Un informe periodístico publicado por el portal Realpolitik expuso presuntas irregularidades en la estructura de personal de la Legislatura provincial. La oposición exige explicaciones, auditorías y mayor transparencia, mientras crecen los cuestionamientos al gobierno de Alberto Weretilneck y a la conducción legislativa de Juntos Somos Río Negro.
La Legislatura de Río Negro volvió a quedar en el centro de la polémica tras la difusión de una segunda investigación periodística que pone bajo la lupa contratos y designaciones de personal presuntamente vinculados a dirigentes territoriales, exfuncionarios y referentes políticos cercanos al oficialismo provincial. El informe, publicado por el portal Realpolitik, reavivó el debate sobre el uso de recursos públicos y generó nuevas tensiones en el escenario político rionegrino.
Según la publicación, varios de los nombres incluidos en la nómina de contratados percibirían salarios elevados sin que existan funciones claramente identificadas o tareas visibles dentro de la estructura legislativa. La investigación vincula el esquema con dirigentes ligados a Juntos Somos Río Negro (JSRN) y sectores aliados, y señala al gobernador Alberto Weretilneck y al presidente del bloque oficialista, Facundo López, como figuras centrales dentro de la construcción política cuestionada.
La controversia adquiere una dimensión particular porque surge en un contexto en el que el gobierno provincial sostiene un discurso enfocado en el orden fiscal, la austeridad administrativa y el control del gasto público. En ese marco, las denuncias fortalecieron los cuestionamientos opositores sobre la existencia de una estructura política financiada con fondos estatales.
Los nombres mencionados en la investigación
Entre los casos destacados por el informe aparecen Claudio Aníbal Mozzoni, identificado como empresario cercano al radicalismo y al oficialismo provincial, quien percibiría ingresos superiores a los 2,5 millones de pesos mensuales. También se menciona a Marcos Osvaldo Catalán, señalado como operador político en Bariloche, y a Nelson Miguel Ayenao, vinculado territorialmente a General Roca y al armado partidario de JSRN.
La nómina incluye además a Leandro Miguel Tozzi, exlegislador provincial de Choele Choel, y a Farid Lord Jorge Sad, dirigente relacionado con sectores radicales alineados con el weretilnequismo. De acuerdo con la publicación, estos nombres integran un esquema de contrataciones que ahora es objeto de observación por parte de sectores opositores que reclaman precisiones sobre los criterios utilizados para las designaciones y las funciones efectivamente desempeñadas.
La oposición reclama auditorías y explicaciones
Las revelaciones impulsaron una nueva ofensiva de la oposición, cuyos referentes comenzaron a exigir auditorías y mayores niveles de transparencia en el funcionamiento administrativo de la Legislatura. En distintos espacios políticos consideran que el tema podría convertirse en uno de los principales focos de desgaste para el oficialismo durante los próximos meses.
Desde esos sectores sostienen que la estructura de contratos habría sido utilizada para sostener acuerdos territoriales y consolidar armados políticos en distintas localidades de la provincia. También plantean que el caso refleja una práctica histórica de la política rionegrina, donde la construcción partidaria y la administración estatal se entrelazan.
Hasta el momento, ni el gobierno provincial ni las autoridades legislativas emitieron respuestas detalladas sobre los señalamientos difundidos. La ausencia de explicaciones públicas alimentó el debate y permitió que el tema ganara espacio en la agenda política provincial.
Impacto político para Weretilneck y López
La controversia coloca nuevamente al gobernador Alberto Weretilneck en una posición incómoda, debido a que las denuncias involucran el uso de recursos públicos y el funcionamiento de una estructura asociada al oficialismo. Por su centralidad en la toma de decisiones políticas de la provincia, cualquier cuestionamiento de este tipo repercute directamente sobre su figura.
La investigación también alcanza a Facundo López, presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro y uno de los principales operadores políticos del espacio. Su rol en la construcción territorial y en la articulación con sectores aliados lo convierte en una de las figuras más expuestas por las denuncias.
Mientras la oposición intenta instalar el caso como una bandera política vinculada a la transparencia y el control de los fondos públicos, el oficialismo enfrenta el desafío de contener una polémica que amenaza con escalar y profundizar el debate sobre los mecanismos de control institucional, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas en Río Negro.
