez y coordinación frente a uno de los escenarios más críticos en materia de protección de la niñez y la adolescencia.
Con información de QUORUM
