Mientras el gobierno nacional insiste en celebrar sus indicadores macroeconómicos y su narrativa de “estabilización”, la realidad en los hogares argentinos cuenta una historia demoledora. Según los últimos datos regionales para el periodo 2025-2026, el salario mínimo en Argentina ronda los míseros 233 a 253 dólares mensuales (entre AR$ 341.000 y $ 383.800), ubicando al país en el pelotón de cola de América Latina, solo por encima de Venezuela, Nicaragua y los sectores más precarizados de El Salvador.
Una vergüenza comparativa en la región
El panorama laboral latinoamericano expone profundas asimetrías, pero ninguna tan gritante como la caída libre de Argentina. Mientras el salario mínimo regional promedia los 400 dólares mensuales, naciones vecinas han logrado proteger el ingreso básico de sus trabajadores mediante ajustes inflacionarios y negociaciones colectivas. Costa Rica encabeza la lista con hasta 751 dólares, seguida por Panamá (637 USD), Uruguay (642 USD) y Chile (600 USD). Incluso México, con un aumento del 13%, supera ampliamente los 530 dólares.
Argentina, que históricamente ostentó uno de los salarios mínimos más competitivos del Cono Sur, hoy apenas alcanza el 60% del promedio regional, convirtiéndose en un caso de estudio sobre el empobrecimiento estructural de la fuerza laboral.
El retroceso histórico: de 64 a 28 kilos de asado
La comparación histórica con el cierre del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2015 es contundente y desmiente cualquier relato de “recuperación”. A mediados de 2015, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) rondaba los 4.716 pesos, lo que equivalía a unos 519 dólares al tipo de cambio oficial de la época. En términos de poder adquisitivo real, ese salario permitía adquirir cerca de 64 kilos de asado.
Bajo la administración de Javier Milei (2024-2026), ese mismo salario ha sido brutalmente licuado. Informes de centros de investigación económica, como el CIFRA-CTA, señalan que el ingreso mínimo actual apenas alcanza para comprar alrededor de 28 kilos de carne: menos de la mitad que hace una década. El valor en divisas se ha desplomado a niveles de crisis, fluctuando entre los 233 y 275 dólares, producto de una devaluación planificada y una política deliberada de licuación de ingresos en nombre de la desinflación.
El espejismo de los bonos y la informalidad
El Ejecutivo defiende su modelo alegando “ajustes escalonados trimestrales o bimestrales”. Sin embargo, estos parches no logran recuperar el terreno perdido frente a una inflación que sigue carcomiendo el valor real de la moneda. Peor aún, el ingreso total se intenta maquillar con bonos no salariales y subsidios que, como advierten la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la CEPAL, no computan para el cálculo de aguinaldos, vacaciones ni futuras jubilaciones, condenando a los trabajadores a una vejez en la pobreza.
A esta precarización legal se le suma una realidad estructural: más del 50% de la fuerza laboral en Argentina trabaja en la informalidad. Para millones de personas, este ya de por sí menguado salario mínimo es un espejismo inalcanzable, mientras sobreviven con ingresos muy por debajo de la línea de pobreza.
El costo humano de la “estabilidad”
La supuesta estabilidad macroeconómica que pregona el gobierno tiene un precio exorbitante: el vaciamiento de los bolsillos de la clase trabajadora. Argentina no solo ha retrocedido más de 10 años en poder adquisitivo, sino que ha normalizado un piso salarial indigno.
Cuando un país que fue pionero en derechos laborales en la región termina compitiendo por el penúltimo lugar con economías colapsadas o en crisis humanitaria, la pregunta deja de ser técnica y se vuelve política: ¿de qué sirve un superávit fiscal o una baja de la inflación si el trabajador no puede llegar a fin de mes? Por ahora, la respuesta del gobierno es el silencio, mientras los salarios siguen su descenso hacia el sótano
