La legisladora Odarda denunció una “hipocresía flagrante”: mientras el gobernador exige lealtad a las petroleras, su gobierno integra al consorcio Southern Energy a Harbour Energy, sucesora de Premier Oil, inhabilitada hasta 2028 por operar sin permiso en la Plataforma Continental.
En medio de una escalada retórica sobre la defensa de los recursos naturales, el gobernador Alberto Weretilneck se ha visto acorralado por una contradicción que amenaza con descarrilar su discurso soberanista. La legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) lanzó una dura ofensiva contra el ejecutivo rionegrino, exponiendo lo que calificó como una “doble moral” en el manejo de los hidrocarburos provinciales: mientras Weretilneck arenga contra las empresas que “violan la soberanía”, su propia administración ha abierto las puertas del Golfo San Matías a un actor que el Estado argentino tiene expresamente prohibido contratar.
El núcleo del escándalo reside en la participación de Harbour Energy dentro del consorcio Southern Energy, responsable del megaproyecto de exportación de GNL en Las Grutas. Para el gobierno provincial, es un socio estratégico; para la ley nacional y la memoria soberana, es un reincidente.
El disfraz societario y la ley ignorada
La crítica de Odarda no es meramente política, sino jurídica. La denuncia señala que Harbour Energy no es una entidad nueva, sino el resultado de la fusión y cambio de denominación de Premier Oil. Esta última fue sancionada en 2013 mediante la Resolución 481 de la Secretaría de Energía, que la inhabilitó por 15 años (hasta 2028) para operar en el país. El motivo: haber explorado y explotado hidrocarburos en el proyecto Sea Lion, en la Cuenca de Malvinas Norte, desafiando la jurisdicción argentina sobre la Plataforma Continental.
“El gobernador dice que las empresas deben elegir entre violar la soberanía o ser socias de Argentina. Pero su Gobierno autorizó y acompañó proyectos donde participa una empresa que fue sancionada precisamente por violar esa soberanía”, disparó Odarda. La legisladora subrayó la vigencia de la Ley Nacional 26.659, cuyo artículo 5° prohíbe taxativamente contratar con personas jurídicas que realicen actividades en la Plataforma Continental sin autorización argentina.
Negocios millonarios bajo la sombra de la ilegalidad
La contradicción se agrava al observar el marco en el que opera este proyecto. Southern Energy, con Harbour Energy como socia del 15%, no solo utiliza puertos y territorio rionegrino, sino que se ha beneficiado de incentivos nacionales como el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).
Resulta paradójico, y a los ojos de la oposición francamente cínico, que mientras el Gobierno Nacional endurece su discurso contra las petroleras que operan en las islas, a nivel provincial y a través de beneficios fiscales, se blinde y facilite la operatoria de una firma que arrastra una inhabilitación firme hasta el año 2028.
Denuncia penal y silencio oficial
Ante la gravedad de los hechos, Odarda formalizó una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (PIA), acusando al gobernador y a su gabinete de violar la normativa vigente al firmar acuerdos con un consorcio “contaminado” por la ilegalidad en Malvinas. En la misma sintonía, el diputado nacional Maximiliano Ferraro exigió explicaciones a los ministerios nacionales sobre cómo una empresa inhabilitada accedió a beneficios del RIGI.
“Estas situaciones fueron advertidas y denunciadas antes de que la Legislatura aprobara los acuerdos. No alcanza con levantar la bandera de Malvinas ni con acompañar una nueva ley nacional si luego, en la práctica, se firman los contratos que se dicen combatir”, sentenció la legisladora.
Desde el gobierno de Weretilneck, el silencio ha sido la única respuesta ante el cuestionamiento de cómo es posible que una empresa sancionada por “saqueo ilegal” de recursos argentinos en el Atlántico Sur, hoy licúe y exporte gas desde el Golfo San Matías con la bendición de la provincia. La soberanía, al parecer, tiene un precio, y en Río Negro, el negocio parece estar por encima de la ley.
