Mientras los reclamos vecinales por la falta de agua se multiplican, el Ejecutivo municipal decidió vetar la ordenanza de Emergencia Hídrica aprobada por el Concejo Deliberante, en una maniobra que expone tozudez política, contradicciones internas y una negativa inexplicable a utilizar una herramienta institucional que le habría permitido al propio intendente descomprimir la creciente presión social.
En una nueva muestra de un accionar errático y desconectado de la realidad cotidiana de los vecinos, el Poder Ejecutivo Municipal de 25 de Mayo vetó la ordenanza de Emergencia Hídrica sancionada el 15 de enero por mayoría simple en el Concejo Deliberante, pese a que —de manera llamativa— al día siguiente había convocado a sesiones extraordinarias para tratar un proyecto propio que declaraba exactamente la misma emergencia. Hoy, el Ejecutivo desconoce ambos caminos y sostiene que la emergencia es innecesaria porque “todo ya se está haciendo”.
El argumento oficial choca de frente con la realidad: si todas las medidas que la ordenanza contemplaba ya están vigentes, ¿cómo se explica el reclamo constante de vecinos que siguen sin acceso regular al agua potable y que solo encuentran respuesta —cuando la hay— a través de quejas airadas en redes sociales? La negación de la emergencia no resuelve el problema, lo invisibiliza.
Lejos de aportar claridad, el veto firmado el 28 de enero (Resolución 0052/2026) se apoya en una extensa justificación administrativa y legal que, en los hechos, confirma lo contrario de lo que intenta demostrar. El Ejecutivo reconoce “dificultades en el sistema de provisión de agua potable”, admite falencias estructurales, problemas de presión, picos de consumo e infraestructura obsoleta, pero aun así considera que declarar la emergencia sería “redundante, innecesario y meramente declarativo”.
Sin embargo, la ordenanza vetada no interfería con las acciones en curso: las complementaba. La emergencia no era un gesto simbólico sino una herramienta política y administrativa para garantizar cobertura universal, certeza para los vecinos afectados y un marco de control institucional. Declarar la emergencia hubiera significado asumir formalmente la gravedad de la situación y ordenar prioridades. Justamente lo que el Ejecutivo evita.
Uno de los argumentos centrales del veto es la supuesta imposibilidad de disponer de recursos por la falta de aprobación del presupuesto. Pero la propia ordenanza es clara: los gastos debían imputarse al presupuesto vigente, no a uno futuro. Además, proponía convocar a la Mesa Local de Responsabilidad Social Empresarial para sumar aportes privados en un contexto excepcional. Nada de eso fue refutado de manera concreta.
El trasfondo político agrava el cuadro. El 15 de enero, en sesión extraordinaria solicitada por los bloques del Movimiento Popular Veinticinqueño y la UCR, se aprobaron las ordenanzas de Emergencia Hídrica y Emergencia Laboral. Hubo solo dos votos negativos (Juntos por el Cambio) y una abstención. Un día después, el propio Ejecutivo convocó a otra sesión para tratar un proyecto idéntico, que en un mismo movimiento declaraba la emergencia y derogaba lo aprobado. Una maniobra difícil de explicar si no es desde la lógica del control político y la negación del rol del Concejo.
Más aún: el proyecto del Ejecutivo pretendía habilitar el uso de recursos públicos sin brindar información técnica, sin detallar materiales, obras ni plazos. Exactamente lo que hoy dice tener planificado, pero que nunca informó formalmente y que la ordenanza vetada sí exigía mediante un plazo concreto de 72 horas para rendir cuentas.
El veto no libera al Ejecutivo de responsabilidades: las expone. Rechazar la emergencia no hace desaparecer la crisis hídrica ni el malestar social; solo deja a los vecinos sin una herramienta institucional clara y al municipio sin un marco de transparencia y control. La emergencia no era una amenaza para el intendente, era una salida política. Eligió no tomarla.
En tiempos de escasez, la obstinación también es una forma de abandono. Y cuando falta el agua, sobra la excusa.
