La Justicia volvió a impulsar una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante la gestión del exintendente de Bariloche. La decisión se produjo días después de su incorporación a una institución nacional y de la ruptura de dos legisladores con el oficialismo provincial, lo que alimentó acusaciones de utilización política del sistema judicial.
Una publicación del portal de noticias “Realpolitik” da cuenta de que la reactivación de una causa judicial contra el exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, volvió a tensar el escenario político de Río Negro y generó fuertes cuestionamientos desde sectores opositores al gobierno provincial. La medida fue adoptada por el fiscal de Bariloche, Inti Isla, quien resolvió impulsar una denuncia presentada por el actual jefe comunal, Walter Cortés, por presuntas irregularidades en contrataciones directas de maquinaria vial realizadas en 2019.
El avance de la investigación se produjo pocos días después de dos hechos políticos que no pasaron desapercibidos: la incorporación de Gennuso a una fundación de medicina nuclear y radioterapia vinculada a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la salida de los legisladores Marcela Abdala y Daniel Sanguinetti del bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro (JSRN).
Desde el entorno del exintendente interpretan la decisión judicial como una represalia política. La sospecha se profundizó debido a que Gennuso venía manifestando diferencias con la conducción del gobernador Alberto Weretilneck y reclamando una mayor apertura al debate interno dentro del partido gobernante.
Una de las voces más contundentes fue la de la exgobernadora Arabela Carreras, actualmente alejada del oficialismo, quien denunció públicamente un clima de persecución hacia quienes expresan posiciones disidentes. “Todos sabemos que expresar disidencia significa persecución judicial. Siempre hay algún fiscal dispuesto a hacerlo”, afirmó en declaraciones radiales. También cuestionó el rol de medios de comunicación que, según sostuvo, mantienen vínculos cercanos con el gobierno provincial.
La disputa política
Gennuso ocupó hasta la semana pasada la Secretaría General de Juntos Somos Río Negro, siendo una de las principales figuras del partido detrás de Weretilneck, el vicegobernador Pedro Pesatti y la propia Carreras.
Las diferencias entre el exintendente y el gobernador se remontan al inicio de la actual gestión provincial. Según versiones políticas, Gennuso había sido considerado para encabezar el Ministerio de Gobierno en diciembre de 2023, aunque finalmente el cargo quedó en manos de Federico Lutz.
La reciente salida de Abdala y Sanguinetti del oficialismo profundizó las tensiones internas y redujo la cohesión legislativa del espacio gobernante. En Bariloche, distintos sectores interpretan que esos movimientos políticos habrían incrementado el malestar dentro de la conducción provincial.
La causa judicial
La denuncia impulsada por Cortés apunta a presuntas irregularidades en contrataciones directas de maquinaria vial realizadas durante la administración de Gennuso. Además del exintendente, la investigación alcanza al exsecretario de Obras Públicas, Carlos Cairo; al exsubsecretario Edgardo Garza; al exsecretario de Hacienda, Diego Quintana; y a la exdirectora de Políticas Tributarias, Lilian Baroni.
Uno de los aspectos que más cuestionan los allegados a Gennuso es la exclusión de Marcos Barberis, quien fue jefe de Gabinete durante gran parte de esa gestión y posteriormente se incorporó al gobierno provincial como secretario de Turismo.
La reactivación del expediente también ocurre en un contexto marcado por antecedentes como la causa Techo Digno, que investigó el manejo de fondos nacionales destinados a viviendas sociales. En varios de esos procesos, numerosos exfuncionarios resultaron absueltos tras el avance de los juicios.
Mientras tanto, el clima político en Río Negro comienza a calentarse de cara a las elecciones del próximo año. En ese escenario, la combinación de disputas internas, realineamientos partidarios y causas judiciales mantiene abiertas las sospechas sobre una posible utilización política de los procesos judiciales, una acusación que el oficialismo rechaza pero que gana espacio en el debate público provincial.
