La superpoblación de cotorras —o catas— y de otras especies como el loro barranquero se ha convertido en una de las mayores amenazas para la producción frutícola del Valle de Río Negro y Neuquén. Lo que hace una década era un problema localizado y relativamente manejable hoy constituye una crisis que provoca pérdidas millonarias y compromete la sustentabilidad del sistema productivo regional. Los ataques sobre cultivos de pepita, carozo, frutos secos y vid se intensifican año tras año, mientras la ausencia de una política integral agrava un escenario cada vez más crítico.
El fenómeno no es exclusivo de la Patagonia. La cotorra argentina se ha transformado en una especie invasora a escala global, expandiéndose desde Sudamérica hacia Europa, América del Norte y otras regiones. Su impacto incluye daños agrícolas, deterioro de infraestructura, desplazamiento de fauna nativa y riesgos sanitarios. Países como España, Chile y la propia Argentina implementan acciones que van desde la esterilización hasta la captura y sacrificio, medidas que suelen generar controversias éticas y desafíos ecológicos.
En el Alto Valle, las consecuencias son concretas y visibles. Esta semana, un productor de Cipolletti expuso públicamente el daño que sufrió en un lote de manzana Pink Lady. “Impotencia. Eso es lo que siento”, expresó al mostrar frutas parcialmente destruidas. Según detalló, la pérdida en ese sector ronda entre el 30% y el 35%, a pesar de que el raleo manual ya había sido realizado. La chacra afectada —La Esperanza, ubicada cerca del Tercer Puente— pertenece a Martín Meo, quien advierte que la situación se replica en toda la región.
“Sería muy importante poder reunirnos con los intendentes de la región para comentarles esta problemática e intentar trabajar en conjunto para llevar adelante una política activa de control”, señaló Meo en diálogo con +P. Su planteo refleja el reclamo generalizado de los productores: sin coordinación interinstitucional, la plaga avanza sin freno. “Solos no podemos y la plaga avanza destruyendo nuestra producción”, agregó.
En el plano individual, las estrategias son tan diversas como insuficientes: desde el retiro de nidos con motosierras hasta espantapájaros improvisados. Los especialistas coinciden en que estas medidas aisladas no modifican la dinámica poblacional de la especie. Debido a sus hábitos gregarios, su capacidad reproductiva —cada hembra pone entre cuatro y cinco huevos por temporada— y la construcción de nidos comunales gigantes, la cotorra progresa con rapidez y se vuelve inmanejable si no hay acciones coordinadas y sostenidas.
Mientras que el loro barranquero suele provocar daños puntuales, la cata opera de manera más destructiva y versátil: comienza por el maíz y luego avanza hacia yemas florales, frutos recién cuajados y fruta en desarrollo. Su ataque va desde la flor hasta la madurez, comprometiendo todas las etapas productivas. “Es un desastre que genera pérdidas millonarias”, advierten los técnicos del sector.
El problema también tiene aristas sanitarias. La presencia masiva de cotorras incrementa la exposición a psitacosis, una enfermedad que, si bien no circula de manera endémica, puede originar brotes vinculados al contacto con aves infectadas. Expertos subrayan la necesidad de protocolos claros y medidas preventivas.
La expansión de estas aves responde a múltiples factores: la liberación de mascotas exóticas, su alta adaptabilidad a entornos urbanos y rurales, y la construcción de nidos enormes que facilitan la reproducción y la protección de las colonias. Por ello, los especialistas insisten en que la prevención es más eficaz y menos costosa que cualquier intento de erradicación cuando la especie ya está instalada.
Entre las acciones recomendadas figuran la regulación estricta de la venta y tenencia de aves exóticas; el monitoreo permanente de áreas urbanas y agrícolas; la conformación de brigadas especializadas para el retiro de ejemplares en libertad; campañas de educación ambiental; y la articulación entre municipios, cámaras de productores, instituciones científicas y organismos provinciales.
En un contexto de márgenes de rentabilidad cada vez más ajustados, un daño del 10% al 30% puede determinar la continuidad o el abandono de una chacra. Por eso, la demanda del sector es unánime: se necesitan políticas públicas integrales, regionales y sostenidas en el tiempo. Mientras tanto, en las chacras del Alto Valle, los frutos dañados vuelven a contar la misma historia: una plaga que avanza, productores que se sienten solos y una urgencia que ya no admite más demoras.
Con información de “El Cronista”, Más Producción, La Mañana del Neuquén
