Siete mujeres indígenas caminaron 2.000 kilómetros desde la Puna jujeña hasta Buenos Aires para denunciar el despojo territorial, la contaminación y la persecución estatal. Lejos de ser un hecho aislado, su travesía expone la continuidad de las políticas de exterminio y desplazamiento contra los pueblos originarios, ahora ejecutadas con la complicidad del poder político y las corporaciones mineras.
Hace casi 150 años, el Estado argentino consumaba el genocidio de los pueblos originarios bajo la sangrienta “Campaña al Desierto” de Julio Argentino Roca, con el objetivo de “vaciar” el territorio para entregarlo a los estancieros. Hoy, el sable ha sido reemplazado por la dinamita, las palas mecánicas y los decretos de necesidad y urgencia, pero el objetivo es exactamente el mismo: despojar a los pueblos originarios de sus tierras para entregarlas al capital extractivo.
En una denuncia contundente contra esta continuidad histórica del etnocidio, siete mujeres del Kollasuyu —las Warmikuna, que en quechua significa “mujeres”— llegaron a la Ciudad de Buenos Aires tras recorrer casi 2.000 kilómetros. Su marcha, iniciada el 3 de agosto en Rinconada (Jujuy), a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, atravesó seis provincias (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe) hasta pisar la capital del poder político el pasado domingo 30 de agosto. No vinieron a pedir favores; vinieron a escrachar a un Estado que las persigue, las desaloja y envenena su agua.
Las guardianas de la Pachamama frente al saqueo
Las Warmikuna no son una ONG ni un grupo de presión convencional. Son mujeres de naciones preexistentes del Kollasuyu, guardianas de la producción campesina, las semillas, los animales y los saberes transmitidos por generaciones. Para ellas, la defensa de la tierra es una cuestión espiritual: la Pachamama es un ser vivo con el que mantienen una relación de reciprocidad. “Poner el cuerpo” en esta caminata fue un acto de supervivencia cultural frente a un modelo de muerte.
Entre las referentes de esta epopeya se encuentra Florencia Solís, de la Comunidad Aborigen de Puya Puya, en la Laguna de Pozuelos. Su presencia en la marcha es un recordatorio de que el Estado argentino mantiene una deuda de sangre y territorio que las leyes de papel no pueden ocultar.
Humedales en agonía y territorios vendidos
El epicentro de la denuncia es la Laguna de Pozuelos, un humedal de importancia internacional (sitio Ramsar) que el Estado y las empresas mineras condenan a la asfixia. Las Warmikuna señalaron la grave sequía y los devastadores impactos de los emprendimientos mineros de Pan de Azúcar, Pirquitas y Chinchillas. Los pasivos ambientales de estas empresas envenan el agua y la tierra, destruyendo las condiciones de vida del ganado y las familias puneñas, sin que exista ningún plan de remediación real por parte de un Estado ausente o, peor aún, cómplice.
Pero el hambre de las corporaciones no tiene límites. Las mujeres denunciaron la existencia de más de 175 pedimentos mineros y cateos que avanzan como una mancha de aceite sobre la Puna, la Quebrada y los Valles. El gobierno nacional y provincial, en una clara muestra de desprecio por la vida, permiten que estos proyectos avancen violando flagrantemente el Convenio 169 de la OIT, que exige la consulta previa, libre e informada. Para el Estado, los pueblos originarios son un “estorbo” burocrático en el camino de la renta extractiva.
La persecución y el desalojo como política de Estado
La falta de títulos de propiedad comunitaria es el arma legal que el Estado utiliza para consumar el despojo. En Jujuy, de las aproximadamente 300 comunidades originarias, menos de un tercio cuenta con títulos de propiedad comunitaria. Esta vulnerabilidad jurídica es deliberada: deja a las familias a merced de desalojos, amenazas y procesos judiciales orquestados para liberar tierras para la minería y los negocios inmobiliarios.
Lo que las Warmikuna denuncian es la materialización de una política de persecución que recuerda a las peores épocas de la campaña militar de Roca. El Estado no reconoce; el Estado desaloja. No garantiza; el Estado criminaliza.
Del Malón de la Paz al abandono histórico
Tras pasar por la Casa de Gobierno de Jujuy, la Legislatura provincial, y tejer redes de solidaridad con la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tafí y Amaicha del Valle (Tucumán), las caminantes llegaron a Rosario y finalmente a Buenos Aires.
Su punto de encuentro no fue casual: el Parque de los Andes, en Chacarita, frente al monumento al Malón de la Paz de 1946. El simbolismo es demoledor. Hace 80 años, los pueblos originarios caminaron hasta Buenos Aires para reclamar sus tierras y fueron recibidos con la indiferencia de un gobierno que los deportó de vuelta al norte. Hoy, las Warmikuna se encontraron con el mismo muro de cinismo. Las reuniones con el Gobierno nacional, el Congreso y un INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) que brilla por su inoperancia, solo sirvieron para confirmar que las instituciones están diseñadas para administrar el conflicto y no para garantizar derechos.
“El agua no es mercancía, la tierra no se vende”
A lo largo de las seis provincias, la consigna de las Warmikuna fue un grito de guerra contra el extractivismo: “El agua no es mercancía”. En regiones extremadamente áridas como la Puna, la minería intensiva no solo contamina; seca la vida misma. Permitir estos proyectos sin las comunidades es dictar una sentencia de muerte para los pueblos andinos.
Tras casi un mes de caminata, de ampollas, de frío y de esperanza, las siete mujeres del Kollasuyu dejaron un mensaje que debería avergonzar a cada funcionario público, a cada legislador y a cada juez del país: Los territorios indígenas no son zonas de sacrificio.
Mientras el Estado argentino siga celebrando el “desarrollo” que desplaza, envenena y desaloja a los dueños originarios de esta tierra, la Campaña al Desierto no será un capítulo cerrado de los libros de historia. Seguirá ocurriendo, todos los días, en los tribunales que ordenan desalojos, en las secretarías de minería que firman permisos y en el silencio cómplice de una sociedad que mira hacia otro lado. Las Warmikuna caminaron 2.000 kilómetros para recordarnos que la resistencia indígena sigue intacta, y que la Pachamama no se rinde.
