El Senado de Chile aprobó este martes, por 27 votos a favor y 22 en contra, el mecanismo de compensación para los municipios que dejarán de percibir recursos por la exención del pago de contribuciones a los adultos mayores, despejando el último artículo pendiente del Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, la principal iniciativa económica del gobierno del presidente José Antonio Kast. Con esta votación, la denominada “megarreforma” quedó lista para ser despachada por el Congreso, aunque todavía deberá enfrentar el control del Tribunal Constitucional y los vetos presidenciales anunciados por el Ejecutivo sobre algunas modificaciones impulsadas por la oposición.
La sesión estuvo marcada por un fuerte clima de tensión política. Desde las tribunas del Senado, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, increpó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al resto de las autoridades gubernamentales, acusando al Ejecutivo de gobernar “de espaldas a la pobreza de Chile”. La jefa comunal sostuvo que quienes administran los municipios conocen de primera mano las necesidades de la población más vulnerable y advirtió que la reforma terminará trasladando el costo de los beneficios tributarios a quienes menos tienen.
“Si supieran lo que los alcaldes y alcaldesas vemos como sufrimiento de nuestro pueblo, no estarían aprobando esta normativa. Van a hacer que las personas más pobres de nuestro país les paguen sus privilegios a ustedes”, expresó Nieto antes de rematar con un duro: “¡Hasta cuándo gobiernan de espaldas al pueblo de Chile! Son una vergüenza”.
El proyecto, impulsado por el gobierno como eje de su estrategia para recuperar el crecimiento económico, contempla una reducción gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, beneficios tributarios para incentivar inversiones, simplificación de permisos ambientales y un fondo especial destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios. El oficialismo sostiene que estas medidas atraerán capitales, generarán empleo y permitirán ampliar la recaudación en el mediano plazo gracias a una mayor actividad económica.
Sin embargo, la iniciativa ha acumulado críticas desde múltiples sectores. Economistas, exautoridades económicas, partidos de oposición, organizaciones ambientalistas, municipios e incluso la Corte Suprema han advertido que la rebaja de impuestos a las empresas podría reducir significativamente los ingresos fiscales, comprometiendo el financiamiento de políticas públicas esenciales como salud, educación y programas sociales. También alertan sobre el riesgo de un mayor déficit fiscal y de un eventual deterioro en la clasificación crediticia del país si el crecimiento esperado no logra compensar la menor recaudación.
Otro de los cuestionamientos apunta a que los principales beneficiarios serían las grandes empresas y los grandes inversionistas. La denominada “invariabilidad tributaria”, incorporada para determinados proyectos de gran escala, es vista por sus detractores como una herramienta que limita la capacidad de futuros gobiernos para modificar la política tributaria frente a nuevos escenarios económicos.
Las modificaciones al sistema de permisos ambientales constituyen otro foco de controversia. Ambientalistas y especialistas en derecho ambiental sostienen que la aceleración de los procesos de autorización podría reducir los controles, facilitar la aprobación de proyectos con evaluaciones insuficientes y debilitar la protección del patrimonio natural en favor de la inversión privada. Estas diferencias ya motivaron presentaciones ante el Tribunal Constitucional.
En el plano municipal, aunque el Gobierno asegura que compensará el 100% de los recursos que dejarán de percibir las comunas por la exención de contribuciones, numerosos alcaldes mantienen sus reparos y advierten que las contribuciones constituyen una fuente esencial de financiamiento para servicios locales. El debate sobre este mecanismo fue precisamente el último obstáculo legislativo que debió superar la iniciativa antes de su despacho definitivo.
La rapidez con que avanzó la tramitación —menos de cuatro meses— también fue objeto de críticas por parte de la oposición, que denunció un debate parlamentario insuficiente para una reforma que modifica decenas de leyes y redefine aspectos centrales de la política tributaria, ambiental y de inversión del país. Ahora, la última palabra podría quedar en manos del Tribunal Constitucional, mientras el Ejecutivo prepara los vetos anunciados para algunos artículos incorporados durante la discusión legislativa.
FUENTES: El País; Reuters, Chócale; Resumen Latinoamericano.
