La hija del exdictador Alberto Fujimori asumió la presidencia del Perú con un estrecho triunfo electoral y un escenario político fragmentado. Su llegada al poder reactiva el debate sobre la dictadura de los años 90, la defensa de los represores y las leyes de impunidad impulsadas por el fujimorismo. Admiradora de Javier Milei, buscará profundizar un proyecto de derecha ultraconservadora mientras enfrenta el rechazo de amplios sectores del país.
Keiko Fujimori asumió este martes la presidencia del Perú, 26 años después de la caída del régimen de su padre, Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción. La nueva mandataria llegó al Palacio de Gobierno tras imponerse por menos de medio punto porcentual al candidato progresista Roberto Sánchez, en una elección definida por una diferencia de apenas 49 mil votos y atravesada por denuncias de irregularidades en el sufragio de los peruanos residentes en el exterior.
El resultado dejó un país profundamente dividido. Aunque Fujimori logró imponerse en el cómputo nacional gracias, en buena medida, al voto del exterior, su respaldo territorial se concentra principalmente en Lima. En amplias regiones del interior, especialmente en el sur andino —una de las zonas históricamente más pobres y excluidas del país— el rechazo a su elección alcanza niveles cercanos al 80 por ciento.
El escenario que enfrenta la nueva presidenta es, por lo tanto, paradójico: el fujimorismo recupera el Poder Ejecutivo, pero lo hace sin contar con el dominio parlamentario que había construido junto a sus aliados durante los últimos años.
Un gobierno que reivindica a Alberto Fujimori
Keiko Fujimori ha declarado que gobernará siguiendo el modelo de su padre, una afirmación que despierta preocupación entre organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de la violencia estatal.
Alberto Fujimori gobernó Perú entre 1990 y 2000 y terminó su mandato en medio de una profunda crisis política. Posteriormente fue condenado por corrupción y por violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno.
La llegada de su hija al poder vuelve a poner en el centro de la escena la discusión sobre el legado de aquel régimen. El nuevo fujimorismo no reniega de su origen y, por el contrario, reivindica aspectos centrales de la política implementada durante los años 90.
Desde el Congreso, el movimiento ha promovido en los últimos años normas cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, entre ellas disposiciones que favorecen la impunidad de funcionarios involucrados en hechos de corrupción y medidas que benefician a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos.
Familiares de víctimas de la dictadura, de la violencia estatal durante el conflicto armado interno y de la represión ocurrida durante el gobierno de Dina Boluarte han advertido sobre el riesgo de una profundización del autoritarismo.
Gisela Ortiz, hermana de uno de los nueve estudiantes de la Universidad de La Cantuta secuestrados y asesinados en 1992 por el Grupo Colina, calificó el regreso del fujimorismo como una amenaza para quienes continúan reclamando verdad y justicia.
“No puede haber reconciliación cuando no hay justicia”, sostuvo Ortiz, al cuestionar el discurso de reconciliación promovido por la nueva presidenta.
Una alianza regional con Milei y la ultraderecha
La ceremonia de asunción de Keiko Fujimori reunió a varios referentes de la derecha regional. Entre ellos estuvo el presidente argentino Javier Milei, con quien la mandataria peruana mantiene una relación política cercana y cuya gestión ha presentado como un ejemplo a seguir.
Ambos mantuvieron una conversación luego de confirmarse la victoria electoral de Fujimori, en un intercambio en el que se prodigaron elogios mutuos.
La presencia de Milei en Lima se inscribe en un escenario de creciente coordinación entre gobiernos y fuerzas de derecha y ultraderecha de América Latina. También participaron representantes de otros países de la región, entre ellos Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Panamá, además del presidente uruguayo Yamandú Orsi y el rey de España, Felipe VI.
El encuentro fue interpretado como una oportunidad para profundizar la articulación política entre gobiernos conservadores de la región.
Un gabinete alineado con Washington
Un día antes de asumir, Keiko Fujimori anunció los primeros integrantes de su gabinete.
Luis Galarreta, primer vicepresidente y secretario general de Fuerza Popular, ocupará la jefatura del Consejo de Ministros. En Economía fue designado Elmer Cuba, economista de perfil neoliberal y con antiguos vínculos con el fujimorismo.
Para la Cancillería eligió al periodista Carlos Espá, excandidato presidencial del partido ultraconservador SíCreo, quien había respaldado a Fujimori en la segunda vuelta electoral. Espá también manifestó públicamente su admiración por Donald Trump.
Su trayectoria como director de comunicaciones de la embajada de Estados Unidos durante 15 años refuerza la lectura de un gobierno que buscará mantener un estrecho alineamiento con Washington.
El desafío de gobernar sin mayoría absoluta
Aunque el fujimorismo logró recuperar la presidencia, su situación parlamentaria es menos favorable que en el período anterior.
En el Senado cuenta con 22 de los 60 escaños y, junto a Renovación Popular, alcanza 30 bancas. La otra mitad está integrada por fuerzas de distinto signo que conformaron un bloque opositor.
A pesar de esa paridad, una deserción permitió que el oficialismo se quedara con la presidencia del Senado por un solo voto. El cargo quedó en manos de Miguel Torres, segundo vicepresidente de Fujimori, lo que representa una victoria estratégica para el nuevo gobierno.
En la Cámara de Diputados, sin embargo, el escenario es diferente. El oficialismo cuenta con 56 de los 130 representantes, mientras que el bloque opositor controla 74 bancas y logró quedarse con la conducción del cuerpo.
La nueva presidenta deberá, entonces, gobernar con un Parlamento donde no dispone de una mayoría automática y con amplios sectores sociales y territoriales que cuestionan su llegada al poder.
El fantasma de la represión
El retorno del fujimorismo también genera preocupación entre las víctimas de la represión ocurrida durante las protestas que siguieron a la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022.
Durante el gobierno de Dina Boluarte, las manifestaciones fueron reprimidas y dejaron decenas de muertos, especialmente en las regiones del sur andino. El fujimorismo respaldó políticamente a Boluarte y contribuyó a sostenerla durante su gestión.
Milagros Samillán, cuyo hermano fue asesinado por un disparo policial durante las protestas en Juliaca mientras asistía a una persona herida, cuestionó el regreso del fujimorismo al poder.
Para las víctimas y sus familiares, sostuvo, Keiko Fujimori representa “la impunidad y la corrupción”, además del temor a que puedan repetirse prácticas represivas del pasado.
La nueva presidenta inicia así su mandato en un país marcado por la fractura política, la memoria de la violencia estatal y una fuerte disputa por el control de las instituciones.
Con el Ejecutivo en sus manos, pero sin la mayoría parlamentaria que tuvo en el pasado, Keiko Fujimori enfrenta el desafío de consolidar un proyecto político que sus críticos consideran una continuidad del autoritarismo de su padre.
El regreso del apellido Fujimori al poder abre una nueva etapa para el Perú. Para sus seguidores, representa el retorno del orden y la mano dura. Para sus opositores y para los familiares de las víctimas, significa la posibilidad de que el país vuelva a recorrer el camino de la impunidad y el autoritarismo.
