El Tribunal de Cuentas de Catriel y el bloque legislativo Primero Río Negro presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal por supuestas irregularidades en contrataciones municipales con la firma Atlas. Solicitan investigar posibles delitos contra la administración pública, conflictos de intereses y eventuales perjuicios al patrimonio municipal.
El Tribunal de Cuentas de Catriel formalizó este 26 de mayo una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de Río Negro por presuntas irregularidades en compras realizadas por la Municipalidad a la firma Atlas, empresa que —según señalaron— estaría vinculada a una funcionaria municipal.
La presentación fue realizada en conjunto con el bloque Primero Río Negro, cuyos integrantes afirmaron que el caso reviste “una enorme gravedad institucional” y remarcaron que previamente habían advertido la situación al presidente del Concejo Deliberante “sin obtener respuesta alguna”.
“ Nuestra prioridad es exigir transparencia, defender la ética en la gestión y proteger el erario público que pertenece a todos los vecinos”, expresaron desde el Tribunal de Cuentas en una publicación difundida públicamente.
La denuncia ingresó formalmente al Poder Judicial el 26 de mayo de 2026 y fue acompañada por un expediente de 25 fojas “debidamente foliadas”, que contienen observaciones realizadas por el órgano de control y documentación probatoria reunida hasta el momento.
En el escrito dirigido al Ministerio Público Fiscal, firmado por Franco Ezequiel Rivero y Micaela del Valle Ormeño, se solicita que se investigue la posible comisión de delitos contra la administración pública vinculados a las contrataciones entre el municipio y la firma Atlas.
Además, el Tribunal de Cuentas pidió que se determine la eventual responsabilidad penal de la funcionaria mencionada, de los titulares “formales o reales” de la empresa contratista y de todos los funcionarios o agentes municipales que hayan intervenido en la autorización, tramitación o pago de las compras observadas.
Entre los puntos centrales del petitorio, también se solicita avanzar con medidas probatorias para esclarecer una posible “titularidad encubierta”, conflictos de intereses, incompatibilidades funcionales, beneficios económicos indebidos y eventuales perjuicios al patrimonio municipal.
El caso quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá definir si existen elementos suficientes para impulsar una investigación penal sobre las contrataciones denunciadas.
