Una investigación periodística reveló presuntas maniobras en la licitación impulsada por el Ministerio de Seguridad para otorgar la cobertura médica de casi 200.000 efectivos y familiares. Acusan cambios de precios, exclusión de datos clave y la adjudicación a una empresa con deudas millonarias con el Estado.
El Ministerio de Seguridad quedó envuelto en una fuerte polémica tras adjudicar la cobertura médica de la nueva Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) a la prepaga Medicus, en un proceso que, según reveló el periodista Tomás Méndez en Página/12, estuvo atravesado por inconsistencias administrativas, modificaciones de último momento y cuestionamientos legales.
La decisión fue celebrada públicamente por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien apenas una hora después de firmar la adjudicación apareció en televisión para anunciar lo que definió como una “gran noticia” para Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. En diálogo con Eduardo Feinmann, la funcionaria calificó a Medicus como un prestador “de alto nivel” y sostuvo que el cambio significaba un salto “reputacional” para las fuerzas federales.
Sin embargo, detrás de la puesta en escena oficial, el expediente EX-2026-28300658 expone una serie de maniobras que hoy despiertan sospechas sobre la transparencia del proceso licitatorio.
La OSFFESEG fue creada este año mediante el DNU 88/2026, en paralelo al vaciamiento y desguace de la IOSFA, la histórica obra social militar y de seguridad. El nuevo esquema abrió un negocio multimillonario: administrar la salud de un padrón inicial de 197.000 personas entre efectivos activos, retirados y familiares.
A la licitación se presentaron tres oferentes: Avalian, la UTE Sanos-Premedic y Medicus. Pero el foco de las críticas aparece en la evaluación económica y técnica de las propuestas.
Según la documentación original, la UTE Sanos-Premedic había ofertado una cápita de $125.200 por afiliado, mientras que Medicus presentó inicialmente una propuesta de $133.750. La diferencia favorecía claramente a la primera oferta. Sin embargo, el Ministerio convocó a Medicus a reformular su cotización, que luego descendió a $127.500.
Lo llamativo, según surge del dictamen evaluador, es que posteriormente ambas ofertas terminaron apareciendo con el mismo valor de $127.500 en la tabla comparativa oficial. De acuerdo a la investigación, la modificación sobre la propuesta de la UTE habría sido introducida para “encajar” en nuevos parámetros definidos por la Unidad Operativa de Contrataciones.
Aunque la diferencia aparente era de apenas $2.300 por afiliado, el impacto económico resulta enorme: multiplicado por casi 200.000 beneficiarios, implica más de 450 millones de pesos mensuales y varios millones de dólares al año.
Otro de los puntos cuestionados es la evaluación técnica vinculada a la cantidad de afiliados. Medicus recibió el puntaje máximo —20 puntos— por acreditar 236.898 socios. En cambio, la UTE Sanos-Premedic obtuvo cero puntos en ese rubro, pese a haber presentado documentación certificada por la Superintendencia de Servicios de Salud que acreditaba un padrón de 250.215 afiliados, incluso superior al de la empresa ganadora.
La omisión resultó decisiva: la diferencia total entre ambas ofertas fue de apenas nueve puntos y el ítem “cantidad de afiliados” aportaba hasta 20 unidades en la escala de evaluación.
Pese a las presentaciones formales realizadas por la UTE ante la Dirección de Compras y Contrataciones, la comisión evaluadora mantuvo el puntaje en cero y consolidó así la ventaja de Medicus.
Las críticas también apuntan a la situación financiera de la prepaga adjudicataria. Documentación de la Superintendencia de Servicios de Salud revela que Medicus mantiene múltiples deudas por multas firmes y consentidas, con certificados de deuda que superarían los 63 millones de pesos.
Entre los expedientes figuran sanciones por más de $27 millones y varias ejecuciones fiscales por montos superiores a los $5 millones cada una. Según el Decreto 1023/2001, que regula las contrataciones públicas nacionales, las empresas con deudas exigibles con el Estado no pueden ser adjudicatarias de contratos públicos.
A pesar de ello, la Comisión Evaluadora recomendó avanzar con la contratación, destacando la “capacidad económico-financiera” de la firma y otorgándole una puntuación total de 69,91 puntos.
El caso suma además un componente político sensible: la ministra Patricia Bullrich, principal referente del área de Seguridad, figura como afiliada histórica de Medicus, situación que también fue señalada en la investigación publicada por Página/12.
Mientras el Gobierno promociona la nueva cobertura como una modernización del sistema de salud para las fuerzas federales, la adjudicación ya quedó bajo sospecha por posibles irregularidades administrativas, favoritismo y violaciones a la normativa vigente.
