El desarrollo del yacimiento petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, continúa avanzando bajo administración británica con la participación de las empresas Navitas Petroleum e Rockhopper Exploration, mientras arrecian las críticas hacia el gobierno de Javier Milei por lo que distintos especialistas y exfuncionarios califican como una respuesta diplomática insuficiente frente a la explotación de recursos naturales en territorio cuya soberanía reclama la Argentina.
La controversia volvió a cobrar fuerza tras la reacción considerada tardía de la Cancillería argentina frente a la incursión de un patrullero británico en aguas argentinas y la polémica generada durante la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, cuando se cuestionó la prohibición de manifestaciones vinculadas al reclamo por Malvinas, una decisión respaldada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Para diversos sectores políticos, el Gobierno exhibe un discurso de fuerte contenido patriótico mientras evita confrontar con los intereses económicos que avanzan sobre las islas.
Un yacimiento con reservas comparables a Vaca Muerta
En diciembre del año pasado, el gobierno colonial de las Islas Malvinas autorizó la explotación del yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 200 kilómetros de Puerto Argentino, sin autorización del Estado argentino.
El proyecto está controlado en un 65 % por la petrolera israelí Navitas Petroleum y en un 35 % por la británica Rockhopper Exploration. De acuerdo con estimaciones difundidas por especialistas, el área contendría un volumen de petróleo equivalente a al menos un tercio de las reservas que hoy produce Vaca Muerta, lo que la convierte en uno de los emprendimientos offshore más importantes del Atlántico Sur.
Pese a que la Ley 26.659 establece restricciones para las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional, la respuesta oficial se limitó a un comunicado de Cancillería emitido dos días después de la autorización británica y luego de reclamos formulados desde la Secretaría de Malvinas de Tierra del Fuego.
Una causa judicial que perdió impulso
El director del portal especializado Agenda Malvinas, Daniel Guzmán, recordó que la explotación petrolera en las islas ya había sido denunciada penalmente en 2015 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
En aquella causa, tramitada en el Juzgado Federal de Río Grande, la entonces jueza Lilian Herráez dispuso una multa superior a 156 millones de dólares y ordenó el secuestro de embarcaciones, plataformas y equipamiento, medidas que provocaron el retiro de varias compañías.
Sin embargo, Guzmán sostuvo que, tras la firma del acuerdo Foradori-Duncan durante el gobierno de Mauricio Macri, las administraciones posteriores no impulsaron nuevas acciones judiciales de relevancia para frenar el avance de las petroleras.
La ingeniería financiera detrás de Navitas
En los últimos días, Agenda Malvinas reveló además que los balances correspondientes a 2025 de Navitas muestran ganancias por 178,6 millones de dólares, aunque, según el medio especializado, ese resultado responde principalmente a un mecanismo contable vinculado a beneficios fiscales heredados.
La investigación sostiene que, al adquirir el proyecto a Harbour Energy, la empresa israelí recibió autorización del Reino Unido para utilizar pérdidas acumuladas por la firma británica como activos por impuestos diferidos, transformándolas en futuros créditos fiscales por aproximadamente 183 millones de dólares.
De acuerdo con esa interpretación, sin ese beneficio extraordinario la empresa habría registrado pérdidas cercanas a 4,4 millones de dólares, por lo que la rentabilidad del emprendimiento dependería en gran medida de la futura explotación petrolera en la plataforma continental argentina.
El vínculo entre Navitas y el Estado de Israel
Aunque el gobierno israelí sostiene que Navitas es una empresa privada y que sus operaciones no representan una política oficial del Estado, distintas voces cuestionan esa afirmación.
Uno de los casos señalados es el del vicepresidente de la compañía, Yacob “Koby” Katz, quien anteriormente ocupó el cargo de Director General del Ministerio de Infraestructura, Energía y Agua de Israel.
El exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, sostuvo que la relación entre la empresa y el Estado israelí es mucho más estrecha de lo que oficialmente se reconoce.
“Si el gobierno de Israel quisiera actuar, Navitas saldría de Malvinas”, afirmó Carmona, al considerar que la compañía mantiene importantes concesiones otorgadas por Israel para explotar hidrocarburos en el Mediterráneo.
El exfuncionario también cuestionó el alineamiento internacional del presidente Javier Milei con el gobierno de Benjamin Netanyahu y aseguró que “nunca hizo una gestión pública para evitar que Navitas siguiera apostando por Malvinas”.
Acusaciones de “desmalvinización”
Para Daniel Guzmán, resulta improbable que la administración libertaria impulse medidas de presión contra Navitas o el Reino Unido.
“No va a confrontar ni con Navitas ni con el Reino Unido porque eso implicaría enfrentarse con Israel”, sostuvo el especialista, quien además recordó el vínculo político del Gobierno argentino con ambos países y el viaje que Milei proyecta realizar al Reino Unido en los próximos meses.
Las críticas también alcanzan la estrategia diplomática del Ejecutivo. Carmona afirmó que “ninguna gestión ha sido tan desmalvinizadora” como la actual y cuestionó las declaraciones del Presidente al diario británico The Telegraph, donde Milei sostuvo que la recuperación de las islas dependería de la voluntad de sus habitantes.
Según el exsecretario de Malvinas, esas expresiones implican un apartamiento de la posición histórica sostenida por la diplomacia argentina desde 1833, basada en que la población implantada por el Reino Unido no constituye un sujeto con derecho a decidir sobre la soberanía del territorio.
Mientras tanto, el proyecto Sea Lion continúa avanzando hacia su etapa de explotación comercial, consolidándose como uno de los desarrollos petroleros más importantes del Atlántico Sur y reavivando el debate sobre la capacidad del Estado argentino para responder política, diplomática y judicialmente al avance británico sobre los recursos naturales de las Islas Malvinas.
