Marco Rubio y Stephen Miller encabezaron una cumbre en la que instaron a representantes de América Latina y Europa a perseguir al “terrorismo político de extrema izquierda”, mientras ocultan datos oficiales que señalan a la ultraderecha como la principal amenaza violenta en Estados Unidos. México, Brasil y Colombia rechazaron participar. Milei, fiel a su guion, reasignó miles de millones a la inteligencia argentina horas antes del encuentro.
Con un discurso inflamado que retrotrajo a los peores años de la Guerra Fría, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dio la bienvenida a representantes de unos 60 gobiernos para declarar abierta una nueva era en la doctrina de seguridad hemisférica: la caza internacional de la izquierda. El evento, que contó con la presencia de delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay —muchas de ellas vinculadas a organizaciones de extrema derecha—, además de enviados de Israel, Alemania, España e Italia, se convirtió en un acto de propaganda ideológica apenas disfrazado de cumbre antiterrorista.
“Por demasiado tiempo nuestra doctrina contra-terrorista ha tenido un punto ciego… la violencia extremista procedente de la izquierda política”, proclamó Rubio ante un auditorio cómplice, lamentando que señalar al terrorismo de izquierda como amenaza sea tratado “como un delirio de la derecha o, peor aún, como una peligrosa conspiración fascista”. La ironía de que un funcionario del gobierno más radicalizado de la historia reciente estadounidense acuse a otros de conspiracionismo pareció perderse en la sala.
Cifras inventadas y datos desaparecidos
El andamiaje retórico de Rubio se sostuvo sobre una afirmación tan contundente como indemostrable: que entre 1970 y 1980, el 93 por ciento de los atentados terroristas en Occidente provinieron de la extrema izquierda. El secretario de Estado no ofreció fuente alguna para respaldar la cifra. Lo que sí existe —o existía— es un informe oficial del propio Departamento de Justicia de Estados Unidos que concluyó que, desde 1990, los extremistas de derecha han cometido muchos más homicidios ideológicamente motivados que la extrema izquierda o los radicales islamistas. Ese informe fue discretamente retirado del sitio web del Departamento en septiembre del año pasado, en una operación de borrado que habla más de la naturaleza política de esta cruzada que cualquier discurso.
Incluso el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), difícilmente catalogable como bastión progresista, reconoce que la violencia de izquierda “sigue siendo muy inferior a los niveles históricos de la perpetrada por atacantes de derecha y yihadistas”, aunque señaló que en 2025 el terrorismo de extrema izquierda superó por primera vez en tres décadas al de la ultraderecha violenta.
Miller y la confesión de intenciones
Si Rubio puso la fachada diplomática, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y arquitecto de las políticas más draconianas del trumpismo, se encargó de desnudar las verdaderas intenciones del encuentro. Ante los delegados extranjeros, Miller dejó claro que la reunión no era un ejercicio de cooperación internacional, sino una búsqueda de complicidad para perseguir disidentes dentro de Estados Unidos.
“Por primera vez en la historia estadunidense, todas nuestras agencias de seguridad pública y de inteligencia trabajan juntas para irrumpir, identificar, retirar fondos… arrestar y fiscalizar a estos terroristas políticos que están operando en nuestro país”, declaró Miller, quien llegó al extremo de afirmar que los militantes de izquierda “nunca tienen buena pinta” porque su orientación política “les ha dejado cicatrices en el cuerpo” y “su aspecto exterior se convierte en una manifestación de su odio interior”. La declaración, que reduce la persecución política a una cuestión de fisonomía, no provocó rechazo alguno entre los asistentes.
Miller identificó como blanco principal a los grupos que se autodenominan “antifa”, una constelación informal y descentralizada de activistas antifascistas que la Casa Blanca designó como “organización terrorista doméstica” mediante una orden ejecutiva en septiembre pasado. El detalle incómodo —que no existe tal entidad organizada— no parece preocupar a la administración Trump, que ya en noviembre pasado designó a cuatro grupos europeos como organizaciones terroristas extranjeras y ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares por información sobre sus finanzas.
La nota discordante y los ausentes
En un evento diseñado para la unanimidad ideológica, apenas el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se sintió obligado a recordar que los ciudadanos estadounidenses tienen derechos constitucionales. “Debemos respetar la libertad de expresión, de asociación y de asamblea”, murmuró Bessent, antes de aclarar que el Tesoro actuaría “con base en la conducta ilegal sospechada, no por creencias o ideología”. La aclaración sonó a lo que era: un intento tardío y secundario de guardar las formas en una cumbre cuyo propósito explícito es precisamente criminalizar una ideología.
Las ausencias fueron tan elocuentes como las presencias. México, invitado formalmente, declinó participar, según confirmó un vocero del Departamento de Estado a La Jornada. Brasil y Colombia tampoco enviaron representantes. El nivel de las delegaciones presentes varió enormemente: mientras Argentina envió a su canciller Pablo Quirno —en línea con la adhesión incondicional de Javier Milei a la agenda trumpista—, España se limitó a dos consejeros de su embajada en Washington.
La Doctrina Monroe 2.0 y el dinero MAGA
La cumbre no fue un evento aislado, sino la pieza más visible de una estrategia de largo aliento. Días antes, el Departamento de Estado abrió una convocatoria de subvenciones de hasta tres millones de dólares para grupos europeos que comulguen con los ideales del movimiento MAGA y combatan la “censura” de sus gobiernos. La doctrina Monroe del siglo XXI, diseñada por Miller y el zar antiterrorista de Trump, Sebastián Gorka, incluye la injerencia en elecciones latinoamericanas, campañas conjuntas de persecución del narco e incluso intervenciones militares, como la que derivó en la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero.
La nueva Estrategia de Contraterrorismo de Estados Unidos, publicada en mayo, ya había desplazado al terrorismo islamista —eje de la política de seguridad desde el 11-S— para poner en el punto de mira a “grupos políticos seculares violentos cuya ideología es antiamericana, radicalmente pro-transgénero y anarquista”. La formulación, que equipara disidencia política con terrorismo y añade la identidad de género como criterio de sospecha, revela el verdadero alcance de la reingeniería ideológica en curso.
Caza de brujas con presupuesto
Según reveló The Washington Post, el Departamento de Estado envió a mediados de junio un cable a 20 embajadas —entre ellas las de Argentina, México, Italia y Albania— solicitando información sobre grupos y activistas de izquierda. La diputada argentina Myriam Bregman, del FIT-U, fue de las primeras voces en alertar públicamente sobre lo que calificó como una persecución internacional organizada por Trump.
La respuesta de Milei no se hizo esperar. Horas antes de la cumbre, el presidente argentino reasignó partidas presupuestarias que incluyeron 7.500 millones de pesos para gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). “No es una suma menor”, advirtieron fuentes conocedoras del organismo. La SIDE, que desde octubre pasado cuenta con un centro nacional antiterrorismo anunciado por Milei pero nunca puesto en marcha, parece haber encontrado ahora su verdadera razón de ser: servir de brazo operativo local para la cruzada de Washington.
El fantasma que necesita Trump
Todo este montaje llega en un momento político preciso. Trump, que ha convertido el fantasma del comunismo en su principal argumento de campaña de cara a las elecciones de noviembre, necesita un enemigo tangible tras el asesinato del líder juvenil MAGA Charlie Kirk, ocurrido en septiembre pasado. Aunque el presunto autor, Tyler Robinson —actualmente juzgado en Utah—, no tiene vínculos demostrados con ninguna célula de extrema izquierda, la narrativa ya estaba escrita antes de que se conocieran los hechos.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, intentó justificar esta semana la focalización en la izquierda argumentando que sus grupos son más “sofisticados” y que sus amenazas han sido “tradicionalmente menos atendidas”. La explicación no resiste el menor escrutinio frente a los datos del propio gobierno estadounidense, pero la coherencia factual nunca fue el objetivo de esta operación.
La nueva cacería de brujas está en marcha. Y como todas las que la precedieron, no busca proteger a nadie: busca silenciar a quienes estorban.
