Tras el archivo de la denuncia administrativa, el legislador sostiene que el organismo de control se limitó a convalidar la versión del Ejecutivo sin producir pruebas propias. El caso vuelve a poner bajo la lupa una operación que comenzó con una compra cuestionada en 2022 y concluyó con la venta del Cessna Citation V Ultra mediante un inédito sistema de pago en especie.
La decisión de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de archivar la denuncia presentada por el legislador provincial Luciano Delgado Sempé por la venta del avión sanitario de la Provincia reabrió uno de los expedientes políticos y administrativos más controvertidos de los últimos años en Río Negro.
Lejos de dar por terminado el debate, el parlamentario cuestionó con dureza la resolución del organismo de control y sostuvo que la investigación nunca existió.
“No es una resolución producto de una investigación, sino de la decisión de no investigar”, afirmó.
Para Delgado Sempé, la FIA evitó analizar los aspectos centrales de la denuncia y se limitó a respaldar los argumentos elaborados por el propio Gobierno provincial.
“La Fiscalía no analizó ninguno de los puntos centrales de la denuncia. No pidió pruebas independientes, no realizó pericias propias, no convocó al denunciante para ampliar la presentación y simplemente aceptó la versión del Ejecutivo denunciado”, sostuvo.
Los cuatro puntos que, según el legislador, nunca fueron investigados
La presentación administrativa formulada por Delgado Sempé cuestionaba cuatro aspectos específicos de la operación:
- el precio de venta del avión;
- la modalidad de pago mediante vuelos sanitarios;
- el costo que la Provincia continúa abonando por los vuelos vacíos desde y hacia Buenos Aires;
- la transparencia del procedimiento licitatorio.
“Nada de eso fue investigado”, aseguró.
Uno de los ejes de la crítica apunta a la diferencia entre el valor económico anunciado oficialmente y el costo efectivo que terminaría afrontando la Provincia.
Según explicó el legislador, el debate nunca estuvo centrado únicamente en cuánto valía el avión.
“La discusión nunca fue si el avión costaba 2,6 millones de dólares, sino si la Provincia realmente recibió ese valor.”
En ese sentido sostuvo que el Gobierno presentó la operación como una venta equivalente a vuelos sanitarios, pero omitió informar que la Provincia continúa pagando costos operativos adicionales.
“El Gobierno anunció que vendía el avión a cambio de vuelos sanitarios, pero ocultó que también les cobra a los rionegrinos los costos operativos y los vuelos vacíos que el avión realiza desde y hacia Buenos Aires. Esa diferencia económica jamás fue analizada por la FIA.”
Críticas al archivo del expediente
Otro de los cuestionamientos del legislador apunta a que la Fiscalía habría utilizado un error formal de la denuncia para justificar el archivo.
“Si faltaba información, la obligación de la Fiscalía era pedirla e investigar, no cerrar el caso. Un organismo de control no puede esconder su inacción detrás de un error de transcripción.”
Delgado Sempé también cuestionó la independencia del organismo.
“Toda la resolución se basa en informes elaborados por el propio Gobierno. La FIA no produjo una sola prueba independiente. Cuando un organismo de control se limita a validar los papeles del Ejecutivo, deja de controlar y pasa a defender al poder.”
Finalmente sostuvo que continuará impulsando el tema.
“Los rionegrinos merecen saber si la venta del avión fue realmente conveniente para la Provincia o para otros intereses. Esa respuesta la FIA decidió no buscarla. Nosotros no vamos a dejar de exigirla.”
Duras críticas contra la titular de la FIA
Las declaraciones más fuertes estuvieron dirigidas a la titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
“Se ve que la doctora Cardell habla de pesca porque hace dos años que está de vacaciones en la Fiscalía. En lugar de investigar los actos del Gobierno, decidió archivarlos.”
Y agregó:
“Se nota demasiado el cambio de rol de Cardell. Pasó de ser asesora de Juntos Somos Río Negro a tapar los negocios de JSRN. Los organismos de control están para controlar al poder, no para protegerlo.”
Una historia que comenzó con una compra polémica
La controversia alrededor del Cessna Citation V Ultra no comenzó con su venta.
En 2022, durante la gestión de la entonces gobernadora Arabela Carreras, la Provincia adquirió la aeronave matrícula LV-KFB con el objetivo de fortalecer el sistema de traslados sanitarios.
La operación demandó aproximadamente 4,2 millones de dólares entre el precio de compra y gastos asociados.
Posteriormente comenzaron a surgir cuestionamientos sobre el procedimiento administrativo y el valor pagado.
El Tribunal de Cuentas provincial detectó irregularidades en el expediente de adquisición y aplicó sanciones administrativas a tres exfuncionarios intervinientes.
Las observaciones incluyeron:
- deficiencias en el procedimiento de contratación;
- insuficiente fundamentación del precio abonado;
- diversas irregularidades administrativas.
Esas sanciones, sin embargo, no implicaron condenas penales ni una declaración de ilegalidad de la compra.
El cambio de Gobierno y la decisión de vender
Con el regreso de Alberto Weretilneck a la Gobernación, la nueva administración ordenó una auditoría técnica y económica sobre la aeronave.
El informe oficial sostuvo que el avión había realizado apenas 40 vuelos sanitarios, recorrido unos 82.500 kilómetros y generado costos operativos cercanos a los cinco millones de dólares.
Según el Ejecutivo, el costo por kilómetro superaba ampliamente el de contratar vuelos privados, mientras que el mantenimiento futuro demandaría inversiones superiores a los 845.000 dólares.
A ello se sumaban, según el Gobierno, dificultades operativas derivadas de la falta de habilitación RAAC 135 y de pilotos con experiencia suficiente para operar regularmente la aeronave.
Con esos argumentos, en abril de 2024 el Gobierno anunció la venta tanto del Citation Ultra como del Piper Azteca.
Una licitación sin interesados y una segunda convocatoria
La primera licitación pública fijó un precio base de 2,5 millones de dólares.
El procedimiento quedó desierto por falta de oferentes.
En una segunda convocatoria apareció un único interesado: Aerovida S.A., cuya oferta de aproximadamente 2,6 millones de dólares fue aceptada por la Provincia.
El aspecto más discutido: el pago en especie
La particularidad de la operación radicó en que la Provincia no recibiría dinero.
En cambio, Aerovida cancelaría el precio mediante la prestación futura de vuelos sanitarios, horas de vuelo y disponibilidad permanente de la aeronave.
El contrato fijó un valor de referencia de 5,60 dólares por kilómetro recorrido.
Precisamente sobre ese mecanismo gira buena parte de la discusión política.
Mientras el Gobierno sostiene que la modalidad estaba prevista en el pliego licitatorio y resulta económicamente conveniente, Delgado Sempé afirma que el verdadero costo para el Estado nunca fue calculado porque la Provincia continúa abonando gastos adicionales que reducen el beneficio económico de la operación.
Qué resolvió la FIA
Luego de analizar la presentación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar irregularidades administrativas.
Entre sus principales argumentos sostuvo que:
- la modalidad de pago estaba prevista en el procedimiento licitatorio;
- el valor asignado al kilómetro de vuelo resultaba técnicamente razonable;
- no pudo acreditarse un perjuicio patrimonial para la Provincia.
Por ello resolvió archivar el expediente.
El debate jurídico sigue abierto
Desde el punto de vista legal, el archivo dispuesto por la FIA tiene efectos exclusivamente administrativos.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas controla la legalidad de los actos de la administración pública, pero no posee facultades para determinar responsabilidades penales.
Por esa razón, la decisión de archivar la denuncia no impide que, si aparecieran nuevos elementos de prueba o indicios de delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, administración fraudulenta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, el Ministerio Público Fiscal pueda iniciar una investigación penal independiente.
En términos jurídicos, el archivo administrativo no produce cosa juzgada en materia penal.
Una controversia que permanece abierta
Hasta el momento no existe ninguna resolución judicial que haya declarado ilegal la compra realizada en 2022 ni la venta concretada en 2024.
La adquisición del Citation Ultra sí fue objeto de observaciones administrativas y sanciones del Tribunal de Cuentas respecto del procedimiento seguido por la gestión anterior.
La venta, por su parte, terminó con el archivo de la denuncia administrativa presentada por Delgado Sempé, aunque el legislador insiste en que la investigación fue insuficiente y sostiene que aún quedan interrogantes sin responder.
Entre ellos menciona el verdadero valor económico recibido por la Provincia, la razonabilidad del sistema de pago mediante servicios futuros, los costos adicionales asumidos por el Estado y la transparencia del proceso licitatorio.
En ese contexto, el expediente administrativo puede haber quedado cerrado, pero el debate político sobre una de las operaciones patrimoniales más significativas de los últimos años en Río Negro continúa abierto y promete seguir generando controversias.
