Legisladores de la oposición exigen explicaciones por el avance de la especulación inmobiliaria en el ANPRALE. Mientras familias con más de 40 años de arraigo son echadas por orden judicial, se cierran accesos al agua y a la Huella Andina en beneficio de intereses privados.
La tensión en la cordillera rionegrina volvió a estallar, y esta vez el dedo acusador apunta directamente contra el Gobierno provincial. A través de un contundente mensaje en sus redes sociales, la legisladora provincial Magdalena Odarda denunció que el Ejecutivo rionegrino está llevando adelante una sistemática política de desplazamiento de antiguos pobladores rurales en el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE), una maniobra que, según advierten, busca “liberar” territorios para favorecer oscuros negocios inmobiliarios.
La denuncia de Odarda no es un hecho aislado, sino la punta de un iceberg que ya ha generado una rebelión en la Legislatura. Junto a pares de los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro, la legisladora presentó dos pedidos de informes exigiendo al Gobierno que dé la cara. “Queremos saber cuántas familias enfrentan juicios, qué ocurre con las tierras fiscales y quiénes buscan adquirirlas”, sentenció Odarda, quien además reclamó respuestas urgentes sobre el inexplicable cierre de sectores de la Huella Andina y el bloqueo de accesos a fuentes de agua dulce, bienes comunes que están siendo privatizados de facto.
La crueldad del “desalojo exprés”
Detrás de las frías firmas judiciales hay historias de despojo. La información oficial y los expedientes públicos confirman que el Estado provincial ha optado por la vía judicial para barrer con familias trabajadoras. El caso más emblemático y doloroso es el de la familia González.
En mayo de 2024, el Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 11 de El Bolsón dictó sentencia contra Hernán Teobaldo González. La Provincia lo demandó por “intrusión” en los lotes 101 y 102. Sin embargo, la defensa del poblador demostró que su familia habitaba y trabajaba esas tierras de manera pacífica, pública e ininterrumpida desde hacía más de 40 años, continuando el legado de sus padres. Pese a este arraigo histórico y a las actividades productivas tradicionales, la jueza hizo lugar a la demanda provincial y ordenó su desalojo en un plazo perentorio de 10 días. El Estado, en lugar de regularizar, actúa como un desalojador implacable.
¿Tierras fiscales o botín privado?
La incógnita que inquieta a los legisladores y a las organizaciones sociales es el destino final de esas tierras recuperadas a la fuerza. En septiembre de 2026, el pedido de informes oficial puso nombre y apellido a las sospechas: el empresario Francisco Steiner.
Desde la Legislatura cuestionan si el Estado está utilizando a la Dirección de Tierras para anular permisos precarios y ejecutar desalojos (como los de las familias González) con el único fin de limpiar el territorio para luego adjudicárselo a grandes tenedores de capital. Esto no solo viola el espíritu de la Ley de Tierras de Río Negro (Ley N° 5705), que establece que “la tierra es un instrumento de producción” y “será propiedad de quien la trabaja”, sino que demuestra que la Comisión Evaluadora ha decidido abandonar a los pobladores a su suerte.
Un Área Protegida de papel
El cinismo institucional alcanza su máxima expresión en el ANPRALE. Mientras se desaloja a familias que cuidan el monte, el Gobierno provincial brilla por su ausencia en la protección ambiental. No existe un Plan de Manejo aprobado para el área, lo que convierte la figura de “Área Natural Protegida” en una simple etiqueta de marketing para valorizar los lotes linderos.
A esto se suma la presión del turismo especulativo y los incendios forestales, que en no pocas ocasiones son utilizados como mecanismos “naturales” para reconfigurar la propiedad y terminar de desplazar a las comunidades históricas.
“Es inadmisible que familias que viven y trabajan la tierra desde hace generaciones enfrenten desalojos mientras existen interrogantes sobre el destino de esos territorios”, remarcó Odarda. Y concluyó con una frase que resuena como un ultimátum al Gobierno de Alberto Weretilneck: “La tierra no puede ser un negocio para unos pocos, ni el agua y los caminos pueden quedar fuera del alcance de la comunidad”.
El Gobierno de Río Negro tiene la obligación de dar explicaciones. De lo contrario, quedará en evidencia que en la cordillera rionegrina, el Estado ha dejado de ser un garante de derechos para convertirse en el principal broker inmobiliario a costa de los más vulnerables.
