El Gobierno dice defender la soberanía, pero sus anuncios dejan más preguntas que respuestas
El presidente Javier Milei presentó en cadena nacional lo que definió como una nueva política de su Gobierno respecto de las Islas Malvinas. Sin embargo, detrás de la retórica soberanista comienzan a aparecer contradicciones que ponen en duda la consistencia de la estrategia oficial.
Las principales objeciones no provienen solamente de una discusión sobre el pasado político del Presidente y sus conocidas posiciones anteriores respecto de la cuestión Malvinas. El problema, ahora, está en los propios argumentos utilizados por el Gobierno para justificar sus nuevas medidas.
La primera contradicción aparece alrededor de la explotación petrolera.
Durante la cadena nacional del jueves 3, Milei afirmó que su Gobierno había logrado determinar que las petroleras Navitas y Rockhopper comenzarían a extraer petróleo en los próximos meses. Sin embargo, según los datos difundidos sobre el proyecto, ambas compañías habían anunciado públicamente el 8 de diciembre su decisión final de avanzar con la explotación y habían establecido marzo de 2028 como fecha prevista para obtener el denominado “primer petróleo”.
Más aún: los planes de las compañías no eran precisamente un secreto. Ya en marzo de 2023 habían presentado públicamente una hoja de ruta que incluía plazos, inversiones y estimaciones de producción.
La pregunta resulta inevitable: ¿qué información secreta necesitaba el Gobierno para “descubrir” un proyecto que las propias empresas habían anunciado públicamente varios años antes?
La cuestión adquiere todavía mayor relevancia porque, de acuerdo con los datos aportados, el Gobierno habría utilizado esos supuestos informes secretos como argumento para plantear un incremento del presupuesto de la SIDE.
La segunda contradicción tiene que ver con las empresas de servicios petroleros.
El Gobierno atribuyó a su política sobre Malvinas el anuncio de cuatro grandes compañías internacionales —SLB, Halliburton, Baker Hughes y DLS Archer— de que no participarían en la producción de petróleo en el archipiélago.
Pero existe un dato que modifica sustancialmente esa interpretación: esas empresas no habían sido contratadas por Navitas y Rockhopper para realizar las tareas de exploración o explotación. Las petroleras habían recurrido a otras compañías.
En consecuencia, difícilmente pueda presentarse como un éxito de la política oficial una decisión adoptada por empresas que, según los datos disponibles, ni siquiera estaban involucradas en el proyecto petrolero que el Gobierno dice haber frenado.
Una vara para algunos, otra para los amigos
La tercera cuestión es todavía más incómoda para el Gobierno.
El lunes 7, el Ejecutivo presentó una denuncia penal contra Navitas, varias de sus subsidiarias y otras compañías petroleras que poseen licencias de exploración en las proximidades del yacimiento Sea Lion.
La ofensiva podría parecer contundente si no fuera porque existen otras empresas vinculadas comercialmente con las islas y, al mismo tiempo, con negocios en territorio argentino que, según los datos aportados, no han sido señaladas por el Gobierno de Milei.
Uno de los casos mencionados es el de Harbour Energy, anteriormente Premier Oil, una compañía de capitales británicos que fue sancionada por la Argentina en 2013 por actividades de exploración petrolera en Malvinas. La empresa participa actualmente, con un 15%, en una iniciativa destinada a transportar gas de Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro para su posterior licuefacción y exportación.
Otro caso es Starlink, la compañía de comunicaciones satelitales de Elon Musk, empresario de estrecha relación con Milei. La empresa presta servicios en las islas y es utilizada tanto por las autoridades locales como por la población. También se ha señalado que podría brindar servicios a las compañías petroleras durante las operaciones de extracción.
El caso de Bluewater resulta particularmente significativo: según los datos aportados, esta empresa neerlandesa fue contratada por Rockhopper y Navitas para realizar las operaciones concretas de perforación, extracción y almacenamiento del crudo en alta mar. Al mismo tiempo, participa en un proyecto vinculado con Vaca Muerta Oil Sur para construir grandes boyas destinadas a cargar petróleo en buques tanque frente a las costas de Río Negro.
Y aparece un cuarto nombre que vuelve todavía más incómoda la discusión: IRSA, la empresa vinculada al empresario Eduardo Elsztain, posee acciones en una compañía de las islas, Falkland Island Company, dedicada a actividades comerciales vinculadas con la producción ganadera y lanar. La inversión se remonta a 2017.
Ninguna de estas empresas, según los datos aportados, figura entre las señaladas por el Gobierno.
Elsztain y la pregunta que Milei todavía no responde
El caso de Eduardo Elsztain concentra buena parte de las críticas porque el empresario es presentado como un hombre cercano al Presidente y, al mismo tiempo, mantiene una participación accionaria en una compañía vinculada a la actividad económica de las islas.
De acuerdo con la información difundida en el programa periodístico de América TV, Elsztain posee alrededor del 2% de Falkland Island Company y habría intentado adquirir la totalidad de la compañía en 2017. La operación no prosperó.
La situación plantea una pregunta política difícil de esquivar: si el Gobierno sostiene que quienes hacen negocios en Malvinas deben ser sancionados, ¿por qué no aplica el mismo criterio frente a todos los empresarios y compañías involucrados?
La pregunta cobra especial dimensión porque el Gobierno ha amenazado con avanzar incluso contra personas físicas y jurídicas que participen de negocios relacionados con las islas.
La inconsistencia resulta evidente para quienes cuestionan la estrategia oficial: mientras se anuncian denuncias contra determinadas compañías, otras empresas vinculadas comercialmente con Malvinas continúan desarrollando actividades sin que el Ejecutivo las incluya en su ofensiva.
La soberanía no puede ser selectiva
El debate, en definitiva, excede el petróleo.
También están en juego la pesca, las comunicaciones, los servicios, las inversiones y las actividades comerciales desarrolladas en las islas. Si el argumento del Gobierno es que los recursos naturales de Malvinas pertenecen a la Argentina, resulta difícil sostener una política que condene determinadas actividades mientras mantiene silencio frente a otras similares.
Y allí aparece la contradicción central de la nueva política malvinera de Milei: el Gobierno pretende presentarse como defensor de la soberanía mientras sus propias decisiones parecen estar atravesadas por una vara diferente según quién sea la empresa involucrada y qué vínculos tenga con el poder.
El caso de Elsztain es particularmente sensible por su cercanía con el Presidente. También lo es el vínculo de Starlink con Elon Musk, uno de los empresarios internacionales más próximos a Milei.
La cuestión, por lo tanto, no es solamente qué empresas serán denunciadas. La verdadera pregunta es si el Gobierno está dispuesto a aplicar su supuesto criterio soberanista sin excepciones, incluso cuando los intereses económicos involucrados pertenecen a empresarios cercanos al poder.
Porque una política exterior seria no puede construirse sobre anuncios efectistas, supuestos descubrimientos de información que ya era pública ni sanciones selectivas.
Y si la bandera argentina es el argumento, la primera exigencia debería ser la coherencia.
Malvinas no puede convertirse en otro escenario donde el discurso oficial diga una cosa y los intereses concretos del poder terminen haciendo otra.
