La Fiscalía solicitó condenas para productores, un ingeniero agrónomo y exfuncionarios municipales acusados de contaminación ambiental por el uso indebido de agrotóxicos. También reclamó mantener las restricciones a las pulverizaciones y decomisar campos e instrumentos utilizados en los hechos investigados.
En el marco del juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario, el Ministerio Público Fiscal solicitó penas de hasta cuatro años y tres meses de prisión efectiva para productores rurales acusados de realizar fumigaciones ilegales con agrotóxicos en zonas cercanas a áreas habitadas de Pergamino. Además, pidió que se mantenga la medida cautelar que restringe las pulverizaciones y reclamó el decomiso de los campos y equipos utilizados en las prácticas investigadas.
La causa analiza hechos ocurridos entre 2011 y 2019 y tiene entre los imputados a productores y empleados rurales, un ingeniero agrónomo y dos exfuncionarios municipales. Las acusaciones incluyen contaminación ambiental, infracción a la Ley de Residuos Peligrosos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Durante los alegatos, el fiscal federal Federico Reynares Solari sostuvo que existe un “respaldo científico y testimonial” que acredita que las aplicaciones de fitosanitarios se realizaron de manera peligrosa para la salud de la población, incluso incumpliendo la ordenanza municipal que desde 2014 establecía una distancia mínima de 100 metros para las fumigaciones terrestres.
La Fiscalía también pidió que quede firme la cautelar vigente desde septiembre de 2019, dictada por el Juzgado Federal N.º 2 de San Nicolás, que prohíbe las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros de zonas urbanas y periurbanas y las aplicaciones aéreas a menos de 3.000 metros.
El pedido de pena más severo recayó sobre el productor Fernando Esteban Cortese, para quien se solicitaron cuatro años y tres meses de prisión efectiva e inhabilitación por ocho años para ejercer actividades agropecuarias. Además del delito de contaminación ambiental, se le atribuyó el de amenazas coactivas por un episodio denunciado por vecinos, quienes aseguraron que reaccionó violentamente ante los reclamos por las fumigaciones y efectuó disparos con una escopeta frente a una vivienda.
Para los productores Mario Reinero Roces y Víctor Tiribó, la Fiscalía requirió cuatro años de prisión efectiva e igual período de inhabilitación especial. En tanto, los hermanos Carlos Daniel y Hugo Ariel Sabatini enfrentan pedidos de tres años de prisión condicional e inhabilitación por seis años, por una fumigación realizada en noviembre de 2019 en la localidad de Ayerza, dentro de una zona alcanzada por la restricción judicial.
Asimismo, se solicitó una condena de tres años de prisión condicional e inhabilitación profesional por seis años para el ingeniero agrónomo José Luis Grattone, acusado de participar en aplicaciones realizadas cerca de viviendas y de una escuela rural. Para el empleado rural Cristian Gabriel Taboada, considerado partícipe secundario, la Fiscalía pidió dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación para tareas rurales.
En cuanto a los exfuncionarios municipales Guillermo Nicolás Naranjo y Mario Daniel Tocalini, ambos enfrentan pedidos de dos años de prisión condicional e inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos. Según la acusación, mantuvieron una actitud permisiva frente a las denuncias de vecinos y no impulsaron políticas efectivas de control y prevención.
Durante su exposición, Reynares Solari afirmó que los acusados “eran plenamente conscientes” de los riesgos asociados a las fumigaciones y continuaron con las aplicaciones pese a las restricciones vigentes y a los reclamos de la comunidad. La acusación se apoyó en estudios científicos, análisis médicos y testimonios que describieron irritaciones, problemas respiratorios y la detección de glifosato en muestras biológicas.
Además de las condenas, el Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso de la maquinaria fumigadora, del instrumental utilizado y del campo perteneciente a Cortese donde se habrían cometido los hechos investigados. El fiscal argumentó que la medida no debe entenderse solo como una sanción patrimonial, sino también como una herramienta de reconversión y restauración ambiental destinada a neutralizar la fuente del daño.
La querella, por su parte, había solicitado penas aún más severas para algunos de los imputados y reclamó ampliar las restricciones de fumigación a escuelas rurales, pueblos y parajes del partido de Pergamino.
Tras los alegatos de la Fiscalía y de las querellas, el juicio continuará con las exposiciones de las defensas, que anticipan pedidos de absolución. El veredicto del Tribunal Oral Federal de Rosario se conocería a mediados de junio.
