La Junta Vecinal del barrio YPF cuestionó la falta de participación en la elaboración del proyecto y reclamó que vuelva a comisión. Horas más tarde, informaron que el dictamen 001/26 fue retirado para incorporar a todas las juntas vecinales en el debate.
La discusión por el futuro funcionamiento de las juntas vecinales en Catriel abrió un nuevo foco de tensión institucional entre organizaciones barriales y el Concejo Deliberante. La Junta Vecinal del barrio YPF expresó públicamente un duro rechazo al dictamen 001/26 de la Comisión de Asuntos Vecinales, impulsado desde el bloque Frente de Acción Vecinal Catriel (FAVC), al considerar que la iniciativa fue elaborada sin consulta previa a las entidades vecinales alcanzadas por la normativa.
El pronunciamiento fue difundido inicialmente a través de redes sociales, donde la comisión barrial cuestionó el mecanismo de elaboración del proyecto y reclamó la apertura de una instancia participativa antes de avanzar con su tratamiento legislativo.
“Es imprescindible escuchar a cada junta, ya que la participación vecinal no puede ser eliminada ni subestimada”, señalaron desde la Junta Vecinal YPF, al tiempo que solicitaron que el expediente “vuelva a comisión y se trabaje con las propuestas de todas las juntas”.
Sin embargo, pocas horas después, la propia Junta Vecinal informó una modificación en el escenario político: la Comisión de Asuntos Vecinales y la autora del dictamen decidieron retirar el expediente para avanzar en un proceso de debate más amplio.
“La Junta Vecinal del Barrio YPF desea llevar tranquilidad a todos los vecinos del barrio y a la comunidad de Catriel. Queremos informar que la Comisión de Asuntos Vecinales, junto al autor del dictamen 01/26, ha decidido retirar dicho dictamen. Esta decisión se tomó para garantizar un enfoque más democrático, donde se incorpore la participación activa de todas las juntas vecinales”, comunicaron oficialmente.
Desde la organización barrial agradecieron además “la apertura” mostrada por la autora de la iniciativa y destacaron el acompañamiento de los vecinos. “Seguimos trabajando juntos y unidos, escuchando la voz del pueblo”, expresaron.
Un proyecto de fuerte impacto institucional
El dictamen, firmado por la concejal Rosa Edith Nievas del Frente de Acción Vecinal Catriel, propone reemplazar el actual marco regulatorio de las juntas vecinales, derogando la ordenanza municipal 113/19 e incorporando nuevas reglas sobre organización institucional, control económico, elecciones y representación política barrial.
Entre los principales cambios planteados aparecen:
- la obligatoriedad de rendiciones mensuales;
- controles contables permanentes;
- la posibilidad de intervención de juntas vecinales;
- nuevas condiciones para participar en elecciones;
- el manejo de fondos públicos provenientes de regalías;
- y la formalización del denominado “Concejo Vecinal” y la “Banca del Pueblo”.
El texto también fija requisitos estrictos para los integrantes de las listas, incorpora criterios de paridad de género y participación juvenil y establece mecanismos de representación proporcional mediante sistema D’Hont.
El eje más sensible: control económico y fondos públicos
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el referido a la administración financiera de las juntas vecinales.
La iniciativa establece que el municipio deberá distribuir mensualmente entre las juntas constituidas una suma equivalente al 5% de los ingresos percibidos por regalías hidrocarburíferas, gasíferas o mineras.
Esos fondos podrían destinarse a funcionamiento institucional, pago de servicios, mantenimiento de centros comunitarios, equipamiento y pequeñas obras de infraestructura.
Sin embargo, el proyecto incorpora un esquema de control extremadamente riguroso sobre esos recursos. Las juntas deberían presentar rendiciones mensuales obligatorias, llevar libros rubricados, registrar todos los movimientos contables, utilizar comprobantes válidos emitidos por ARCA y someterse a auditorías permanentes del Departamento de Contaduría Municipal.
Además, el texto prevé sanciones severas ante irregularidades administrativas. La falta de exhibición de libros o anomalías detectadas podría derivar en suspensión de autoridades, revocación de mandatos o incluso la intervención de la junta vecinal.
También se establece que quienes integren una comisión directiva no podrán volver a presentarse a elecciones si no cuentan con rendiciones y balances aprobados.
Cambios políticos: Concejo Vecinal y Banca del Pueblo
Otro de los capítulos centrales crea una estructura política de articulación entre las juntas y el Concejo Deliberante.
La propuesta formaliza el “Concejo Vecinal”, integrado por los presidentes de todas las juntas vecinales, y establece que ese organismo determine la postura política de la denominada “Banca del Pueblo”.
Según el proyecto, el representante vecinal estaría obligado a votar respetando el mandato surgido del Concejo Vecinal y debería leer en sesión la fundamentación acordada colectivamente.
El mecanismo incluye reuniones obligatorias previas a cada sesión legislativa, actas firmadas, envío anticipado de documentación y definiciones por mayoría simple.
La iniciativa también fija que la Banca del Pueblo tenga mandato anual y que el representante participe en comisiones legislativas con voz, aunque sin voto.
Requisitos electorales y polémica por la residencia
La reforma incorpora además nuevas condiciones para la participación electoral dentro de las juntas vecinales.
Entre ellas se destacan:
- residencia mínima de cinco años en el barrio;
- aval de al menos 30 vecinos;
- participación de jóvenes de entre 16 y 22 años;
- y cumplimiento de criterios de paridad de género.
Además, una persona electa perdería automáticamente su cargo si cambia de domicilio a otro barrio.
El proyecto prevé incluso la proclamación directa de listas únicas sin necesidad de elecciones cuando cumplan con los avales exigidos.
Un debate que continuará
Más allá del contenido técnico del proyecto, el principal cuestionamiento de las juntas vecinales estuvo centrado en la falta de debate previo y en la necesidad de garantizar participación real de las organizaciones barriales en una reforma de fuerte impacto institucional.
La decisión de retirar momentáneamente el dictamen aparece ahora como un gesto de apertura para descomprimir el conflicto y habilitar una instancia de construcción colectiva entre el Concejo Deliberante y las juntas vecinales.
No obstante, la discusión sobre el nuevo modelo de organización barrial en Catriel recién comienza y promete convertirse en uno de los debates políticos e institucionales más importantes de las próximas semanas.
