Las estimaciones privadas anticipan una nueva aceleración impulsada por tarifas, transporte y alimentos. Informes académicos señalan que la canasta del INDEC está desactualizada y subestima el costo de vida, lo que profundiza la pérdida real del poder adquisitivo.
Este martes se conocerá el dato oficial de inflación de marzo y las proyecciones privadas coinciden en que el índice volvería a ubicarse en torno al 3% mensual, marcando una nueva aceleración en el ritmo de precios. La dinámica estaría impulsada principalmente por subas en Educación, Transporte, servicios públicos y alimentos, en un contexto donde los precios regulados vuelven a traccionar el indicador general.
Sin embargo, detrás de ese número se abre una discusión más profunda: cuánto refleja realmente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC el costo de vida actual. Distintos análisis advierten que la medición oficial podría estar subestimando la inflación efectiva que enfrentan los hogares, debido a que se basa en una canasta de consumo construida con patrones de gasto de 2004/2005, es decir, de hace dos décadas.
Según consignó el portal El Destape, el Gobierno nacional decidió a comienzos de este año postergar de manera indefinida la actualización metodológica del IPC, que implicaba incorporar datos más recientes de la Encuesta de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/2018). Esta actualización hubiera otorgado mayor peso a los servicios —actualmente uno de los principales rubros de gasto— y menor incidencia a alimentos y bebidas, alterando sensiblemente la medición.
“El IPC sigue mirando una estructura de consumo que quedó vieja”, advirtieron desde el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA-CONICET). De haberse actualizado la canasta, los servicios de vivienda y transporte —que incluyen tarifas, combustibles y boletos— tendrían mayor relevancia, captando con más precisión el impacto de los precios regulados. En ese escenario, estimaron que la inflación de 2024 habría sido ocho puntos más alta (126% en lugar de 118%).
Pero el efecto más significativo se observa en los ingresos. Un informe liderado por el economista Joaquín Waldman recalculó la evolución salarial con ponderadores actualizados y concluyó que la pérdida del poder adquisitivo es mayor a la que muestran las cifras oficiales. La caída respecto del primer semestre de 2023 pasa de -10% a -13%, con un deterioro más marcado en el sector privado (-7% en lugar de -4%) y en el sector público (-24% frente a -21%).
En paralelo, la actualización metodológica también impactaría en la medición de la pobreza, al elevar el peso de los servicios en la Canasta Básica Total. “El nuevo IPC habría captado un mayor deterioro de los ingresos reales en los últimos dos años”, sostiene el informe.
El escenario complica además la política salarial del Gobierno, que busca reinstalar un techo del 2% en las paritarias. Según el economista Federico Pastrana (consultora C-P), tras un período en el que los acuerdos superaban la pauta oficial, actualmente predomina un esquema de aumentos por debajo de ese umbral complementados con sumas fijas.
Casos como Camioneros y Comercio reflejan esa tendencia. Mientras el primero combina subas proporcionales con compensaciones trimestrales, el segundo acordó a comienzos de año un esquema basado exclusivamente en sumas fijas —$60.000 en el primer trimestre— que derivó en una fuerte pérdida del poder adquisitivo. La reciente revisión paritaria fijó incrementos del 2% en abril y 1,5% en mayo y junio, más un adicional de $20.000.
“Sin una desaceleración fuerte de la inflación —escenario hoy muy improbable— los salarios profundizarán su caída”, advirtió Pastrana.
Los datos del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETYD-UNSAM) confirman la tendencia: en los primeros meses de 2026, los salarios del sector privado registrado quedaron rezagados frente a la inflación. En enero subieron 1,7% y en febrero 0,8%, mientras que los precios avanzaron 2,9% en ambos meses. Para marzo, los aumentos proyectados (2,3%) también quedarían por debajo de las expectativas inflacionarias del REM-BCRA (3%).
A esto se suma el deterioro de otros ingresos. Las jubilaciones mínimas se ven afectadas por el congelamiento del bono de $70.000, mientras que el cierre del programa Volver al Trabajo impactará en unos 900 mil beneficiarios que percibían $78.000 mensuales, monto que permanece sin actualización desde hace dos años.
En cuanto a los precios, el proceso de desinflación iniciado en 2025 muestra señales de agotamiento. Desde el IIEP destacaron que las tarifas de servicios públicos registraron aumentos interanuales del 46% en marzo, creciendo cerca de un 10% en términos reales. Este comportamiento no solo impulsa los precios regulados, sino que también presiona sobre la inflación núcleo a través de mayores costos de producción y comercialización.
El contexto internacional agrega incertidumbre. La escalada del conflicto en Medio Oriente elevó las expectativas de inflación global y podría trasladarse a la economía local vía precios de la energía. Aunque un eventual aumento del petróleo mejora el ingreso de divisas, también complica el proceso de desinflación.
Por su parte, un informe del Banco Provincia señaló que entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 se consolidó un escenario atípico: el tipo de cambio real se apreció más de 15% mientras los salarios formales acumularon caídas significativas. En ese período, el poder adquisitivo de los trabajadores registrados habría retrocedido alrededor de un 6%, en un contexto donde la inflación volvió a acelerarse hacia niveles del 3%.
“Estamos frente a una anomalía para la economía argentina: apreciación cambiaria con caída del salario real”, indicaron desde la entidad. Y advirtieron que, sin acceso a financiamiento externo —con vencimientos por USD 17.500 millones en los próximos doce meses—, el escenario podría derivar en una depreciación cambiaria acompañada de más inflación y un mayor deterioro de los ingresos.
En ese marco, el dato de inflación de marzo no solo será una referencia coyuntural, sino también un termómetro de un problema más estructural: la creciente desconexión entre las estadísticas oficiales y el costo de vida que enfrentan los hogares.
