Mientras avanza la reestructuración de Casa de Moneda, el BCRA abrió una contratación internacional para fabricar billetes por un valor nominal de 8 billones de pesos. Legisladores y gremios cuestionan la decisión y reclaman explicaciones sobre los costos y el futuro de la empresa estatal.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) abrió una licitación internacional para la impresión de 400 millones de billetes de 20.000 pesos, una operación que representa una emisión nominal de 8 billones de pesos y que reavivó el debate sobre el futuro de Casa de Moneda, la empresa estatal históricamente encargada de fabricar el dinero circulante del país.
De acuerdo con la información publicada por el portal La Política Online, la contratación prevé la entrega escalonada de los billetes entre abril y agosto de 2027. El pliego establece que las empresas adjudicatarias deberán entregar el material terminado en Buenos Aires bajo la modalidad internacional CIP, que incluye transporte y seguro hasta destino, un esquema habitualmente utilizado para imprentas extranjeras especializadas en moneda de seguridad.
La decisión genera controversia porque, según recuerdan distintos sectores, hace menos de un año el Gobierno nacional ratificó mediante un decreto que una de las funciones centrales de Casa de Moneda es la fabricación de billetes para el Estado.
En paralelo, la empresa atraviesa un profundo proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La reorganización incluyó despidos, retiros voluntarios y la paralización de distintas áreas productivas, medidas que desde los gremios califican como un “vaciamiento” de la compañía.
Frente a este escenario, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que el ministro de Economía, Luis Caputo, y las autoridades del Banco Central expliquen las razones que llevaron a optar por una contratación internacional en lugar de utilizar la capacidad instalada de la empresa estatal.
Entre los puntos planteados, el legislador solicitó conocer si Casa de Moneda fue consultada o evaluada para participar de la producción de los billetes y reclamó que se hagan públicos los estudios comparativos de costos, plazos de entrega y capacidad operativa que habrían fundamentado la decisión.
Paulón también puso el foco en el aspecto económico de la medida. Según argumentó, si el Gobierno exige a los legisladores detallar las fuentes de financiamiento y el impacto fiscal de sus proyectos, también corresponde esclarecer si la impresión en el exterior representa un ahorro para el Estado o si, por el contrario, implica un gasto superior para el Tesoro.
Además, el pedido de informes requiere datos sobre la cantidad de trabajadores alcanzados por retiros voluntarios, despidos o jubilaciones desde el inicio de la actual gestión y consulta si existe un plan para discontinuar definitivamente la impresión de moneda por parte de Casa de Moneda.
La polémica se desarrolla en un contexto de fuerte crisis para la empresa estatal, agravada luego de que el Banco Central rescindiera los contratos de fabricación de billetes que representaban más del 90% de sus ingresos. Esa decisión dejó a la compañía en una situación financiera crítica y aceleró el proceso de reconversión impulsado por la administración libertaria.
A las críticas se suman cuestionamientos sobre los costos reales de la operatoria. Fuentes vinculadas a Casa de Moneda señalaron que la licitación internacional contempla únicamente la producción y el traslado de los billetes hasta Buenos Aires, pero no incluiría otros gastos derivados de la logística de seguridad necesaria para transportar el dinero desde el puerto o aeropuerto hasta los depósitos donde finalmente se almacena.
“Los distintos gobiernos aseguraron siempre que imprimir afuera era más caro justamente por esos costos adicionales. Ahora se sostiene que resulta más económico traerlos del exterior que fabricarlos en el país”, señalaron fuentes gremiales citadas por La Política Online.
La contratación internacional y el futuro de Casa de Moneda se perfilan así como un nuevo foco de debate entre el Gobierno, la oposición y los trabajadores del organismo, en medio de la redefinición del rol del Estado en áreas consideradas estratégicas.
