Con movilización social y respaldo político amplio, la ciudad petrolera vuelve a plantarse frente al nuevo esquema de distribución impulsado por Río Negro, que podría recortar más del 30% de sus ingresos.
Catriel volvió a encender las alarmas y no parece dispuesta a ceder en silencio. La discusión por el reparto de las regalías petroleras —que el gobierno provincial busca redefinir— ya dejó de ser un debate técnico para convertirse en un conflicto político de alto voltaje, con una comunidad movilizada y una dirigencia que, más allá de las diferencias partidarias, empieza a cerrar filas en defensa de los recursos locales.
El malestar no es nuevo, pero se profundiza. A comienzos de mes, la intendenta Daniela Salzotto logró reunir a una amplia convocatoria de vecinos, dirigentes, gremios y referentes políticos —incluida la exintendenta María Rosa Iémolo— en una reunión abierta donde se expuso el impacto del nuevo esquema. Según los cálculos oficiales, Catriel podría perder más del 30% de los ingresos que hoy percibe por regalías, un golpe que no sólo afectaría las cuentas municipales, sino también el entramado económico de la ciudad.
En ese contexto, la concejal oficialista Carolina Piris volvió a poner el tema en agenda con un mensaje que no esquiva la confrontación. “¿Solidaridad provincial… o confiscación?”, disparó, sintetizando el clima que se respira en la ciudad. Su planteo va más allá de la coyuntura: apunta a lo que considera una lógica histórica de la Provincia frente a Catriel. “Cuando las cuentas no cierran en Viedma, la respuesta parece ser siempre la misma: venir por lo nuestro”, sostuvo.
El eje del conflicto es claro. El nuevo sistema de distribución —basado en producción acumulada, cercanía geográfica y cantidad de pozos— es presentado por la Provincia como una fórmula técnica, pero desde Catriel lo leen como una decisión política con consecuencias concretas: menos recursos para una ciudad que, desde hace décadas, sostiene buena parte de la matriz energética rionegrina.
Y ahí es donde el discurso se endurece. Piris lo plantea sin matices: “No es redistribución, es un recorte directo a la autonomía de nuestra ciudad”. La afirmación no es menor. En términos políticos, implica cuestionar la legitimidad del criterio provincial y ubicar la discusión en el terreno del federalismo interno, un concepto que en los papeles suena equilibrado, pero que en la práctica —según denuncian— termina castigando a los municipios productores.
La intendenta Salzotto ya había marcado esa línea durante el encuentro comunitario. “Esto no se trata solamente de números, sino del presente y del futuro de nuestra comunidad”, afirmó, recordando que Catriel “nació, creció y se desarrolló al calor de la industria petrolera”. Su reclamo apunta a un reconocimiento concreto de ese aporte histórico, algo que, según advierte, no está reflejado en la propuesta actual.
El trasfondo agrega más tensión. Desde el municipio cuestionan la falta de diálogo previo por parte del gobierno provincial y no descartan avanzar por vías administrativas o judiciales si la iniciativa prospera. Es decir, el conflicto podría escalar más allá del plano político y trasladarse a los tribunales.
A esto se suma un argumento que en Catriel resuena con fuerza: las regalías no son un beneficio discrecional, sino una compensación por la explotación de recursos no renovables. “Se extraen, se van… y no vuelven”, planteó Piris, al tiempo que enumeró una serie de deudas pendientes: pozos abandonados, pasivos ambientales y falta de inversiones estructurales.
En ese marco, la idea de resignar recursos vuelve a aparecer como un límite difícil de aceptar, sobre todo si se recuerda —como lo hizo Iémolo— que la ciudad ya cedió un 20% de participación en el pasado en nombre de la solidaridad provincial. Hoy, ese antecedente funciona más como advertencia que como ejemplo.
El cierre de la reunión comunitaria dejó una señal política contundente: distintos sectores firmaron un acta de respaldo a la gestión municipal y a la defensa del 60% de las regalías que actualmente percibe Catriel. No es un dato menor. En una ciudad atravesada por la actividad petrolera, tocar ese porcentaje equivale a tocar el corazón de su economía.
La pregunta que sobrevuela ahora es hasta dónde está dispuesto a llegar cada actor. Porque mientras en Viedma se habla de “reordenamiento” y “criterios técnicos”, en Catriel la lectura es otra: que una vez más, cuando hay que ajustar, el peso recae sobre quienes producen. Y esta vez, al menos por ahora, no parecen dispuestos a aceptarlo.
